Hegemonía, marcos y la cuestión migratoria (2/2)

En el artículo anterior pretendí explicar cómo determinados marcos condicionan la forma en que las personas se aproximan a la cuestión migratoria y a la nacionalidad en República Dominicana. En esta segunda parte, la intención es proponer algunas ideas desde las cuales esos marcos puedan ser redefinidos o se puedan construir marcos alternativos.

Como punto de partida, no debemos negar la necesidad de que exista control migratorio. Más allá de nuestros posibles anhelos cosmopolitas, la realidad es que la organización política de las sociedades depende actualmente del concepto de Estado-nación, con dominio sobre un territorio claramente definido y reglas de pertenencia para su población. Esto trae como consecuencia necesaria la existencia de fronteras territoriales y la consideración de determinadas personas como extranjeras, lo que hace prácticamente inevitable el desarrollo de políticas de control migratorio. Cualquier marco que, por más bienintencionado que sea, se limite a un llamado de protección de los derechos humanos de los inmigrantes, sin incorporar un relato alternativo sobre la inmigración irregular y el control migratorio, está, en mi opinión, condenado al fracaso.

En este sentido, considero que, en primer lugar, habría que redefinir el marco desde el cual las personas se aproximan a la cuestión de la inmigración irregular. En lugar de la idea de una supuesta “invasión pacífica”, en cuya narrativa el inmigrante haitiano es considerado como enemigo, debe redefinirse el marco de modo que dicho inmigrante sea percibido como víctima, tanto de la miseria y precariedad material que vive en su país de origen, como, sobre todo, de la sobreexplotación a la que es sometido por sectores económicos poderosos en República Dominicana.

El inmigrante haitiano no es un invasor cuya intención sea desplazar a los dominicanos o, mucho menos, hacerse con el control del país. Es un ser humano movido estrictamente por la necesidad de sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida, lo cual ha sido históricamente aprovechado por sectores económicos sustentados en su sobreexplotación, inicialmente en la industria azucarera y luego, especialmente, en la construcción, la agricultura y el turismo. A esto se suman los militares corruptos, responsables de garantizar el control fronterizo y que, sin embargo, hacen jugosos negocios con el tráfico de inmigrantes. Si tenemos que identificar responsables de la problemática migratoria o, como suelen preferir ciertas personas, unos “enemigos”, estos deben ser el propio Estado dominicano, los sectores económicos sobreexplotadores y los militares corruptos.

Esta redefinición permite desplazar el foco de la problemática desde los inmigrantes haitianos hacia los sectores poderosos y permite desarrollar ciertas líneas de acción, como, por ejemplo, la denuncia de la total ausencia de consecuencias para el empresariado que se beneficia de obreros en condición de irregularidad migratoria, así como para los militares corruptos que les imponen peajes y cuotas. De hecho, permite impulsar propuestas sobre la problemática desde la propia lógica del control, como el agravamiento severo de las sanciones a ser impuestas en estos casos. Incluso puede promover una ruptura con el monopolio de la movilización ciudadana sobre el tema, actualmente bajo el dominio absoluto de sectores conservadores y abiertamente fascistas, quienes lógicamente prefieren protestar contra pobladores de comunidades empobrecidas y no contra el Central Romana, las grandes fincas de producción agrícola o el CESFRONT.

Aún más importante, bajo esta redefinición se hace posible explotar al máximo las contradicciones del discurso oficial del gobierno dominicano. Los funcionarios responsables, comenzando por el presidente de la República, son conscientes de que dicho discurso se sustenta en una gran hipocresía: mientras se persigue a mujeres haitianas y se destruyen viviendas en comunidades vulnerables, gran parte del desarrollo económico del país —ese que, en parte, suele mostrarse con el crecimiento del PIB— depende del aporte de sectores que utilizan intensivamente mano de obra inmigrante en condición de irregularidad. Los llamados a “dominicanizar” la mano de obra o a mecanizar la producción en estos sectores son, al menos en el corto plazo, pura retórica. El gobierno sabe perfectamente que ni en lo inmediato ni en un futuro cercano sería posible acabar por completo con la inmigración irregular y, a su vez, mantener el crecimiento económico del cual se vanagloria cada año en los floridos y pomposos discursos de rendición de cuentas. Por eso, mientras da la apariencia de “mano dura” contra mujeres, niños y trabajadores inmigrantes en condiciones precarias, evita a toda costa atacar directamente a los sectores económicos para los cuales estos “odiosos” extranjeros resultan imprescindibles.

En lo que respecta directamente a los derechos de los inmigrantes, un posible marco que canalice los cuestionamientos contra las inhumanas políticas de interdicción y deportación migratoria podría sustentarse en la idea —ya conocida— de llevar al gobierno a su propia legalidad. La retórica gubernamental se ufana de estar aplicando la normativa migratoria para justificar sus recientes actuaciones. Asimismo, es común escuchar y leer a personas sostener que la única posición frente a la inmigración irregular debe ser aplicar dicha normativa. Lo que en uno y otro caso parece evidenciarse es que, o se desconoce realmente el contenido de la normativa, o su invocación tiene un carácter selectivo para justificar cualquier tropelía en nombre de la soberanía dominicana.

La Ley General de Migración y su Reglamento de Aplicación contienen disposiciones que son olímpicamente violadas en los procesos de interdicción y deportación. Por citar solo una que resulta notoria: la prohibición de aplicar la detención migratoria en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, y envejecientes. Además, la normativa obliga a cumplir con las garantías del debido proceso e incluso a permitir que los afectados ejerzan los recursos legales correspondientes frente a la decisión de deportación, lo cual no se cumple en los hechos.

Hagamos nuestro el marco de la necesidad de cumplir con la normativa migratoria, pero redefinámoslo en un sentido que implique su cumplimiento integral, y no solo de aquellas partes que interesadamente convienen a los discursos justificativos del gobierno. Tomemos la palabra a las autoridades y manifestemos que precisamente lo que procuramos es que se cumpla con la normativa completa. No solo fundamentamos nuestros cuestionamientos en principios morales sobre lo que debe ser un trato humanitario, sino también en la propia legalidad de la cual el gobierno se afirma guardián y ejecutor.

Más complejo aún es construir un marco alternativo frente al nacionalismo étnico que descarta determinadas características por considerarlas ajenas a la dominicanidad (específicamente las manifestaciones afrodescendientes). Esta idea ha sido el resultado de una muy deliberada construcción histórica que se mantiene vigente hasta el presente y que ha invadido el imaginario colectivo. Sin embargo, considero que es posible construir un marco a partir de una idea opuesta: la de un nacionalismo cívico, según el cual el Estado dominicano sea el de todos los dominicanos, con independencia de su ascendencia u origen. Bajo este marco, la dominicanidad sería una convergencia de distintas herencias culturales que se han transformado con el tiempo, así como de otras expresiones que han surgido desde nuestra fundación, encontrando un fundamento común en una identidad política que se manifiesta como la voluntad de pertenecer a una misma comunidad. Aquí resulta pertinente la metáfora de la nación como un plebiscito cotidiano, utilizada por Renan en su famosa conferencia de 1882. De hecho, esta es la idea que se corresponde con el nacionalismo concebido por Duarte, plasmado expresamente en su proyecto de ley fundamental y explicado certeramente por Jimenes Grullón en La ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte.

En conclusión, estas son solo algunas ideas, sin ánimo de exhaustividad, desde las cuales considero que se puede luchar para redefinir marcos y construir otros alternativos sobre la cuestión migratoria y la nacionalidad. Su pertinencia no se reduce al debate público, sino que, incluso de manera más importante, se hace efectiva en las conversaciones cotidianas dentro de los distintos espacios de socialización: encuentros familiares y de amigos, salones, barberías, colmados, esquinas, el metro, la escuela, la universidad, etc. Desmontar la narrativa del odio, denunciar la hipocresía gubernamental y asumir la lucha por un nacionalismo inclusivo y democrático es una tarea urgente. Para ello, hay que disputar el sentido común.