Inversiones estratégicas

El proceso de capitalización de la CDEEE en 1999, generó un modelo de mercado que, en su concepción, parecía equilibrar la oferta y la demanda mediante dos mecanismos principales: contratos a largo plazo y un mercado de costo marginal, conocido como mercado spot. La idea era que los contratos, resultado de licitaciones internacionales, aseguraran una base estable de generación, mientras que el mercado spot fomentaría la competencia entre generadores, ordenados por costo de producción, desde el más barato hasta el más caro. El precio en este mercado, determinado por la última planta despachable, establecía el valor que recibirían todas las plantas, incentivando la inversión en nuevas capacidades para mejorar la posición en la competencia y garantizar la expansión del sistema eléctrico. Las primeras plantas despachadas tienen la posibilidad de vender más energía y obtener mayores ingresos, promoviendo así un ciclo de inversión y expansión.

No obstante, la realidad mostró una desconexión con esta visión idealista. La experiencia en la República Dominicana evidenció que, entre 2003 y 2012, las inversiones en nuevas plantas fueron escasas, incluso inexistentes en ciertos períodos. La capacidad instalada en 2003 era de 3,340 MW, y en 2012 alcanzó los 3,550 MW, lo que significa que en nueve años solo se añadieron 210 MW de capacidad. Este dato revela que el modelo no logró incentivar la inversión necesaria para sostener el crecimiento y la estabilidad del sistema.

La visión de un sistema eléctrico autosuficiente y diversificado requiere de un liderazgo estatal firme, que actúe en un marco de regulación adecuada y sistemas de incentivos diseñados para promover la inversión privada en un entorno transparente y competitivo. La clave radica en la capacidad del Estado para crear un ambiente donde la inversión fluya con confianza, donde las reglas sean claras y las oportunidades visibles para todos los actores del mercado.

La falta de inversión en nuevas capacidades de generación, en un escenario donde la demanda eléctrica crece de manera constante, conduce inevitablemente a la escasez o a una oferta precaria en horas pico, además de la obsolescencia del parque generador, lo que encarece el precio de la energía y afecta a los consumidores.

En situaciones como la descrita, el Estado debe tomar la iniciativa de estimular la inversión mediante licitaciones internacionales para la contratación de nuevas plantas de generación, asegurando así un crecimiento sostenido y una mayor estabilidad en el suministro energético.

Sin embargo, tras la construcción de la planta de AES Andrés y su terminal de gas inaugurada en 2003, solo se realizó una licitación lanzada por el Estado. Fue la licitación de Punta Catalina en 2013, que generó controversias y escándalos sonoros, además de un incremento en el endeudamiento estatal para completar un proyecto inicialmente presupuestado en 1,945 millones de dólares, que terminó costando 3,278 millones, según una auditoría reciente de la Cámara de Cuentas. La construcción también se retrasó seis años en lugar de los tres previstos, con retrasos y sobrecostos que ocurrieron sin que existiera una guerra ni una crisis internacional que justificara tales anomalías, evidenciando fallas en la gestión y planificación.

Desde 2020, el nuevo gobierno, con una visión renovada, logró recuperar la confianza del sector privado para invertir en energia. En efecto, en 2021 inició un programa de licitaciones transparentes, además de relanzar proyectos de energía renovable, incluyendo la publicación de los precios de compra de energía a proyectos solares y eólicos, ajustados a las condiciones particulares de cada región del país. Este enfoque ha permitido una expansión sin precedentes en la inversión en el sector eléctrico, consolidándose como un pilar principal de la inversión extranjera directa en la economía dominicana.

Entre 2017 y 2020, la inversión promedio en energía eléctrica fue de 176.9 millones de dólares, mientras que en 2021 aumentó a 278.2 millones, en 2022 alcanzó los 749 millones, en 2023 llegó a 1,071.1 millones y en 2024 se situó en 1,140.5 millones, reflejando un volumen récord en la historia de la República Dominicana. Este crecimiento evidencia una recuperación sólida y una confianza renovada en el potencial del sector energético, que se traduce en beneficios económicos y sociales para el país.