Aunque muchos se lo toman como patente de corso y asumen de forma deportiva un cargo público, para ser funcionario público hay que saber gestionar los riesgos. En este contexto es clave revisar a Antonio Gramsci, Frederick Engels y Guillermo Federico Hegel. Son los filósofos que conceptualmente plasman mejor la conformación histórica y sociológica del Estado.
Vía Engels se puede repasar el origen histórico de las ciudades y su evolución como Estado, especialmente Atenas y Roma. Con Hegel sabremos sobre el Estado y el Derecho, en una conjugación de la ética y principios del desarrollo humano en contrato social. Pero si sumamos el “saber hacer” y los aportes de Antonio Gramsci, nunca se nos olvidará que el Estado es una confluencia entre la sociedad política y la sociedad civil.
Que las redes sociales irrumpan en la gestión pública es el resultado esperado de la democracia tal como la conocemos hoy. El Estado debe entenderse como el aparato institucional y coercitivo de carácter ideológico, jurídico y político, que establece reglas para asegurar el bien común de una sociedad concreta y garantizar, asimismo, la represión en caso de que se violen.
Algunos valoran al Estado como “trinchera avanzada”, detrás de la cual se encuentra una robusta cadena de fortalezas y fortines para imponer el derecho y las normas. Gramsci actualizó la definición del Estado, agregándole la suma de la sociedad política y la sociedad civil, sintetizada en el concepto bloque histórico.
Hoy, en el siglo XXI, ser funcionario público es asumir como buen centurión “que se está muerto antes de combatir”, como escribía el procónsul romano Cayo Julio César en su libro «La guerra de las Galias».
Quizás debí redactar este artículo hace muchos años, pero las musas son como «las visitas»: llegan rápido, de repente y sin anunciarse. El arte de ser ministro se refiere al conjunto de nuevas habilidades humanas y técnicas que requieren los burócratas para salir airosos, incólumes e ilesos de una gestión pública crítica.
Son destrezas aprendidas, expresadas en diversas formas de exponer ideas, observar normas, cumplir procedimientos, manejar emociones, informar con calidad y atender a los auténticos accionistas del Estado dominicano: los ciudadanos, y muy en especial, esos que pagan impuestos.
Los imberbes en gestión pública tienen poco espacio ante el aumento de la clase media crítica. Igualmente, no van a resistir la irrupción epidémica de las redes sociales, las normas de contrataciones públicas y una expertís del ministerio público de carrera.
Debemos evaluar con más precisión y profesionalidad a esos personajes que, aunque sean buenos profesionales, se comportan como gerentes muy riesgosos. No es casual que decenas de autoridades sean sometidas a patíbulos, hogueras o piras infernales.
Hoy, en el siglo XXI, ser funcionario público es asumir como buen centurión “que se está muerto antes de combatir”, como escribía el procónsul romano Cayo Julio César en su libro «La guerra de las Galias».
En las redes, un ministro etiquetado de malversador o incompetente es culpable hasta que demuestre lo contrario. Su familia desfilará por el fuego de la persecución en escuelas, mercados, cines y plazas públicas. Muchos que desean mantener sus manos en aceite caliente optan por pagar publicidad para proyectar la imagen del funcionario que ellos serían, pero no son.
Aunque se espera que el nuevo Código Penal, Ley 17-25, artículos 207-212, ajuste cuentas. La gestión del presidente Luis Abinader se distingue por el carácter implacable a la hora de no defender compañeros marcados, de no proteger financiadores y, mucho menos, evitar que aliados de ocasión lleguen al escarceo de redes y tribunales. Se favorece, como siempre debió ser, la disquisición abierta, pública y contradictoria. Muy bien.
Hoy, en la coyuntura histórica de la inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), ciberseguridad, conectividad en 5G y computación en la nube, asumir un cargo público electo o designado es uno de los mayores riesgos a los que puede exponerse la moral de un ciudadano.
Se impone un examen especializado y preciso de los currículos. Que investigadores privados exploren la «vida, el santo y los mandados» de los actuales y potenciales funcionarios.
Con Antonio Gramsci y otros pensadores que se sumaron después, podemos entender entonces ciertos paradigmas del Estado. Este aparato jurídico-político es una amalgama donde el más alto funcionario público debe tener el mismo peso social en el Estado que el más simple dirigente de una organización de la sociedad civil. Mientras el primero maneja los fondos públicos que llegan a las comunidades vía políticas públicas y programas de gobierno, el segundo contribuye con sus impuestos directos e indirectos en la articulación de un verdadero contrato social para que funcione lo público y se genere la suficiente cohesión social necesaria para mantener la estabilidad social y política.
El Estado tiene su historia y sus pensadores modernos y antiguos que lo estudian y caracterizan. Por lo que, muy a diferencia de lo que piensan algunos, la reforma y modernización de un Estado no concluye, sino que son procesos permanentes de implantación de acciones de forma permanente.
Un proceso que nunca se acaba o se da por concluido. En República Dominicana, el Ministerio de Administración Pública (MAP) es la continuación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME) y del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE).
En el Estado dominicano, como narrarán Ernest Hemingway y Juan Bosch en sus obras maestras, “hay que volver al puerto de origen”. No se puede dirigir un Gobierno como órgano del Estado, desde un distrito municipal hasta la Suprema Corte de Justicia. Desde un museo, escuela de bellas artes, una dirección de medio ambiente, un consejo de energía y agua, hasta un ministerio, sin que el conjunto de pretendidos funcionarios conozca qué es el Estado, qué es el Gobierno y las mejores formas, métodos, herramientas y políticas públicas para dirigirlo.
Sólo aquellos capacitados y probados en el apostolado de la vida sencilla, gastos frugales y familia debieran ser los elegidos o seleccionados para ocupar ministerios y órganos públicos. Esos que acumulen ciencia, ética y arte para conducir lo público, y sobrevivir para contarlo.
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