Crecimiento sin transformación: cuando el PIB crece y el país no avanza (y 4)

Esta cuarta y última entrega cierra la serie Crecimiento sin transformación: cuando el PIB crece y el país no avanza, retomando el hilo que partió de la parábola del árbol y sus frutos, símbolo de la calidad del crecimiento reflejada en resultados de desarrollo. A partir de esa premisa, la reflexión avanzó por los fundamentos teóricos de Schumpeter y la CEPAL sobre el desarrollo productivo y culminó con el diagnóstico del caso dominicano.

Con esta entrega se plantea el colofón: la transformación pendiente, que exige un liderazgo público-privado —en el que, zapatero a sus zapatos: el Estado marca pautas, consensua y facilita; el sector privado ejecuta, invierte, coopera— capaz de convertir el crecimiento en un proceso productivo sostenido, innovador y con propósito nacional.

El gran desafío, entonces, es cómo desencadenar un proceso verdaderamente transformador; que implica reconocer sin evasivas los condicionamientos estructurales que frenan el desarrollo productivo nacional. Ninguna estrategia de cambio podrá prosperar si no parte de ese diagnóstico de fondo: el de las limitaciones —profundas, persistentes y ampliamente reconocidas— que obstaculizan la transformación industrial. Entre ellas destacan la baja productividad y escasa innovación tecnológica; la alta dependencia de importaciones intermedias y de energía; la débil articulación entre sectores productivos; deficiencias en infraestructuras y logística; y las brechas en capital humano formación técnica. Afrontarlas es, en esencia, el primer paso de cualquier política industrial que busque escalar la calidad del crecimiento, convirtiéndolo en un crecimiento transformador.

1. El liderazgo público-privado ante la hora de la transformación

La República Dominicana se encuentra en una encrucijada histórica: su producto interno bruto se ha expandido vertiginosamente en las últimas décadas, pero sin que ese crecimiento se haya traducido en transformación productiva, diversificación ni mejora sustancial en la calidad del empleo. El país ha demostrado capacidad para crecer, pero no para transformarse. Y esa brecha —entre crecimiento y transformación— sólo podrá cerrarse si el liderazgo público y el privado asumen, de manera conjunta, una nueva visión de desarrollo productivo de largo plazo.

Imaginemos que la clase industrial-empresarial dominicana, encabezada por la AIRD y otras asociaciones regionales que representan al tejido productivo, deciden dar un paso al frente, en correcta armonización y visión estratégica junto al Estado. Que, junto al MICM, el CNC, PROINDUSTRIA y otros organismos e instituciones económicas, se comprometa con una política de desarrollo productivo —política industrial— coherente, articulada, sostenida y sostenible. Una política que no sólo fomente el crecimiento ni se reduzca sólo a la gestión de sistemas de incentivos —de muy cuestionada efectividad—, sino que lo oriente hacia la sofisticación productiva, la innovación y la creación de capacidades tecnológicas locales.

Esa nueva alianza —pública y privada— requeriría abandonar la lógica del corto plazo y los reclamos coyunturales, concentrándose en los factores estructurales que determinan la productividad, la transformación productiva y la competitividad. En lugar de medir el éxito por la exoneración o el incentivo tributario, habría que medirlo por la capacidad de generar industrias más complejas, empleos de calidad y exportaciones con mayor valor agregado. Como quien dice, de aquel árbol estos frutos. Esa, y no otra, sería la verdadera expresión de un liderazgo público-privado transformador.

Ejemplos regionales muestran que la transformación productiva sólo se logra cuando existe una política industrial moderna, planificada y con vocación de Estado. Brasil, Colombia o Chile han avanzado porque han logrado integrar políticas industriales, innovación y sostenibilidad dentro de una gobernanza multiactor. El MICM dominicano, en coordinación con las instituciones de apoyo a la competitividad y el sector empresarial, debería encaminarse hacia un modelo similar: planificación industrial sectorial, articulación territorial y coherencia presupuestaria.

2. Ciencia, tecnología y sostenibilidad: el nuevo eje del desarrollo

Toda estrategia de transformación productiva requiere colocar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el centro del modelo de desarrollo. Sin esa articulación, el país continuará atrapado en un patrón de baja productividad y limitada capacidad de diversificación. El liderazgo público y el privado tienen el desafío de convertir la CTI en política de Estado, apoyada por alianzas con universidades, centros de investigación y el propio sector empresarial.

En este sentido, puede uno imaginarse al MICM liderando una agenda de innovación que promueva la creación de clústeres industriales, encadenamientos productivos y programas de desarrollo tecnológico en las regiones. Esa articulación entre empresas grandes y medianas permitiría que la innovación dejara de ser un lujo de pocos para convertirse en un proceso sistémico. De igual modo, la política industrial debe alinearse con las estrategias de desarrollo sostenible, reconociendo que la competitividad del futuro dependerá tanto de la eficiencia energética como de la capacidad de innovar en procesos verdes.

Crecientemente y por fortuna, se ha establecido en la conciencia industrial que la sostenibilidad ambiental y la inclusión social no son distractores de la productividad, sino condiciones necesarias para sostenerla. Los países que han avanzado en productividad lo han hecho integrando la sostenibilidad a su estructura productiva: movilidad eléctrica, eficiencia en el uso de recursos, biotecnología, agricultura inteligente y economía circular. La República Dominicana debe entender que su inserción internacional dependerá cada vez más de su capacidad para producir de forma limpia y resiliente.

Ese liderazgo transformador implicaría promover un nuevo tipo de cultura productiva: una que reconozca el valor del conocimiento, la cooperación y la innovación. Se trata de pasar de una economía que compite por bajos costos laborales a una que compite por creatividad, calidad y sostenibilidad. Solo así el crecimiento podrá convertirse en desarrollo, y el desarrollo en bienestar compartido.

3. Capacidades, gobernanza y la desconexión climática

A este cuadro se suma otro componente decisivo: la capacidad institucional y la gobernanza necesarias para sostener cualquier política de transformación. La creación de capacidades institucionales es condición crítica para cualquier proceso de transformación. No basta con leyes o estrategias: es necesario fortalecer las instituciones llamadas a ejecutarlas. La República Dominicana cuenta con organismos relevantes —MICM, PROINDUSTRIA, PROCOMPETENCIA, CNC, CNZF, PRODOMINICANA y algo semejante a un sistema de CTI—, pero su coordinación ha sido insuficiente, dispersa e ineficiente. Las políticas industriales requieren solidez, continuidad, presupuestos estables y mecanismos de evaluación, lo cual aún no se consolida.

Aunque el crecimiento de las últimas décadas ha sido sostenido, la productividad no ha avanzado al mismo ritmo. La débil articulación entre políticas públicas, sector privado y academia ha limitado la creación de un ecosistema innovador. La transformación productiva exige superar esa fragmentación mediante una gobernanza que integre a los tres actores bajo un propósito común.

A esta debilidad institucional se suma una preocupante desconexión entre la política productiva y la climática. Las metas nacionales de mitigación y adaptación apenas dialogan con la política industrial, perdiéndose oportunidades valiosas para avanzar hacia un modelo de crecimiento bajo en carbono. No es bueno que el país siga considerando la sostenibilidad ambiental como un tema marginal, sino como eje nodal de su competitividad futura.

Romper esa desconexión implica rediseñar el marco institucional y presupuestario, fortaleciendo la planificación intersectorial y la rendición de cuentas. Un liderazgo verdaderamente transformador debe impulsar una cultura de aprendizaje, evaluación y transparencia, capaz de convertir cada política pública en un instrumento de innovación.

Sólo así el país dejará atrás la lógica del motor viejo, sucio y cansino —de baja productividad, débil articulación y presupuestos inciertos— y construirá un nuevo motor de alto rendimiento: innovador, limpio y articulado. Porque una economía que no aprende, no se adapta y no se transforma; aunque crezca, en el fondo sólo se estanca.