Jet Set: justicia sin olvido

El pasado miércoles 8 de abril se cumplió un año del colapso de la discoteca Jet Set. Doce meses bastan, no solo para medir el paso del tiempo, sino para evaluar la capacidad de una sociedad de enfrentar sus tragedias, con justicia o con olvido administrado.

Porque el olvido, en estos contextos, rara vez es abrupto. No ocurre de un día para otro. Se instala de manera progresiva, en la dispersión de la atención, en la pérdida de urgencia y, sobre todo, en el riesgo de que el proceso judicial, aun cuando avance, termine diluyendo la memoria que le dio origen.

Conviene reconocer que el proceso penal en curso ha seguido, hasta ahora, cauces de prudencia institucional. Se han respetado los derechos de las víctimas, de los querellantes y actores civiles, así como las garantías procesales de los imputados. La formalización de las participaciones y el resguardo del debido proceso no son obstáculos; son condiciones indispensables de legitimidad.

Pero precisamente por eso, el desafío es mayor.

La memoria, en el ámbito jurídico, no es un gesto simbólico, es un deber. Las víctimas no son cifras ni expedientes. Son titulares de derechos cuya exigibilidad no se extingue con el paso del tiempo. Y el proceso penal no puede convertirse —ni siquiera de forma involuntaria— en un espacio donde esa memoria pierda fuerza o se vuelva secundaria.

El riesgo no está hoy en la precipitación ni en la vulneración de garantías. Está en otro lugar: en que la complejidad procesal, aun bien aplicada, termine absorbiendo el sentido del proceso. Que la técnica desplace a la verdad. Que el tiempo erosione la exigencia.

Por eso es necesario insistir en que el proceso no es un fin en sí mismo. Su finalidad es la reconstrucción de la verdad y la determinación de responsabilidades. Individualizar conductas, establecer niveles de responsabilidad —penal y civil— y valorar la prueba con rigor no es una aspiración abstracta, sino una obligación concreta.

Sin linchamientos. Pero también sin diluciones.

La legitimidad de la decisión que surja dependerá de ese equilibrio. Garantías plenas, sí; pero también una respuesta efectiva. Una respuesta que, a la luz de los hechos, deberá examinar con seriedad la existencia de negligencias e imprudencias graves, si así lo revela la prueba, como en efecto ocurre.

Sin embargo, la justicia no se agota en las responsabilidades individuales. Esta tragedia ha puesto en evidencia fallas estructurales, tales como debilidades en los sistemas de supervisión, controles administrativos insuficientes y vacíos normativos que limitan la capacidad de prevenir y sancionar. Si el proceso no proyecta sus efectos hacia esas dimensiones —si no impulsa correcciones institucionales, reformas y mecanismos eficaces de control— la respuesta será inevitablemente incompleta.

El mayor peligro, un año después, no es la inacción abierta. Es la normalización progresiva. Que todo parezca estar en curso, pero que, en realidad, la memoria pierda densidad y el caso deje de interpelar a la sociedad.

Eso también es una forma de olvido.

La justicia no puede ser ni precipitada ni interminable. Entre el respeto al debido proceso y la eficacia de la decisión no hay contradicción, sino una exigencia de coherencia. Cuando el proceso se prolonga sin sentido o se vuelve autorreferencial, deja de servir a la verdad que está llamado a reconstruir.

Este caso debe ser, pues, un ejercicio de verdad, de responsabilidad y de aprendizaje institucional.

Pero para ello es imprescindible que la memoria —que es su punto de partida y su razón de ser— no se diluya, ni se desgaste, ni termine subordinada a la propia dinámica del proceso. Que no se ahogue en él.