La condena antes de la sentencia (2 de 3)

La lucha contra la corrupción se consolidó como una exigencia democrática: proteger los recursos públicos, contener la impunidad y obligar al poder a rendir cuentas. Pero una causa legítima puede degradarse cuando se convierte en arma para condenar moralmente al adversario y concentra la culpa en el funcionario, dejando fuera de foco a los intereses privados que inducen, facilitan o capitalizan la operación.

En la República Dominicana, la denuncia de la corrupción adquirió durante décadas una legitimidad social indiscutible. La sociedad civil, los medios de comunicación y organizaciones como Participación Ciudadana ayudaron a colocarla en el centro del debate público. Sin embargo, la causa comenzó también a operar como instrumento de legitimación partidaria: unos se presentaron como depositarios de la decencia, mientras gobiernos, partidos y funcionarios quedaban asociados a una culpabilidad colectiva.

Al mismo tiempo, permaneció en penumbra una parte esencial de la economía política de la corrupción. Junto al agente público que desvía o negocia indebidamente una decisión suele encontrarse quien la induce, la compra o recibe su beneficio desde el ámbito privado. Mientras el funcionario queda expuesto, el beneficiario privado y la riqueza acumulada pueden sobrevivir al escándalo y adquirir, con el tiempo, apariencia de respetabilidad.

1. Una causa democrática necesaria

La corrupción administrativa acompaña al Estado dominicano desde sus primeros tiempos. Desde el siglo XIX, el país conoció el uso patrimonial del poder, las concesiones privilegiadas y otras prácticas que favorecieron acumulaciones difíciles de separar de la debilidad institucional. Bajo Trujillo, la fusión entre poder político y enriquecimiento alcanzó dimensiones extremas; con Balaguer, la imagen de los «trescientos millonarios» y su célebre afirmación —«la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho»— condensaron una época en que el crecimiento de fortunas al calor del Estado convivía con la pretensión de exonerar al vértice del poder. El proceso contra Salvador Jorge Blanco, a finales de los años ochenta, llevó finalmente esa preocupación histórica al terreno de la rendición de cuentas.

A partir de entonces, la preocupación por la corrupción adquirió mayor densidad institucional. Organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, académicos y movimientos ciudadanos contribuyeron a convertirla en un asunto central de la vida democrática. Participación Ciudadana fue una de las expresiones más valiosas de ese proceso: sostuvo la vigilancia pública, la exigencia de transparencia y la defensa de reglas electorales e institucionales más confiables.

Nada de esto obliga a idealizar a la sociedad civil ni a desconocer que algunos de sus actores pudieron responder a intereses determinados, profesionalizar la militancia o depender de financiamientos externos. Pero esas reservas no borran su aporte. La lucha contra la corrupción fue —y sigue siendo— una necesidad democrática real. Precisamente por eso resulta grave que una causa legítima haya sido concebida de manera parcial y utilizada como instrumento de superioridad moral y acumulación política. Allí comenzó a incubarse una paradoja inquietante: la corrupción de la lucha contra la corrupción.

2. La otra mitad de la corrupción

Hay un vacío persistente en la concepción dominante de la lucha contra la corrupción: su tendencia a presentar el fenómeno casi exclusivamente como una desviación del funcionario público. Se identifica a quien firma, autoriza, desvía o negocia indebidamente una decisión estatal, pero no siempre se sigue con igual rigor la ruta del beneficio hasta quien la compra, la induce o la capitaliza desde el ámbito privado.

Sor Juana Inés de la Cruz formuló en Hombres necios que acusáis, aunque en otro contexto, una interrogación que conserva intacta su fuerza:

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Trasladada a la corrupción, la interrogante de Sor Juana revela su carácter relacional. No basta mirar a quien vende o utiliza indebidamente una decisión pública; es preciso mirar también a quien la compra, la induce, la facilita o conserva su beneficio. En buena parte de las prácticas corruptas vinculadas al Estado convergen poder público e interés privado: alguien concede ilícitamente una ventaja, pero alguien obtiene el contrato, la concesión, la exención, el privilegio o la renta resultante.

Esto no significa que todo servidor público sea corrupto ni que toda riqueza privada tenga origen dudoso. La administración dominicana ha contado y cuenta con una mayoría de personas probas; muchas empresas y fortunas también han sido construidas mediante trabajo, innovación, riesgo y prácticas honestas.

Pero esa reserva no debe ocultar la otra realidad. En la República Dominicana, como en muchos países, no pocas fortunas se beneficiaron de contratos privilegiados, sobrevaluaciones, concesiones ventajosas, exenciones selectivas, tráfico de influencias o acceso desigual al poder. El funcionario puede caer y cargar para siempre con el estigma; la empresa favorecida, la propiedad adquirida y el patrimonio acumulado pueden sobrevivir, reproducirse y ser blanqueados socialmente por el tiempo.

Una lucha contra la corrupción que se detiene en el agente público combate solo una parte del fenómeno. Su economía política obliga a seguir el beneficio hasta el final: quién propició la decisión, quién recibió la mayor tajada y quién logró convertirla, con los años, en riqueza respetable.

3. La moralización del adversario

La corrupción posee una capacidad de deslegitimación que pocas acusaciones políticas alcanzan. A un gobierno puede reprochársele ineficiencia, improvisación o desacierto; pero cuando se lo identifica con la corrupción, el cuestionamiento deja de recaer únicamente sobre su gestión. Se pone en duda su condición moral para ejercer el poder.

La competencia política se transforma entonces en una confrontación entre categorías éticas aparentemente irreconciliables. De un lado quedan «los corruptos», asociados al abuso, el enriquecimiento y la impunidad; del otro, quienes se presentan como depositarios de la honradez y agentes de una regeneración nacional. La alternancia deja de ofrecerse como un cambio ordinario de gobierno y comienza a anunciarse como una restauración de la decencia pública.

En el conocido pasaje evangélico de la mujer acusada, Jesús enfrenta a quienes se disponían a lapidarla con una advertencia que atraviesa los siglos: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La enseñanza no niega la falta ni sustituye a la justicia. Cuestiona, más bien, la pretensión de convertir la acusación ajena en certificado automático de pureza propia.

Ese riesgo aparece cuando las responsabilidades individuales se extienden sobre partidos completos, administraciones enteras y toda persona vinculada al poder cuestionado. La sospecha pierde nombre y apellido y se convierte en identidad política. Haber pertenecido al gobierno anterior comienza a funcionar, por sí mismo, como indicio moral. También aquí opera, en escala colectiva, la inversión práctica de la carga de la prueba: un sector entero queda obligado a demostrar que no forma parte de una estructura esencialmente corrompida.

La lucha contra la corrupción empieza así a apartarse de su finalidad original. En vez de esclarecer hechos e individualizar responsabilidades, puede convertirse en una herramienta para repartir certificados de decencia y culpabilidad, acumular legitimidad y excluir moralmente al adversario. En la República Dominicana, esa transformación maduró durante años hasta alcanzar, en el ciclo político-electoral de 2020, su expresión más descarnada.

Epílogo

La lucha contra la corrupción conserva su legitimidad cuando esclarece hechos, individualiza responsabilidades y sigue el beneficio hasta su destino final. Se degrada cuando concentra toda la culpa en el funcionario, deja intacto al beneficiario privado y convierte la denuncia en certificado de superioridad moral.

Ese desvío no vuelve imaginaria la corrupción ni inocentes a quienes hayan delinquido. Revela algo más inquietante: una causa justa puede ser utilizada para proteger silencios, legitimar fortunas y expulsar políticamente al adversario antes de que la justicia haya hablado.

La piedra ya estaba en el aire.