Inteligencia pública, reforma del Estado y democracia

En un artículo anterior argumenté que uno de los principales déficits de la democracia dominicana es su dimensión deliberativa. Una esfera pública estrecha y una cultura política autoritaria han debilitado históricamente la capacidad de debatir con rigor y de traducir ese debate en decisiones colectivas. Estudios del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) han mostrado que esta realidad se vive como una democracia reducida a sumisión a la autoridad constituida: la política se experimenta como servicio y las demandas de mayor democracia quedan excluidas del sistema político, relegadas al dominio de lo social y privadas de potencia transformadora[1].

A este déficit histórico se suma otro: la debilidad estructural de la burocracia del Estado dominicano. Con frecuencia se usa “burocracia” como sinónimo de opacidad o ineficiencia. Sin embargo, en el sentido weberiano, la burocracia profesional es el cuerpo de todo Estado moderno: el conjunto de reglas, procedimientos y cuerpos técnicos que permiten implementar las decisiones políticas con transparencia, consistencia y eficacia. Lo que en la práctica experimentamos como ineficiencia es, en realidad, la fragilidad de esa burocracia frente al exceso de discrecionalidad política. El resultado es una administración pública que no logra diferenciar con claridad su función técnica-operativa de la función política de definición de fines.

Esto implica dos consecuencias interconectadas: una ciudadanía que percibe al Estado como arbitrario y poco confiable, y una esfera pública debilitada, sin apoyos institucionales suficientes para sostener debates informados y traducirlos en decisiones legítimas. Desde un enfoque sistémico, puede decirse que el acoplamiento entre el sistema político (definición de fines), el subsistema burocrático (implementación técnica) y la red ciudadana (entorno activo que presiona y controla) se encuentra distorsionado. Reformar el Estado y profesionalizar la administración pública son, por tanto, pasos imprescindibles para ampliar la esfera pública, fortalecer la confianza y dar sustento a la deliberación democrática. La legitimidad del sistema político no se genera solo en las urnas, sino también en la experiencia cotidiana de un Estado que funciona con reglas claras, procedimientos confiables y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.

El derecho a la inteligencia pública

La inteligencia artificial introduce una nueva capa de complejidad en este panorama. Si las redes sociales ya desafiaron a las democracias consolidadas en la última década, la IA multiplica esos retos: desde los deep fakes hasta la automatización del trabajo y la opacidad algorítmica, cuestiona no solo la viabilidad de las instituciones actuales, sino incluso la definición de lo humano. Los riesgos no son teóricos: sistemas de vigilancia masiva, algoritmos que refuerzan sesgos y discriminaciones, decisiones automatizadas que desplazan el juicio humano en ámbitos sensibles como la justicia o la salud, o la captura de la infraestructura digital por corporaciones privadas que convierten la información en mercancía. Una democracia frágil corre el peligro de que la IA se convierta en instrumento de control social en lugar de un bien público.

De ahí la importancia de pensar la IA no solo como tecnología, sino como factor de producción, con capacidad de debilitar o potenciar las instituciones democráticas. En este contexto cobra relevancia el planteamiento del derecho a la inteligencia pública como un bien común. Se trata de anclar la reforma del Estado en infraestructura digital pública potenciada por IA, capaz de transparentar procesos, anticipar necesidades sociales y empoderar a la ciudadanía en el control del poder. Una inteligencia pública no sustituye la deliberación ni el juicio político, pero sí fortalece la capacidad de la administración para cumplir sus funciones con eficiencia y en coherencia con el principio constitucional supremo de la República Dominicana: el respeto a la dignidad humana.

La propuesta ya se trabaja alrededor del globo, tanto en proyectos nacionales de países como Estonia o España, como en el contexto de la Unión Europea o el Foro Económico Mundial. En República Dominicana, no contamos aún con una visión de Estado que asuma esto. Por el contrario, a pesar de contar con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, los esfuerzos desde el Estado son dispersos y carentes de coherencia. El tema sí está siendo tratado con seriedad en el país desde lo privado por el Centre for Public Intelligence (CPI), cuyo fundador, Jean García Periche, plantea la necesidad de desplegar infraestructura digital pública como herramienta de desarrollo y en el marco de una reforma más amplia del Estado.

Reforma del Estado y despliegue de inteligencia pública digital

La reforma del Estado no es solo reorganizar ministerios ni modernizar trámites —aunque ambas cosas sean necesarias—. Supone reconfigurar el acoplamiento entre política, burocracia y ciudadanía. La política, como sistema de definición de fines, debe orientarse por la deliberación democrática; la burocracia, como subsistema técnico, debe ejecutar esas decisiones con profesionalismo y previsibilidad; y la inteligencia pública debe servir como capa de infraestructura que conecta ambos planos, generando transparencia, eficiencia y capacidad de aprendizaje[2]. Este acoplamiento no se rediseña de manera voluntarista, pero puede orientarse y fortalecerse mediante instituciones, normas y tecnologías públicas que amplíen los márgenes de acción ciudadana.

Ejemplos concretos del despliegue de infraestructura digital pública ya se están discutiendo o aplicando en otros países y podrían adaptarse a la realidad dominicana: un sistema único de historia clínica digital que permita a cualquier ciudadano acceder a sus datos de salud en cualquier hospital; plataformas de interoperabilidad tributaria y aduanera que reduzcan la discrecionalidad y aumenten la transparencia en la recaudación; sistemas de inteligencia territorial que integren catastros, registros de propiedad y datos ambientales para guiar decisiones urbanísticas y de uso del suelo; y asistentes digitales de atención ciudadana, capaces de orientar trámites, detectar cuellos de botella y anticipar necesidades sociales.

Implementados como infraestructura pública, estos sistemas no serían simples “apps” al servicio de una institución aislada, sino plataformas interoperables que integrarían datos de distintas agencias estatales. De esta forma, además de agilizar trámites, generarían información valiosa para identificar cuellos de botella, anticipar la demanda de servicios y diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad ciudadana.

Un horizonte de dignidad y confianza

La democracia dominicana enfrenta un doble desafío. Por un lado, la precariedad deliberativa: una esfera pública estrecha, capturada por la desinformación, la estridencia y la falta de espacios para debatir con rigor sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Por otro, la debilidad de un Estado que no logra distinguir con claridad entre la función política de definir fines y la función técnica de implementarlos, lo que erosiona la confianza ciudadana y reduce la política a un ejercicio de imposición o cálculo.

Estos déficits no son problemas aislados, sino fenómenos interdependientes. Sin una administración confiable, transparente y profesional, la esfera pública se vacía de sustancia y la deliberación pierde capacidad de transformar razones en decisiones legítimas. Y sin una deliberación democrática sólida, el Estado carece de la brújula necesaria para orientar sus funciones técnicas hacia fines compartidos, dejando espacio a discursos iliberales o proyectos populistas.

El derecho a la inteligencia pública se plantea como uno de varios dispositivos para articular ambas dimensiones en el contexto de la revolución digital que atravesamos: reforzar la deliberación democrática y profesionalizar la burocracia, sujetando la revolución digital al control normativo de lo público. Así, la IA, en lugar de convertirse en instrumento de manipulación o captura privada, puede transformarse en infraestructura común que amplíe la transparencia, potencie la capacidad administrativa y fortalezca la confianza ciudadana.

La verdadera reforma democrática no se limita, por tanto, a elecciones periódicas ni a modernización de trámites. Exige ensanchar la esfera pública, profesionalizar la administración y gobernar la tecnología como bien común. Solo así el “nosotros” político —hoy fragmentado entre cámaras de eco, arbitrariedades burocráticas y desigualdades estructurales— podrá recuperar la capacidad de deliberar sobre fines colectivos y transformar esa deliberación en acción pública. Ese es el horizonte que debemos construir: una democracia que no solo elige, sino que piensa, decide y administra con dignidad, libertad y justicia.

En esta línea se pueden articular tres ejes de reforma indispensables:

1. Desplegar infraestructura digital pública con IA. Bases de datos interoperables, asistentes digitales de atención ciudadana y plataformas de gobierno abierto pueden aumentar la eficacia administrativa, democratizar el acceso a la información y reducir las asimetrías entre Estado y ciudadanía; esto implicaría una fuerte inversión en educación, investigación y desarrollo, así como crear un ecosistema de inversión pública, inversión privada e incentivos específicos.
2. Fortalecer la dimensión deliberativa de la democracia. La política debe recuperar su función de definir fines, no limitarse a gestionar indicadores. Para ello se requieren instituciones abiertas a la crítica y una esfera pública ampliada donde la ciudadanía pueda influir en la definición de prioridades colectivas.
3. Profesionalizar y blindar la administración pública. El servicio civil debe estar protegido del vaivén electoral y de la discrecionalidad política. Un Estado moderno requiere servidores públicos con estabilidad, reglas claras y capacidades técnicas que operen dentro de marcos normativos firmes.

[1] Ver: Morel, C., Melgen, L., y Muñiz, A. (2016). Narrativas sobre a democracia dominicana del siglo 21. ISD, Fundación Friedrich Ebert; y Muñiz, A., Melgen, L., Morel, C. y Balbuena, A. (2017). Imaginar el futuro. Ciudadanía y democracia en la cultura política dominicana. ISD, Fundación Friedrich Ebert.

[2] Desde el enfoque sistémico, la burocracia se entiende como un subsistema técnico-administrativo, diferenciado del sistema político encargado de definir fines colectivos. La ciudadanía, más que un sistema en sí misma, funciona como entorno activo que presiona, alimenta y condiciona al sistema político a través de la esfera pública. El acoplamiento entre estos tres niveles —política, burocracia y ciudadanía— no es absoluto ni voluntarista: es un proceso contingente, moldeado por normas, instituciones y tecnologías. Hablar de inteligencia pública como infraestructura común supone, por tanto, un intento de orientar ese acoplamiento hacia mayor transparencia, profesionalismo y control ciudadano, sin perder de vista que siempre se trata de una construcción histórica y situada.