¿Qué ocurre cuando una persona descubre que el Estado ha utilizado su identidad y sus datos personales sin solicitud, autorización ni notificación previa?
La pregunta no surge de una conjetura política, sino de hechos verificables en los registros oficiales. Al revisar la información disponible en plataformas gubernamentales, y luego de escuchar varias alertas nacionales e internacionales, constaté que figuro afiliada al Seguro Nacional de Salud (SENASA), específicamente en el régimen subsidiado, pese a contar con un seguro médico privado vigente.
La situación no se limita a un caso individual. En los mismos registros aparecen personas extranjeras y otras sin residencia en el país ni vínculo con el sistema público de salud, algunas con coberturas privadas o internacionales, que verifiqué personalmente. Estos hallazgos confirman que el problema no es personal ni aislado, sino estructural, asociado a la gestión de datos y padrones administrativos que afectan a amplios sectores de la ciudadanía.
La política social solo cumple su propósito cuando se ejerce con precisión, rigor y respeto por la dignidad de las personas, garantizando una asignación justa de los recursos públicos.
Un Estado moderno no puede operar así. La transparencia, la trazabilidad de la información y el respeto al uso de la identidad son pilares de la legitimidad institucional.
El punto central es cómo el Estado administra y utiliza los datos personales y la identidad ciudadana sin información clara ni autorización expresa, y cómo, a partir de esos registros, se realizan asignaciones que, en muchos casos, no llegan ni benefician a las personas a cuyo nombre figuran. Estas prácticas impactan directamente en la confianza pública y en la legitimidad de la acción estatal.
La normativa dominicana establece que el régimen subsidiado está dirigido a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, identificadas mediante instrumentos oficiales de focalización social. No es un régimen universal ni automático; su aplicación exige validación periódica y actualización constante de la información.
Cuando personas que no cumplen estos criterios aparecen registradas, se evidencia una debilidad en los mecanismos de cruce, depuración y control de datos, más allá de las denuncias por presuntas irregularidades administrativas presentadas por el Ministerio Público. Lo que queda en evidencia son fallas de seguridad y la supervisión que requieren revisión técnica y fortalecimiento institucional.
Esta situación no es exclusiva del ámbito de la salud. En 2024 también figuré como beneficiaria de los bonos navideños, un programa para hogares en situación de vulnerabilidad o de bajos ingresos. Posteriormente, las entidades responsables alegaron fallas en la plataforma, sin ofrecer información pública detallada que permitiera identificar con claridad a los 3 millones de personas beneficiarias que fueron anunciadas.
Cuando una misma persona aparece registrada en más de un programa sin solicitud ni verificación efectiva, se emite una alerta por un patrón que amerita una evaluación gubernamental, debido a su impacto en la equidad y en la focalización del gasto social.
El aspecto más delicado no es solo el monto de los beneficios ni los programas específicos. Levanto la mirada ante el uso de la identidad y de los datos personales sin consentimiento informado, lo que deriva en asignaciones basadas en información no depurada, controles cruzados insuficientes y ausencia de mecanismos claros de notificación y corrección.
Cada registro incorrecto no solo afecta derechos individuales, sino que también distorsiona la eficiencia del gasto social y desvía recursos que deberían llegar a quienes realmente los necesitan.
La aparición en el régimen subsidiado y en los bonos navideños es apenas un síntoma. El problema de fondo es más amplio: millones de dominicanas y dominicanos cuyos datos personales pueden ser utilizados sin información clara ni consentimiento efectivo; sistemas públicos con controles débiles; y una institucionalidad que aún no garantiza consecuencias proporcionales cuando se vulnera la confianza ciudadana.
La República Dominicana merece instituciones que protejan a las personas, no que las utilicen y expongan. Merece un Estado que rinda cuentas con hechos verificables, no solo con discursos. Y merece liderazgos que comprendan que la información personal de cada dominicana y cada dominicano no es un recurso administrativo disponible, sino un derecho fundamental que debe tratarse con responsabilidad y respeto.
Un Estado moderno no puede operar así. La transparencia, la trazabilidad de la información y el respeto al uso de la identidad son pilares de la legitimidad institucional.
Esta reflexión tiene como propósito contribuir a una conversación seria sobre cómo fortalecer los sistemas públicos, mejorar los controles y proteger los derechos, desde una mirada responsable y propositiva.
Como advirtió Norberto Bobbio, “el problema fundamental de la democracia no es quién gobierna, sino cómo se gobierna”. Gobernar bien implica también proteger el uso de los datos personales y de la identidad de las personas y, con ello, la confianza pública.
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