La fragilidad de la paz en la era nuclear y digital

Los cimientos de la humanidad fueron forjados por luchas territoriales que tiñeron con sangre las páginas de la historia. Estos conflictos obligaron a dedicar esfuerzos para preservar la paz mundial mediante la creación de organizaciones internacionales y la firma de acuerdos. Tales esfuerzos han demostrado ser insuficientes.

No somos plenamente conscientes de la vulnerabilidad que enfrenta la permanencia del mundo tal como lo conocemos. La existencia de conflictos armados, tensiones entre Estados y demostraciones excesivas de poder bélico, erosionan la eficacia del Principio de Destrucción Mutua, cuya contribución histórica ha sido determinante para contener la escalada de las hostilidades.

Se hace evidente la necesidad de abordar esta delicada situación desde una perspectiva diferente. Por tradición, el Derecho Internacional Humanitario ha sido tema de análisis reservado a diplomáticos, jefes de Estado, altos mandos militares y catedráticos. Este manejo del debate ha dejado fuera, tanto de la conversación, como de la toma de decisiones, a quienes en realidad sufren las consecuencias: la población civil, víctima principal de toda confrontación.

En la actualidad, algo tan habitual como una publicación en redes sociales, puede avivar tensiones. Esto debe llevarnos a reconocer la fragilidad del imperio de la paz, y motivarnos a exigir mayor prudencia a nuestros gobernantes. Si bien los combates suelen afectar de manera directa a los Estados involucrados, la interdependencia global, puede convertir cualquier disputa bilateral en un problema de impacto global.

La historia reciente muestra cómo la guerra entre Rusia y Ucrania hizo tambalear la economía mundial. Incluso, sin haber concluido, ya se suma la batalla comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos. A su vez, las fricciones entre China y Taiwán no pueden ser inobservadas, mientras el conflicto en Gaza polariza a la comunidad internacional en dos bandos.

En la práctica, el Derecho Internacional Humanitario —como ocurre en varios ámbitos del Derecho Internacional Público— presenta una efectividad cuestionable

El Derecho Internacional prevé escenarios en los que se reconoce la posibilidad de recurrir a la guerra como medio para resolver conflagraciones. Para enfrentar esta realidad, surge el Derecho Internacional Humanitario, cuyo propósito es establecer condiciones mínimas que regulen el desarrollo de las confrontaciones: delimitar los ataques, restringir el uso excesivo de la fuerza y, sobre todo, minimizar el sufrimiento de quienes no participan en ellas.

Esta realidad es contemplada por el Ius In Bello o Derecho en la Guerra, el cual no hace consideraciones sobre la legitimidad del conflicto ni la responsabilidad de las partes, ya que en Derecho existe el riesgo de encontrar argumentos con aparente validez jurídica para cada bando, -aún así, hago un llamado a la objetividad para diferenciar entre las “verdades” de cada parte, y los hechos.

Bajo los principios básicos de esta rama del derecho se encuentran, entre otros, el de proporcionalidad, que prohíbe ataques cuyos daños a la población civil superen la ventaja militar prevista; el de necesidad militar, que prevé que los ataques sean exclusivamente para debilitar la capacidad militar del adversario; y el de humanidad, que condena el uso de métodos de combate que causen sufrimientos innecesarios. A estos se suma el principio de distinción, que obliga a diferenciar siempre entre combatientes y civiles, así como entre objetivos militares y bienes de carácter civil.

En conjunto, estos principios buscan limitar los efectos de la guerra. Por ejemplo, no tendría justificación jurídica un ataque con bomba a una escuela, o a un hospital, del mismo modo, sería inexcusable derrumbar el único puente que conecta a una comunidad, solo para destruir un camión cargado de armamento. Como se observa en la práctica, estas reglas, lejos de aplicarse, son abiertamente inobservadas.

Es importante resaltar la diferencia entre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, ya que, incluso compartiendo numerosas similitudes, el primero solo encuentra aplicación en los conflictos armados, y protege exclusivamente a las personas que no forman parte de las hostilidades. Las contiendas bélicas presuponen escenarios donde los derechos humanos, pese a estar vigentes, no pueden ser garantizados a plenitud, esto es algo que algunos gobernantes, a sabiendas, deciden sacrificar.

En la práctica, el Derecho Internacional Humanitario —como ocurre en varios ámbitos del Derecho Internacional Público— presenta una efectividad cuestionable. Esto se debe a que implica una cesión de poder soberano que solo sería posible mediante el compromiso real de los gobernantes o la imposición de una autoridad superior, la cual no existe. De ahí la urgencia de sensibilizar a los Estados sobre su importancia, robustecer su marco legal y establecer sanciones efectivas frente a su inobservancia. La cuestión es: ¿quién está en capacidad de asumir esa tarea?

No somos plenamente conscientes de la vulnerabilidad que enfrenta la permanencia del mundo tal como lo conocemos

La sociedad civil debe instruirse sobre el Derecho Internacional Humanitario, exigir a sus gobiernos un compromiso real. Esta no es solo una tarea de los ciudadanos de países con tradición bélica: todos estamos expuestos a sufrir las consecuencias de un conflicto armado, aún sin apoyarlo ni participar en este.

Posiblemente esta situación no podrá ser controlada por completo. Sin embargo, en un mundo donde la amenaza se agudiza con la evolución de la tecnología nuclear, actores emergentes y la volatilidad con la que una simple publicación en redes puede escalar tensiones, se impone la necesidad de fijar posturas. No podemos esperar pasivamente ni dejar la toma de decisiones solo en manos de quienes gobiernan. Debemos permanecer vigilantes y exigir prudencia.