La ciberseguridad como habilitador de confianza digital

La reciente alianza entre Indotel y la Policía Nacional para modernizar la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología representa más que una inversión en equipamiento forense: constituye un reconocimiento institucional de que la seguridad digital es prerrequisito fundamental para la transformación tecnológica que el país aspira lograr.

En el ecosistema digital contemporáneo, la confianza opera como moneda de cambio invisible. Sin ella, las inversiones en conectividad, los programas de alfabetización digital y las iniciativas de gobierno electrónico encuentran un techo natural en la reticencia ciudadana a participar plenamente en espacios donde perciben vulnerabilidad. Los datos de Tabuga Intelligence revelaron en 2025, que más del 35% de la población dominicana evita realizar transacciones en línea, no por falta de acceso, sino por desconfianza en la seguridad del entorno digital. Esta brecha de confianza representa un obstáculo tan significativo como la brecha de infraestructura.

El fortalecimiento de capacidades forenses para investigar ciberdelitos aborda una dimensión frecuentemente subestimada: la percepción de impunidad. Cuando los ciudadanos observan que los delitos tecnológicos pueden ser investigados y procesados efectivamente, su disposición a participar en la economía digital aumenta proporcionalmente. La descentralización de estas capacidades más allá del Distrito Nacional resulta particularmente relevante, considerando que provincias como Elías Piña y Pedernales han permanecido históricamente al margen de los beneficios de la digitalización precisamente por la ausencia de infraestructura institucional que respalde la seguridad de sus transacciones digitales.

El programa "Soy Digital" y las becas STEM complementan esta arquitectura de confianza desde otro ángulo igualmente crítico. La alfabetización digital no consiste únicamente en enseñar a utilizar herramientas tecnológicas; implica desarrollar capacidades de discernimiento que permitan a los ciudadanos identificar riesgos, proteger su información personal y participar de manera informada en espacios digitales. Los casi 5,000 graduados de este programa representan multiplicadores potenciales de estas competencias en sus comunidades, siempre que existan mecanismos efectivos para vincularlos con el tejido productivo local.

No obstante, la efectividad de estas iniciativas dependerá de factores que trascienden la adquisición de tecnología. La coordinación institucional representa el primer desafío significativo. Como hemos señalado consistentemente en análisis previos sobre el posicionamiento del país en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, la fragmentación de esfuerzos entre instituciones gubernamentales ha limitado históricamente el impacto de las inversiones tecnológicas.

Sin protocolos claros de colaboración entre Indotel, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras entidades relevantes, las capacidades forenses avanzadas podrían convertirse en islas de excelencia desconectadas de un sistema de justicia que aún opera con limitaciones estructurales.

La actualización del marco legislativo de telecomunicaciones, mencionada como parte de la agenda de Indotel, adquiere relevancia particular en este contexto. El país enfrenta el desafío de desarrollar regulaciones que no nazcan obsoletas ante la velocidad del cambio tecnológico. La protección de datos personales, actualmente limitada al sector financiero bajo la Ley 172-13, requiere extensión hacia otros sectores de la economía digital. Las tecnologías biométricas, como el dispositivo Orb de Worldcoin que ya opera en el país, plantean interrogantes regulatorias que el marco actual no está equipado para responder adecuadamente.

La inversión de RD$300 millones en infraestructura de seguridad penitenciaria señala un compromiso con la soberanía tecnológica que merece reconocimiento, aunque también ilustra una realidad incómoda: una porción importante de los recursos destinados a tecnología en el país se orienta hacia contención de amenazas más que hacia habilitación de oportunidades. El equilibrio entre seguridad y desarrollo innovador constituye una tensión que cualquier estrategia nacional de ciberseguridad debe navegar conscientemente.

Existe además un riesgo que hemos identificado como el fenómeno de "Los Invisibles": profesionales tecnológicos formados con recursos públicos que terminan trabajando remotamente para mercados extranjeros, desconectados del encadenamiento productivo nacional y de los sistemas fiscales locales. Sin estrategias deliberadas de retención que vinculen a los graduados de programas como "Soy Digital" con las MIPYMES y empresas nacionales, la inversión pública en formación tecnológica podría terminar subsidiando fuerza laboral para economías que compiten con la nuestra.

La generación de estadísticas públicas sobre ciberdelitos representa otra dimensión crítica frecuentemente ignorada. Actualmente, las autoridades operan sin datos precisos sobre la prevalencia y evolución de estas amenazas, lo que dificulta la asignación eficiente de recursos y la evaluación del impacto de las inversiones realizadas. Un sistema robusto de medición no solo informaría mejores políticas públicas, sino que también contribuiría a la transparencia que fundamenta la confianza ciudadana en las instituciones.

El momento actual presenta una oportunidad singular. República Dominicana se posiciona como "adoptante" en el panorama regional de inteligencia artificial, con bases incipientes pero reales sobre las cuales construir. La ciberseguridad efectiva puede convertirse en diferenciador competitivo para atraer inversión extranjera en servicios digitales y tecnológicos, sectores donde el país ha mostrado potencial significativo a través de sus zonas francas y su posición geográfica estratégica.

La verdadera prueba de esta iniciativa no será la adquisición de tecnología forense de última generación, sino la capacidad de integrar estas herramientas en un ecosistema institucional que genere resultados tangibles para los ciudadanos. La ciberseguridad como habilitador de confianza digital solo cumple su propósito cuando los dominicanos perciben que sus interacciones en línea están protegidas por un Estado capaz y comprometido con su bienestar en el espacio digital.

El camino hacia el liderazgo tecnológico regional no será fácil ni rápido, pero es necesario. Si no abordamos las deficiencias en gobernanza, coordinación institucional y retención de talento con la seriedad que requieren, corremos el riesgo de ser meros espectadores en una transformación digital que otros países de la región están aprovechando para reconfigurar sus economías y sociedades. La colaboración es una necesidad imperativa para nuestro futuro digital.