La deuda pública ¿error de cálculo?

Históricamente, el endeudamiento del gobierno, como representante del Estado, ha sido objeto de debate, tanto a nivel externo como interno, al igual que la composición de dicha deuda.

La deuda del Estado se compone de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) y la deuda del Banco Central, esta última denominada déficit cuasifiscal. Aunque formalmente es una deuda del Banco Central, la ciudadanía termina cubriéndola mediante los aportes que realiza vía impuestos al presupuesto público.

La deuda cuasifiscal del Banco Central, que entre el año 2000 y 2019 promedió 6,621 millones de dólares por año, alcanzó un promedio de 15,961 millones de dólares en el periodo 2020-2023, lo que representa 2.4 veces más que en el periodo anterior.

El presidente Luis Abinader ha declarado recientemente que, en comparación con gestiones anteriores, su gobierno ha disminuido la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), pasando de un 49.7 % a un 46.9 %. También ha afirmado que el 80 % de los recursos que se han tomado prestados en su gestión se han destinado a pagar deudas viejas de esas administraciones anteriores.

Sin embargo, estas declaraciones requieren un análisis crítico:

La Base de Cálculo del PIB: Se toma como referencia el crecimiento económico del año 2020. Como es bien sabido, por razones de la COVID-19, ese año no debería utilizarse como base de comparación, pues el PIB disminuyó considerablemente. Al cruzar la cifra de ese año con los posteriores, se produce un "rebote" estadístico que genera una sobreestimación de la tasa de crecimiento del PIB. Aunque no es un error de cálculo per se, sí distorsiona la percepción real de la reducción porcentual de la deuda.

El presidente ha retado a la oposición al señalar que el 80 % del endeudamiento de su gobierno es para pagar deuda previa. No obstante, las propias estadísticas públicas (Ministerio de Hacienda, Banco Central) desmienten esta afirmación. Corroborando con el economista Ariel Jiménez, de los cerca de 40,000 millones de dólares que ha tomado prestado la actual gestión de gobierno, el 50 % ha sido para cubrir el déficit público y el 46 % para el pago de deuda vieja.

Aún más, según informaciones proporcionadas por el economista Daniel Toribio, que se pueden corroborar con las estadísticas del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público, del monto total de financiamiento con préstamos que ha recibido el gobierno, solo el 25.6 % de los 2.2 billones de pesos se ha destinado al pago de pasivos previos al año 2020.

En términos de distribución de los recursos públicos, incluyendo la parte prestada para el financiamiento del gobierno, el 74 % de los recursos recibidos por la actual administración se ha destinado a gastos corrientes, cubrir déficits fiscales y subsidios. Esto deja un margen limitado para la realización de obras de infraestructura y de carácter productivo.

En resumen, el nivel de endeudamiento acelerado impulsado por el actual gobierno se ha dirigido a cubrir déficits, y no a desarrollar nuevas obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social.

Por el contrario, el proceso de endeudamiento acelerado está cubriendo el aumento indetenible del gasto corriente, una necesidad que tiene la actual gestión para cumplir compromisos de las recientes elecciones con grupos de aliados y, a su vez, aumentar la burocracia estatal.

En consecuencia, la nómina pública es cada vez mayor, pasando de alrededor de 500,000 empleados en el año 2012 a 738,000 en el año 2024. Para el año 2024, los sueldos pagados vía nómina pública representaban el 67 % del presupuesto nacional.