Huelga del CMD: entre exigir derechos y eludir deberes

La reciente convocatoria a huelga por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD) vuelve a colocar al sistema sanitario nacional en el epicentro del debate público. Los argumentos esgrimidos por la dirigencia gremial forman parte de una retórica harto conocida: el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en la red pública, la acuciante falta de insumos, el déficit crónico de personal y el estancamiento de los incentivos por antigüedad, guardia presencial y distancia. Estos últimos, congelados desde hace años en montos irrisorios, que constituyen una burla frente a la realidad inflacionaria actual. Sin embargo, como profesional de la medicina que vivió y padeció las realidades del sistema, considero que ha llegado el momento de hacer una pausa analítica y mirar hacia adentro. Exigir derechos y mejoras estructurales al Estado es una prerrogativa legítima; defender la complacencia, el ausentismo y prácticas éticamente cuestionables es, por contrario, un ejercicio que deshonra la esencia misma de nuestra profesión.

El actual pliego de demandas del CMD no puede analizarse en el vacío, sino en el contexto de una profunda crisis de identidad institucional. El gremio médico ha optado, históricamente, por un modelo de sindicalismo de confrontación que prioriza el beneficio corporativo inmediato sobre la excelencia científica y la responsabilidad social. Al actuar de esta manera, se desdibuja la frontera entre la justa reivindicación laboral y la defensa de privilegios que chocan directamente con los derechos de los pacientes y la sostenibilidad del sistema de salud. Como médicos, no podemos exigir infraestructuras de primer mundo mientras toleramos y, a menudo, estimulamos una cultura laboral que debilita el servicio público.

Uno de los puntos de mayor fricción en la agenda contemporánea es el rechazo frontal del CMD al proyecto de ley de a Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). Esta propuesta legislativa busca transformar el marco de regulación sanitaria en la República Dominicana, introduciendo normativas estrictas que prohíben taxativamente la entrega de incentivos, prebendas, viajes, patrocinios o beneficios económicos directos e indirectos a los profesionales de la salud a cambio de que receten, dispensen o promuevan medicamentos específicos. La pieza califica estas conductas como infracciones graves, estipulando multas, cancelaciones de registros sanitarios y hasta la clausura temporal o definitiva de los establecimientos infractores.

La dirigencia del CMD ha manifestado su rechazo argumentando que estas medidas atentan contra la educación continua de los médicos y limitan su actualización científica. Este planteamiento está alejado de la verdad y éticamente insostenible. La educación médica continua es obligación científica y moral de los profesionales de la salud, y su gestión debe recaer con exclusividad en el propio CMD, las sociedades especializadas y las academias universitarias, utilizando canales transparentes y fondos auditables. Depender del patrocinio interesado de las farmacéuticas a través de sus visitadores para «actualizarse» crea un conflicto de interés mayúsculo.  Esta práctica compromete la autonomía clínica del facultativo y distorsiona el acto de la prescripción, empujando con frecuencia a sobremedicación y a la elección de fármacos basado en el beneficio personal del médico en lugar de la evidencia clínica o la capacidad económica del paciente. Validar el rechazo al proyecto de ley de DIGEMAPS es defender un modelo mercantilista que afecta el bolsillo y la seguridad de los ciudadanos dominicanos.

Paralelamente, la crisis operativa y de calidad de la atención en nuestros hospitales no es únicamente una consecuencia presupuestaria estatal, sino también de una flagrante inobservancia de los deberes laborales dentro de los centros hospitalarios, a menudo amparada por las propias directrices gremiales. Un ejemplo fehaciente es la vigencia de un acuerdo obsoleto que exime a los médicos mayores de 50 años de realizar guardias presenciales, liberando en la práctica incluso de las guardias de llamada. En pleno siglo XXI, con el aumento de las expectativas y calidad de vida, un profesional de 50 años se encuentra en la cúspide de su madurez intelectual, experiencia clínica y facultades físicas y mentales. Privar a las salas de emergencia y cuidados críticos de los hospitales públicos de su personal más experimentado durante las horas nocturnas o los fines de semana es una decisión técnica y éticamente indefendible que no encuentra paralelos en los sistemas de salud de países desarrollados.

Esta deserción institucional de una parte considerable de los médicos especialistas ha generado un fenómeno perverso: el traspaso de la carga operativa real de los hospitales públicos a los hombros de los médicos residentes (estudiantes de posgrado). Hoy en día, la continuidad de los servicios de salud descansa de manera desproporcionada en profesionales en formación. Mientras los especialistas se benefician de horarios recortados o ausencias recurrentes auspiciadas por el clima gremial, el residente asume el colapso cotidiano de las consultas y emergencias. Esta sobrecarga laboral extrema no solo atenta contra su bienestar físico, sino que destruye de forma sistemática su tiempo de estudio e investigación, dando como resultado una formación deficiente que amenaza gravemente el relevo generacional de la medicina dominicana y la seguridad futura de los pacientes.

El problema del empleo y la inserción laboral también demanda una autocrítica profunda que el CMD prefiere obviar. El gremio denuncia con regularidad el aumento del desempleo y el subempleo médico, responsabilizando de forma exclusiva a la falta de plazas en el Estado. Sin embargo, se ignora deliberadamente la ausencia de una política de control y planificación en la oferta académica nacional. El CMD ha sido incapaz de articular una presión efectiva ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MEACYT) y las universidades para establecer límites de ingreso (numerus clausus) en las escuelas de medicina. Las aulas siguen egresando miles de profesionales de la salud cada año, en volúmenes que superan con creces la capacidad de absorción y las necesidades reales del mercado de salud dominicano. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de la población, pero no está obligado por ley a contratar un excedente profesional derivado de la irresponsabilidad educativa e institucional.

Finalmente, las deficiencias del sistema se agudizan en el ámbito de la distribución geográfica y los esquemas de compensación. El actual modelo de incentivos fijos por distancia ha demostrado su inoperancia. En la práctica cotidiana, muchos profesionales de la salud asignados a centros hospitalarios ubicados en provincias lejanas o zonas fronteriza han impuesto de manera unilateral la costumbre de asistir únicamente una o dos veces por semana al centro de trabajo, agrupando consultas en detrimento del seguimiento continuo del paciente. Esta irregularidad horaria genera una flagrante inequidad: mientras esos médicos trabajan un porcentaje reducido de su jornada, percibe el mismo salario base que aquel médico urbano   que asiste diariamente, hace guardias y cumple estrictamente con sus obligaciones contractuales. La solución técnica a este problema no radica en bonos estáticos y devaluados, sino en la implementación urgente de un sistema salarial diferenciado por zona geográfica. Este esquema debe compensar de manera justa y atractiva el arraigo, el costo de traslado y el sacrificio de residir en zonas remotas, pero vinculado estrictamente el desembolso económico al cumplimiento riguroso del horario y a la permanencia física e ininterrumpida en el servicio de salud.

La medicina es, por definición, un sacerdocio laico arraigado en la ciencia y el humanismo. Un verdadero CMD no puede seguir funcionando bajo las lógicas exclusivas de un sindicato de choque enfocado en encubrir fallas operativas, resistirse a las regulaciones de transparencias o justificar el abandono de las aulas hospitalarias. Exigir presupuestos dignos, infraestructuras equipadas y salarios competitivos es una obligación moral de todo el sector de la salud, pero esa exigencia pierde toda legitimidad moral cuando el propio colectivo médico se niega a fiscalizar el cumplimiento de sus deberes internos. Es el momento de que el CMD evolucione hacia una institución de vanguardia ética y académica. Solo transformando nuestra praxis y asumiendo una sincera autorregulación podremos devolverle a la profesión el prestigio social que le corresponde y garantizar a la sociedad dominicana el sistema de salud eficiente y transparente que tanto merece.