Gastar más no es crecer más

Durante años se ha repetido que el gasto público es el motor del desarrollo: si el Estado gasta más, la economía crece más. Los datos de la República Dominicana entre 2005 y 2026 cuentan una historia distinta. El Gobierno central gasta hoy bastante más que hace dos décadas, pero invierte proporcionalmente menos, paga mucho más por su deuda y no muestra una relación clara entre el tamaño de su presupuesto y la productividad de la economía. La conclusión no es que el gasto público sea inútil, sino que su efecto depende de cómo, dónde y para qué se gasta.

Lo primero que revelan las cifras es un Estado más grande, pero no más inversor. En 2005 el gasto del Gobierno central equivalía a 14.99% del PIB; en 2024 llegó a 19.54% y en 2025 cerró en 19.10%. Si se comparan promedios por etapas, para evitar el año atípico de la pandemia, el gasto pasó de 15.89% del PIB en 2004-2012 a 18.84% en 2021-2024; casi tres puntos del PIB adicionales.

La pregunta relevante es en qué se fueron esos tres puntos, y la respuesta es incómoda. El gasto corriente primario (salarios, compras de bienes y servicios y transferencias corrientes) aumentó 2.59 puntos del PIB, y los intereses de la deuda, 1.64 puntos; el gasto de capital, en cambio, cayó 1.28 puntos. Dicho de otro modo, el Estado creció por el lado del consumo y de la deuda, no por el de la inversión.

La pérdida se aprecia con más claridad en la estructura del presupuesto. En 2005 la inversión representaba el 24.21% del gasto total; en 2012, año electoral, alcanzó el 29.03%, y desde entonces descendió hasta el 12.90% en 2024. Las obras y bienes de capital, núcleo del gasto de capital público, pasaron de casi 14 de cada 100 pesos gastados en 2004-2012 a menos de 7 en 2021-2024. En paralelo, los intereses subieron de 1.00% del PIB en 2005 a 3.50% en 2024.

A esa caída se suma la inestabilidad. Entre 2009 y 2024, la variación anual del gasto de capital tuvo una desviación estándar de casi 31 puntos porcentuales, frente a menos de 10 en el gasto corriente; aumentó 100.78% en 2012 y se redujo 33.62% al año siguiente. Una inversión que se expande y se contrae al compás del ciclo político difícilmente puede planificarse, ejecutarse con eficiencia y sostener efectos duraderos.

Tampoco la productividad siguió al gasto. Si el gasto público fuera por sí mismo un motor del crecimiento, debería observarse alguna relación con la productividad total de los factores, es decir, con la eficiencia con que la economía combina capital y trabajo. No ocurre así. Con base 2010 = 100, el índice de productividad descendió a un rango de 90 a 93 entre 2013 y 2019, se desplomó en 2020 y se recuperó hasta cerca de 108 en 2023. Su correlación con el gasto total como proporción del PIB es negativa y no significativa (−0.17), y con el gasto de capital, prácticamente nula (0.06).

Entre 2011 y 2016, por ejemplo, las transferencias corrientes pasaron de unos 119,000 millones de pesos a unos 182,000 millones (un aumento de 52.94%, equivalente a una tasa anual promedio de 8.87%), mientras la productividad retrocedía. El crecimiento dominicano de esos años se apoyó sobre todo en la acumulación de capital y trabajo y, en particular, en la inversión privada, que aporta más de 86 de cada 100 pesos de la formación de capital del país.

Nada de esto niega el valor social del gasto. La pobreza monetaria, superior al 40.00% a mediados de la década de 2000, se situó en 17.30% en 2025, y el gasto en servicios sociales aumentó de 6.20% a 8.71% del PIB entre 2004 y 2024 (un aumento relativo de 40.48%), en buena medida por la asignación del 4.00% del PIB a la educación preuniversitaria desde 2013. Pero esos avances se sostienen en la capacidad productiva privada que genera los impuestos y, cuando se financian con deuda, se traslada la factura al “contribuyente futuro”; pura Equivalencia Ricardiana.

Conviene, sin embargo, distinguir entre lo que dicen los números y lo que no dicen. Una regresión sencilla del crecimiento del PIB real sobre la variación del gasto de capital y del gasto corriente entre 2009 y 2024 parece, a primera vista, confirmar la tesis más dura; el gasto corriente aparece con un efecto negativo y significativo, y el de capital, nulo. Pero ese resultado depende casi por completo de 2020, cuando el Gobierno elevó el gasto corriente a 37.63% para amortiguar la pandemia mientras la economía caía 7.93%. Fue el gasto el que respondió a la crisis, no la crisis la que fue causada por el gasto. Al excluir los años de la pandemia, el efecto del gasto corriente se vuelve positivo, y el del gasto de capital sigue sin ser estadísticamente distinguible de cero. Los episodios de inversión extraordinaria tampoco confirman un impulso automático; en 2012, con el gasto de capital en 5.45% del PIB, el máximo del período, la economía creció 2.78%, por debajo del promedio.

La lección admite, por tanto, dos lecturas. Por un lado, los datos no autorizan a decir que más gasto produce más crecimiento; ni el total ni sus componentes muestran un efecto firme. Por otro, tampoco permiten afirmar que un tipo de gasto sea productivo y el otro no por su sola etiqueta presupuestaria. La literatura internacional ofrece la explicación: lo que importa es la productividad marginal de cada peso. Un salario docente bien empleado puede rendir más que una obra de baja rentabilidad social, y una carretera necesaria puede rendir más que un subsidio mal focalizado. El mito no se refuta sustituyendo un componente por otro, sino exigiendo resultados a cada uno.

Los datos más recientes confirman que el patrón de fondo persiste. En 2025 el gasto de capital del Gobierno central fue de unos 207,752 millones de pesos, 2.61% del PIB; aumentó 11.30% respecto de 2024 y superó en 18.00% lo presupuestado inicialmente, pero sigue lejos de los niveles de la década anterior. Ese mismo año la economía creció apenas 2.10%, la tasa más baja desde la pandemia, mientras el déficit fiscal cerró en 3.45% del PIB y la deuda del sector público no financiero, en 47.90% del PIB. Un año de mayor inversión no se tradujo en más crecimiento, en un contexto en que el ritmo de la economía dependió sobre todo de las condiciones financieras y externas.

En 2026 la economía se ha recuperado. Hemos crecido a  4.60% entre enero y septiembre, y el Banco Central proyecta alrededor de 4.50% para el año. La inversión pública también repunta si nos basamos en el ritmo de ejecución observado hasta septiembre, el gasto de capital cerraría el año en torno a 2.76% del PIB y 14.65% del gasto total, apenas tres quintas partes de su peso en 2005. Pero la estructura que desplaza a la inversión se mantiene; los intereses de la deuda equivaldrían a 3.57% del PIB y absorberían 23.39% de los ingresos, la proporción más alta del período, y casi una cuarta parte de las erogaciones presupuestadas del Gobierno central se financiaría con nuevo endeudamiento. El cuadro 1 resume la evolución de estos indicadores.

El gasto público dominicano en cifras, 2005-2025 y proyección de cierre de 2026

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Informes de Ejecución Presupuestaria 2024-2026 y Marco de Gasto de Mediano Plazo del Proyecto de PGE 2027; Ministerio de Hacienda y Economía, Informes de Coyuntura Fiscal 2024 y 2025 y Memorias 2019; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Boletín de Desempeño Económico y Social 2019; y Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Nota: Gobierno central presupuestario, base devengado. Las cifras de 2026 son proyecciones de cierre. Las de 2005 y 2012 dependen de la base del PIB utilizada.

El costo de la deuda es, en efecto, el gran desplazador, y un dato lo resume; en 2005 los intereses absorbían 6.86 de cada 100 pesos de ingresos públicos; en 2024, 21.31; en 2025, 22.08, y en 2026, según la proyección de cierre, 23.39. El déficit del Gobierno central pasó de 1.81% del PIB en 2004-2012 a 3.07% en 2021-2024, pero la totalidad de ese déficit se explica por los intereses, y entre 2013 y 2019 el resultado primario (antes de pagar la deuda) fue incluso superavitario. Más que un exceso en su operación cotidiana, el Estado arrastra un costo creciente por lo que gastó antes.

Del otro lado de la balanza, la recaudación sigue siendo baja. La presión tributaria subió de 13.70% del PIB en 2005 a 14.51% en 2024, todavía 7.19 puntos del PIB por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que ese año alcanzó 21.70%; es decir, un 33.13% menos. La comparación exige mesura, porque el promedio regional incluye contribuciones a la seguridad social que en el país no se registran como impuestos, pero aun con ese ajuste la brecha persiste. Las calificadoras de riesgo identifican esta debilidad de los ingresos como el principal límite estructural de las finanzas públicas dominicanas. Con ingresos escasos e intereses crecientes, la inversión se convierte en la variable de ajuste: es el gasto más fácil de recortar y el que más tarda en mostrar resultados.

El Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027, que el Congreso Nacional discute en estos días, ofrece la prueba más inmediata de este patrón. Prevé gastos por RD$ 1,838,000 millones e ingresos por RD$ 1,510,000 millones, con aumentos de 13.20% y 12.50%, respectivamente, frente al presupuesto de 2026; la diferencia, unos RD$ 327,000 millones (3.40% del PIB), se cubriría con nuevo endeudamiento. Solo los intereses de la deuda sumarían RD$ 351,327 millones, cerca del 23.00% de los ingresos corrientes. El gasto de capital aumentaría 19.70%, hasta RD$ 257,764 millones, pero también aquí la composición pesa más que el total; la inversión en obras registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública crecería apenas alrededor de 3.00%, de RD$ 96,543.5 millones a RD$ 99,427.5 millones, mientras los subsidios del Estado subirían 57.70%, hasta RD$ 134,296 millones, de los cuales RD$ 109,296 millones irían a las distribuidoras de electricidad. Por eso, la discusión legislativa no debería concentrarse en cuánto se gasta, sino en qué se gasta y qué resultados se esperan de cada peso.

La salida no pasa por gastar menos de forma indiscriminada ni por gastar más con la esperanza de que el crecimiento llegue solo, sino por gastar mejor. Del análisis se desprenden algunas prioridades esenciales:

La primera es proteger la inversión pública con un piso plurianual, blindado frente a los ciclos electorales y fiscales, y someter cada proyecto a una evaluación de rentabilidad social antes de ejecutarlo y de resultados después. La segunda, evaluar las transferencias por su focalización y su efecto sobre la pobreza y el capital humano, y separar en las cuentas públicas las que financian nóminas de instituciones descentralizadas de las que constituyen verdaderos subsidios. La tercera, vincular el crecimiento de la nómina pública a metas de productividad y calidad, sobre todo en educación y salud, donde se concentra buena parte del empleo estatal. La cuarta prioridad es contener el costo de la deuda mediante superávits primarios sostenidos y una gestión de pasivos que abarate el financiamiento, porque cada punto del PIB que se va en intereses es un punto que no se invierte. La quinta consiste en ampliar la base tributaria y revisar el gasto tributario para acercar la recaudación a la de países comparables, de modo que el Estado pueda financiar sus responsabilidades sin hipotecar el futuro.

Dos décadas de datos dejan una conclusión sencilla: la República Dominicana no tiene un problema de cantidad de gasto, sino de composición y de calidad. Un Estado más grande no es necesariamente un Estado más productivo. La verdadera influencia del gasto público no depende de cuánto se gasta, sino de cómo, dónde y para qué.

Nota: La versión académica de este análisis, con información detallada sobre la eficiencia y la composición del gasto público y su impacto real sobre el crecimiento y la productividad en la República Dominicana, está disponible en: Lapaix, D. (diciembre de 2025). Eficiencia, composición y mito del gasto público: impacto real sobre el crecimiento y la productividad en República Dominicana. Academia.edu.