Cuando uno conversa en confianza con personas de cuarenta, cincuenta años o más en barrios populares, estremece la proporción sumamente alta de experiencias de abusos sexuales en la infancia. Muchas nunca lo habían nombrado así. Lo dicen con frases breves, casi resignadas: “eso era común”, “a muchas nos pasó”. Aparecen relatos repetidos de niñas enviadas a hacer limpiezas en casas ajenas, expuestas a situaciones que nadie quiso ver ni escuchar. El silencio fue la norma.
Las historias actuales dialogan inquietante con ese pasado.
A., abusada a los once años en su callejon por un vecino mayor en silla de ruedas.
B., madre a los quince, en una relación entre menores que nadie sabe acompañar.
C., abusada desde la niñez por su padrasro; logró romper con una violencia sostenida cuando entendió que una estructur podía respaldarla.
D., atrapada durante años en un silencio tan pesado que terminó atentando contra sí misma en repetidas ocasiones.
E., embarazada a los 15 por un chico mayor; perdio “milagrosamente” el embarazo.
Estos ejemplos son de actualidad y salen de un microscomo. No se trata de hechos aislados ni de excepciones trágicas. Existe una continuidad, una transmisión intergeneracional de la desprotección. Las niñas de hoy crecen en contextos donde muchas de sus madres y abuelas también fueron vulneradas, sin apoyo, sin palabras, sin instituciones que intervinieran a tiempo.
La República Dominicana cuenta con una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Sobre el papel, el marco jurídico existe. En la vida cotidiana, la realidad es más compleja. El caso reciente de San Francisco de Macorís, que provocó indignación durante algunos días, es apenas una fisura visible en un tejido social que sigue tolerando prácticas que afectan profundamente a las niñas y adolescentes.
En muchos entornos, lo ocurrido en la niñez quedó integrado a la normalidad familiar. No se denunció. Se relativizó. Se convirtió en un secreto compartido. El mensaje implícito fue claro: lo mejor era callar y seguir.
Es cierto que estas situaciones se dan con mayor frecuencia en contextos de pobreza, hacinamiento y violencia intrafamiliar. Pero reducirlo todo a la pobreza es insuficiente en un país donde prevalece una doble moral a todos los niveles sociales. Lo que se reproduce es una estructura de vulnerabilidad: ausencia de educación sexual integral, dependencia económica, instituciones débiles y una red de creencias que sigue asignando a las niñas un lugar subordinado.
Persisten ideas muy antiguas: salir temprano del hogar, encontrar protección en una relación, asumir la maternidad como destino o salida. No se trata de genética ni de rasgos culturales inmutables. Es una herencia social construida a lo largo de siglos de dominación y desigualdad, sostenida hoy por la falta de políticas educativas y de protección eficaces.
El hecho de que tantas personas adultas reconozcan hoy haber vivido situaciones similares y que los patrones se repitan en nuevas generaciones obliga a una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que este ciclo no se rompa? La respuesta no está en la moral individual, sino en las decisiones colectivas. Romper esta continuidad implica mucho más que promulgar leyes: exige educación integral, acompañamiento real, instituciones que protejan antes de que el daño sea irreversible y una voluntad social de nombrar lo que durante décadas se quiso ocultar.
Mientras sigamos tratando estas historias como episodios aislados, la herencia del silencio seguirá pesando. Y serán, una vez más, las niñas quienes carguen con sus consecuencias.
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