Un peso fuerte no llena la canasta

La inflación que siente la familia dominicana no vive en un gráfico del Banco Central. Vive en la mesa: en el pollo, el plátano, el pasaje, la electricidad y el galón de combustible.

En julio de 2026, la inflación interanual alcanzó 5.47 %, por encima del techo de la meta oficial, mientras los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 6.75 %. La canasta familiar promedio pasó de RD$48,734 en enero a RD$49,613 en julio. Frente a julio de 2025, una familia necesita alrededor de RD$2,572 adicionales cada mes para adquirir los mismos bienes y servicios: RD$30,864 en términos anuales, más de un salario mínimo mensual para buena parte de los trabajadores.

Mientras los precios internacionales de los alimentos mostraban una evolución más moderada, en el país seguían pesando los costos importados y las debilidades de la producción, el transporte y la comercialización. No se trata únicamente de un exceso de demanda ni de un problema que pueda corregirse exclusivamente mediante la política monetaria o la apreciación cambiaria.

La Ley 1-12, que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, ordenó construir una economía productiva y competitiva, con energía confiable, cadenas agropecuarias eficientes, mejor inserción internacional y sostenibilidad fiscal. Estamos a cuatro años de 2030 y, en esas áreas, buena parte de la hoja de ruta permanece incumplida o aplicada a medias.

El primer eslabón es el petróleo. La República Dominicana no produce crudo y depende de la importación de sus derivados. Entre enero y junio de 2026, esas compras alcanzaron US$1,804.8 millones, unos US$414.5 millones más que durante el mismo período de 2025: un aumento de 29.8 %.

El Gobierno ha respondido combinando aumentos internos con subsidios semanales que, en algunos períodos, han superado los RD$1,300 millones. En lo que va de 2026, los subsidios a los combustibles ya rebasan los RD$27,000 millones.

Cada incremento del gasoil se incorpora al flete del plátano, a la cadena de frío del pollo, al costo de preparar la tierra y al transporte de los trabajadores. El petróleo no es un componente más del índice de precios: es un multiplicador que recorre prácticamente toda la economía.

La Estrategia Nacional de Desarrollo ordenó avanzar hacia una energía más eficiente, una matriz más limpia y el aprovechamiento de biocombustibles nacionales. Catorce años después, las mezclas significativas de etanol y biodiésel previstas en la Ley 57-07 siguen pendientes. Tenemos caña, pero importamos combustibles.

Al mismo tiempo, el subsidio eléctrico acumulado entre enero y mediados de agosto rondaba los RD$78,800 millones. Las pérdidas de las empresas distribuidoras se acercan al 39 % y, en Edeeste, rondan el 56 %. El Estado cubre con recursos presupuestarios lo que no ha podido corregir en las redes, la gestión comercial y el cobro.

Focalizar los subsidios no es un detalle técnico. Un beneficio que alcanza por igual al propietario de varios vehículos y a la familia que apenas puede pagar el transporte resulta regresivo e insostenible. Congelar el galón para todos puede aliviar temporalmente la presión social, pero resta recursos al riego, las semillas, los caminos vecinales y la investigación. Bonoluz, Bonogás, el transporte colectivo y los pequeños productores deberían estar en el centro de la protección pública.

El segundo eslabón es el campo. El objetivo específico 3.5.3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo ordena elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las cadenas agropecuarias, garantizar la seguridad alimentaria y aprovechar el potencial exportador.

El sector agropecuario aporta cerca del 5.6 % del producto interno bruto y alrededor del 9 % del empleo, pero su crecimiento ha quedado rezagado. Las importaciones agropecuarias han aumentado significativamente y se estima que alrededor del 60 % de los cereales consumidos en el país proviene del exterior.

Cuando aumenta la energía o se altera el mercado mundial de fertilizantes, el productor siembra menos, cosecha menos o vende más caro. Congelar o subsidiar temporalmente los insumos puede aliviar una emergencia, pero no sustituye una política de suelos, financiamiento, tecnología y productividad. La inflación alimentaria comienza en la parcela, no en el supermercado.

A esa fragilidad se agrega el clima. Entre mayo y julio de 2026, el país atravesó uno de los períodos más secos de los últimos años. En junio, el déficit de lluvias superó el 50 % respecto de la media histórica y comenzó a afectar la agricultura de secano, los caudales y el abastecimiento de agua. Sin agua suficiente no hay riego, leche ni hortalizas. Sin un seguro agrícola amplio, cada sequía o tormenta se convierte primero en una ruina para el productor y luego en precios más altos para el consumidor.

También existe una realidad laboral que el debate suele eludir. Una política migratoria necesaria debe coordinarse con los ciclos productivos. Los operativos sin planificación laboral pueden dejar cosechas sin recoger, reducir la oferta y elevar los precios. Orden migratorio y seguridad alimentaria no son objetivos incompatibles.

El mango demuestra cuánto puede costar el debilitamiento institucional. En julio de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos, APHIS, suspendió temporalmente el programa de preinspección que permitía exportarlo a ese mercado, debido a incumplimientos en el control de la mosca del Caribe que habían sido advertidos desde 2023.

La suspensión se produjo cuando ya se había exportado gran parte de la temporada, lo que limitó el daño inmediato, pero puso en riesgo las próximas cosechas. Peravia concentra unos 830 productores y 80,000 tareas dedicadas al cultivo. Ninguna apreciación del peso compensa la pérdida de un mercado por incumplimientos sanitarios: no fue el mercado, sino el descuido institucional, el que apagó el interruptor.

Mientras tanto, el Banco Central atribuye la apreciación del peso —cercana al 8 % durante 2026, con el dólar por debajo de RD$60— al turismo, las remesas, la inversión extranjera y las exportaciones. Esos flujos existen y son importantes, pero también deben considerarse las entradas de capital procedentes del endeudamiento externo.

En febrero, el Gobierno colocó US$2,750 millones en bonos soberanos. Durante el primer semestre de 2026, la deuda del Sector Público No Financiero aumentó en US$5,820.8 millones —un récord para un primer semestre—, hasta alcanzar aproximadamente US$67,370.7 millones. En apenas seis meses, el endeudamiento creció 9.5 %, la mayor expansión semestral registrada.

Las emisiones externas aumentan la disponibilidad de divisas y, en la medida en que una parte de esos recursos se convierte en pesos para financiar el presupuesto, contribuyen —junto con el turismo, las remesas, la inversión y las exportaciones— a la apreciación de la moneda.

Un peso fuerte abarata el petróleo, el trigo, los fertilizantes y la maquinaria, y ha evitado que la inflación sea mayor. Pero también comprime los márgenes del exportador que cobra en dólares y paga salarios, electricidad e impuestos en pesos. Presentar la apreciación como un diploma de competitividad, sin ponderar cuánto descansa también en entradas de capital y endeudamiento, es contar solo una parte de la historia. Dólares de deuda no son dólares de productividad.

La apreciación tiene, además, un costo distributivo: cada dólar remitido desde Nueva York, Madrid o Boston se convierte en menos pesos. Aunque una moneda fuerte puede abaratar importaciones, ese beneficio no siempre compensa la reducción nominal que experimentan los hogares receptores de remesas, cuando los alimentos, el alquiler y los servicios continúan aumentando. Las remesas no son solo un dato de la balanza de pagos: son el colchón de cientos de miles de familias.

Desde el 24 de julio se añadió otro desafío: un arancel estadounidense de 12.5 % a numerosos productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a Honduras. Aunque existen exclusiones y tratamientos especiales, una parte de nuestra oferta queda en desventaja frente a un competidor del DR-CAFTA. En actividades con márgenes estrechos, 2.5 puntos porcentuales pueden decidir dónde se coloca una orden de compra.

La política monetaria puede anclar expectativas, pero no puede sembrar habichuelas, construir sistemas de riego, revisar trampas contra plagas ni negociar aranceles en Washington. Pedirle al peso que sustituya las políticas agrícola, energética, fiscal y comercial es exigirle a un instrumento monetario que realice el trabajo de varias instituciones.

Bajar de verdad el costo de vivir no es solamente tener un dólar a RD$59. Es producir más alimentos por tarea, reducir las pérdidas eléctricas, focalizar los subsidios, invertir en riego, semillas y sanidad, proteger nuestros mercados de exportación y utilizar la deuda para crear capacidad productiva.

Un peso fuerte puede moderar algunos precios, pero no llena por sí solo la canasta. Para lograrlo hay que retomar la Estrategia Nacional de Desarrollo y convertir sus mandatos, por fin, en producción, institucionalidad y bienestar.