La Ciudad Colonial y su restauración

Nací en esta ciudad antigua y primera del Nuevo Mundo, y la he recorrido de punta a punta desde la niñez, por sus murallas fatigadas y sus calles angostas donde el tiempo camina despacio.
La he caminado como se camina una casa grande: sabiendo dónde cruje el piso, dónde entra el sol a media tarde y dónde se guarda el silencio. Siempre he estado atento a su presente y a su destino, porque hay ciudades que no se abandonan nunca, aunque se las deje solas.

He leído un artículo reciente del amigo de los años setenta Narciso Isa Conde, y ese texto —incómodo y necesario— me ha empujado a volver sobre la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1992.

En aquellos años trabajé con César Miquel, del PNUD, en detalles vinculados a la visita al país del director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. No era una época de consignas fáciles; era un tiempo en que el país se preguntaba, con seriedad, qué hacer con su propio origen.

Hay ciudades que no envejecen: las envejecen. No es lo mismo. Un edificio antiguo puede durar siglos si lo sostienen la costumbre, la mirada y el paso diario de quienes lo habitan. Pero cuando una ciudad histórica es tratada como mercancía, su vejez deja de ser un honor y se convierte en estrategia: se le desgastan las esquinas para que parezca “recuperable”, se le sube el precio al aire, se le cambia la gente como se cambia el mobiliario y, al final, se le pide que sonría para la foto.

La Ciudad Colonial de Santo Domingo vive esa paradoja: es patrimonio de la humanidad y, sin embargo, se ha ido quedando sin humanidad propia.

Muchos creen que el proyecto de rescate comenzó en 2013, cuando el Estado dominicano, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, anunció la restauración de calles, fachadas e infraestructuras con cifras redondas y promesas solemnes.

Pero la idea madre es anterior y, sobre todo, distinta. El gran proyecto fue concebido en 1993–1994, en un diálogo de alto vuelo entre el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y Enrique Iglesias, entonces presidente del BID.
Ese origen importa, porque revela que el punto de partida no era convertir la Ciudad Colonial en una zona de consumo, sino rescatarla como lo que siempre fue: un corazón urbano con memoria viva, un cuerpo de piedra y cal que solo respira si respiran sus vecinos.

En los primeros años de los noventa, cuando aún se sentía el eco del Quinto Centenario y el país debatía, con pasión y culpa, qué hacer con su propio nacimiento, la Ciudad Colonial no era solo un atractivo turístico: era un dilema moral. ¿Cómo conservar un centro histórico sin congelarlo? ¿Cómo restaurar sin maquillar? ¿Cómo atraer visitantes sin expulsar residentes?

Allí estaba el acento humanista del proyecto original: primero la habitabilidad; luego el turismo. Primero la dignidad del tejido social; luego la rentabilidad. Lo demás era traición.

La Ciudad Colonial, vista desde adentro, no es una postal. Es un sistema nervioso. Son las familias que han vivido décadas detrás de un portal con reja; los niños que aprendieron el mapa de la patria con el mapa mínimo de sus esquinas; los colmados que dan crédito porque conocen el apellido; los artesanos y libreros que, aunque desaparezcan, dejan el olor de la tinta.

Cuando se habla de “puesta en valor” sin hablar de esa vida, se está hablando de otra cosa: de la ciudad como vitrina, no como hogar.

Entre 1994 y 2020 los trabajos comenzaron, aunque sin aceleración ni continuidad plena. El BID tenía siempre como referencia la restauración de Quito, un caso exitoso, y llegó incluso a proponer la creación de un consorcio institucional para evitar la dispersión de competencias.

Fue importante una reunión con el presidente Hipólito Mejía en 2003, donde se planteó la necessita de crear un Distrito Especial para la gobernanza de la Ciudad Colonial. La idea era clara: sin autoridad integrada, no hay ciudad histórica que sobreviva.

A partir de 2011 y 2013, el Programa de Fomento al Turismo – Ciudad Colonial de Santo Domingo, impulsado por el Ministerio de Turismo y financiado por el BID, fue presentado con un objetivo explícito: incrementar ingreso y empleo generados por el turismo, diversificando la oferta y apuntando a segmentos de alto gasto.

La frase es técnica, pero su música es inequívoca: la ciudad empieza a medirse por lo que produce para el mercado, no por lo que garantiza a su gente.

Hubo intervenciones necesarias y bienvenidas: soterrado parcial de cables, reparación de aceras, restauración de fachadas, rescate de algunos espacios públicos.

Pero el proyecto terminó siendo parcial y concentrado. La promesa era de un rescate integral; el resultado se pareció más a un eje de vitrinas, con calles presentables y periferias postergadas.

El Conde —que es más que una calle, es una memoria colectiva— siguió sufriendo el abandono que denuncian quienes lo recorren con ojos de residente y no de turista. El deterioro no era solo material; era moral. Basura improvisada, malos olores, comercio caótico, ruido nocturno que no distingue descanso de espectáculo.

La ciudad histórica empezó a ser tratada como patio trasero de la economía informal y, al mismo tiempo, como escenario para la economía del ocio. Dos extremos que se alimentan: el abandono prepara la excusa; la excusa legitima la intervención; la intervención sube el precio; el precio expulsa al vecino.

Con el cambio político de 2020, el ritmo de las obras se aceleró y la ejecución luce, en muchos casos, más disciplinada. Pero el dilema de fondo no cambió; se afinó.

El modelo turístico-empresarial importado, con su estética de catálogo y su obsesión por la circulación controlada, sigue intacto. Y la especulación inmobiliaria encontró el terreno perfecto: alto valor simbólico, demanda creciente de alquileres de corta estancia y un Estado que suele medir el éxito por número de visitantes y no por permanencia de comunidades.

La paradoja se ve en el suelo. Se proclama la supremacía del peatón, pero las calles quedan tan vulnerables que cualquier motor invade y amenaza. Se nivelan aceras y calzadas, y se confía la frontera a bolardos frágiles o esferas metálicas, como si el urbanismo fuera decoración y no reglas, fiscalización y cultura vial.

Se elimina el estacionamiento incluso para cargas mínimas en un tejido donde conviven casas, restaurantes, colmados, talleres y provisiones. El resultado es una fricción constante: quien vive contra quien consume, quien descansa contra quien acelera, quien recuerda contra quien celebra.

Hay detalles que parecen menores y son decisivos. La escasa arborización en clima caribeño no es un problema estético; es un problema de salud urbana. El exceso de cemento convierte la ciudad en plancha. Los drenajes vulnerables anticipan inundaciones.

El soterrado incompleto del cableado es una promesa repetida que ya nadie cree. Y la iluminación “de estilo antiguo” suele ser apenas un maquillaje nostálgico que disfraza la ausencia de espíritu.

Pero la herida mayor es social. La Ciudad Colonial puede soportar una acera mal diseñada; no puede soportar perder a su gente. Cuando el alquiler sube y la vivienda se convierte en inversión, el residente pasa a ser estorbo. Se le empuja con multas, con restricciones, con ruido, con noches interminables. Se le dice, sin decirlo, que su vida cotidiana no cabe en el nuevo relato.

Y entonces ocurre lo irreversible: la memoria se muda. Quedan las piedras; se van los nombres. Quedan las fachadas; se va la conversación. Queda la experiencia turística; se va la ciudad real. Por eso conviene volver al origen de 1993–1994. No para idealizar, sino para medir el extravío.

El proyecto concebido por López Rodríguez y Enrique Iglesias tenía en su núcleo una idea de civilización: conservar para educar, restaurar para habitar, abrir para integrar. La ciudad como gran museo, sí, pero un museo vivo, donde el visitante aprende porque el residente existe.

Un museo que explique la conquista, el exterminio indígena, la esclavitud, la colonia, las tiranías, la independencia, la anexión, la restauración, la Revolución de Abril, la guerra patria de 1965 y el peso de la invasión. Nada de eso se enseña con bares. Nada de eso se protege con discotecas.

El propio BID ha reconocido en documentos recientes que la revitalización debe incluir mejora de la habitabilidad, desarrollo de economías locales y fortalecimiento de la gestión. Esa formulación abre una puerta: la de corregir el rumbo.

Porque la Ciudad Colonial necesita gobernanza real, no solo obra física. Reglas claras de uso del suelo, control efectivo del ruido, políticas de vivienda que eviten el desplazamiento, movilidad racional, logística urbana y, sobre todo, una ética pública que entienda que el patrimonio es un bien común, no un botín.

La Ciudad Colonial vale más que el oro de la isla. El oro se mide y se vende; la memoria no. Una ciudad puede reconstruirse en planos, pero no se reconstruye el pulso de quienes la hicieron habitable.
Si termina convertida en circuito de jolgorios y consumo banal, el país habrá perdido su aula más antigua, su espejo más complejo, su relato más profundo.

El rescate verdadero no consiste en adoquinar. Consiste en devolverle al lugar su razón de ser. El turismo puede ser aliado si se somete a la ciudad; se vuelve enemigo cuando la ciudad se somete al turismo.

La pregunta es simple y por eso es cruel: ¿para quién se restaura? Si se restaura para que el dominicano vuelva a caminar El Conde con orgullo y tranquilidad, si se restaura para que el residente no huya, si se restaura para que la historia se enseñe sin falsificación, el proyecto vuelve a su origen. Si se restaura para convertir la ciudad en alquiler por noche, la obra quedará bonita y la ciudad quedará vacía.

A veces, para salvar una ciudad hay que salvar primero una palabra. “Revitalizar” no es desalojar. “Puesta en valor” no es puesta en venta. “Patrimonio” no es escenario. Lo que está en juego no es el color de un farol ni el ancho de una acera, sino el derecho de la memoria a seguir viviendo en el mismo lugar donde nació.

Y si el país quiere honrar de verdad aquella conversación de 1993–1994 —la del cardenal que entendió la ciudad como comunidad y la del presidente del BID que vio el patrimonio como desarrollo de largo plazo— tendrá que resistirse al aplauso fácil de la obra visible y apostar por la restauración invisible, que es la única duradera: la restauración del tejido humano