Justos reclamos

Por increíble que suene, los jueces y servidores judiciales han convocado un paro nacional de sus funciones y labores para el próximo jueves 21 de mayo, en vista de que los esfuerzos del diálogo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces no han llegado a acuerdos que permitan cumplir con los reclamos que realizan los magistrados.

Realmente el paro convocado, conociendo un poco el intríngulis de la judicatura, es el último recurso que se han visto en necesidad de agotar y que probablemente sea el primero de varios paros si el Consejo del Poder Judicial no atiende mínimamente los puntos reclamados, que se resumen en: ajuste salarial, completar plazas vacantes, mayor apoyo al personal y el cumplimiento de las reglas de la carrera judicial, la cual está estancada a juicio de algunos.

El paro convocado no debe sorprender, ya que son muchos años que los jueces y servidores judiciales llevan reclamando mejores condiciones de trabajo, sin que ninguna de las gestiones del Consejo del Poder Judicial les haya dado la debida respuesta.

De hecho, las movidas de esta gestión de mayor exposición al Poder Judicial con campañas de comunicación agresivas, así como congresos y conferencias nacionales e internacionales, al tiempo de implementar un sistema de justicia digital que supuso la creación y permanencia del innecesario "Centro de Contacto" y los gastos que implica su mantenimiento, son motivos que permiten caldear más los ánimos de los jueces convocantes ya que, evidentemente, la ejecución del presupuesto por parte del Poder Judicial permite claramente ver las prioridades de la administración judicial, no estando en el panorama los reclamos de los magistrados.

También es que ha pasado demasiado tiempo con las mismas carencias no atendidas y que hoy la situación está peor, pues la inflación se está comiendo los ingresos de todos, hay más presión en los jueces por la política de mora cero y con ello, mayor carga de trabajo con los mismos recursos disponibles.

Hace ya una década, escribí en esta columna un artículo titulado "La justicia enferma", del cual rescato lo siguiente:

"Los tribunales están sobrecargados de expedientes, no hay suficientes jueces ni abogados ayudantes para agilizar los fallos. Y este exceso de trabajo conjugado con la presión de dictar decisiones al vapor incide negativamente en la calidad jurídica de las sentencias. Encima de esto, los bajos salarios de los servidores judiciales y las precarias condiciones de algunos tribunales de la República agudizan la enfermedad de la justicia.

El sistema judicial no está dando las respuestas que la sociedad espera. El descontento social con los tribunales es palpable. La gente e incluso los mismos operadores desconfían del sistema, lo cual pone en peligro la estabilidad social. Esta desconfianza aumenta cuando se trata de la justicia penal, la cual demuestra que es férrea contra los más desfavorecidos y débil contra los poderosos."

Este panorama, en términos generales, no ha cambiado mucho desde que escribí esas líneas. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a la modernización del sistema de justicia respecto a su digitalización; pero las condiciones de trabajo de los jueces, sus ingresos y sus aspiraciones en cuanto a la formalidad e institucionalidad del escalafón judicial siguen siendo asuntos pendientes, como vemos en lo reclamado actualmente.

Como abogados, entender y atender el reclamo de los jueces es prudente y es lo justo. No podemos esperar una justicia más fuerte, más independiente, más institucionalizada, más ágil y con decisiones jurídicas de mejor calidad, mientras persistan las condiciones actuales en las que trabajan la mayoría de los jueces y servidores judiciales.

Ojalá sean atendidos los justos reclamos de los jueces.