El pasado 22 de enero en las instalaciones de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago de los Caballeros, se congregaron más de 200 educadores de todo el país -a los cuales se sumaron un número similar de forma virtual- y autoridades nacionales y universitarias para dar inicio formal en una sesión interna de programación de los trabajos a la segunda generación del Proyecto Centros Educativos de Innovación (CEI).
Este proyecto concebido a partir de una iniciativa presidencial está concebido como un instrumento de política pública orientada a incidir de manera directa en los niveles de aprendizaje del sistema educativo dominicano. En particular, en procura de mejorar significativamente en la lectura comprensiva y en las competencias matemáticas fundamentales para duplicar el nivel de logro de los estudiantes en estas áreas del conocimiento. El punto de partida del proyecto es el reconocimiento de una situación estructural que afecta el nivel de logro de los estudiantes y que se ha mantenido en el tiempo sin modificaciones significativas a pesar del incremento sostenido del gasto educativo y de la ampliación del tiempo escolar.
El diseño del proyecto se apoya en la premisa de que los bajos niveles de logro observados en los estudiantes no pueden explicarse por la ausencia de capacidades individuales, sino por limitaciones propias del funcionamiento del sistema escolar. Esta constatación desplaza el foco del debate desde el estudiante hacia la organización de los procesos pedagógicos, la gestión institucional y la forma en que se toman las decisiones en los distintos niveles del sistema educativo.
Uno de los rasgos centrales del proyecto es la definición explícita de su objetivo estratégico. Se plantea como meta duplicar el nivel de logro de los aprendizajes fundamentales en un período acotado de tiempo, correspondiente a un año escolar. Este objetivo se asume como un desafío que obliga a revisar supuestos tradicionales, romper paradigmas, como por ejemplo, que los resultados en educación solo se ven en el largo plazo; y a explorar enfoques distintos a los utilizados en reformas previas. La lógica que lo sustenta es que los problemas estructurales requieren respuestas que vayan más allá de los ajustes incrementales y que permitan generar cambios observables en plazos definidos.
El proyecto fue concebido desde su origen bajo un conjunto de restricciones que forman parte constitutiva de su lógica de política pública. La intervención debía desarrollarse en centros educativos representativos de la diversidad del sistema nacional, incluyendo escuelas de distintos tamaños, ubicaciones geográficas y condiciones socioeconómicas.
Por su parte la selección de los centros no responde a criterios de conveniencia ni a contextos favorables, sino a la necesidad de contar con una muestra que refleje la heterogeneidad real del sistema educativo, eligiendo cada centro de forma aleatoria simple.
De igual manera, el proyecto debía implementarse utilizando los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura existentes. Esta restricción responde a una consideración de sostenibilidad y escalabilidad, en la medida en que las soluciones que dependen de incrementos excepcionales de recursos resultan difíciles de replicar a nivel nacional. En consecuencia, el énfasis se coloca en la reorganización del trabajo pedagógico, en el uso más eficiente del tiempo escolar y en el fortalecimiento de las capacidades profesionales de los actores educativos.
En este contexto, la jornada escolar extendida es analizada desde una perspectiva funcional. A pesar de haber ampliado el tiempo de permanencia de los estudiantes en la escuela y de representar una proporción significativa del presupuesto educativo, los resultados de aprendizaje no han mostrado mejoras equivalentes al esfuerzo económico y financiero. Este hecho pone de relieve que el tiempo, por sí mismo, no constituye una garantía de mejores aprendizajes y que resulta necesario intervenir sobre la calidad de las prácticas pedagógicas que se desarrollan dentro de ese tiempo.
El proyecto adopta de manera explícita un enfoque de toma de decisiones basado en información y evidencia. La recolección sistemática de datos, su análisis y su uso en la gestión se consideran elementos centrales tanto a nivel de política pública como en la dinámica cotidiana de los centros educativos. Este enfoque busca reducir la dependencia de percepciones individuales y favorecer decisiones sustentadas en información verificable sobre lo que ocurre en las aulas y en las escuelas.
Desde el punto de vista metodológico, el proyecto se apoya en una lógica de planificación orientada desde el futuro (Teoría U). En lugar de proyectar mejoras a partir del estado actual del sistema, se parte de una reflexión prospectiva sobre el tipo de escuela que se requiere para responder a un contexto social, tecnológico y económico en transformación. Esta visión de futuro se traduce en el diseño de experiencias concretas que permiten anticipar, en el presente, formas distintas de organización escolar y de práctica pedagógica.
La noción de prototipo ocupa un lugar central en esta lógica de trabajo. La fase inicial del proyecto, desarrollada en un conjunto acotado de centros educativos, fue concebida como una experiencia de carácter experimental, orientada a identificar qué estrategias producen mejoras en los aprendizajes y bajo qué condiciones. El valor del primer prototipo residió en su capacidad para generar información relevante, aun cuando presentó limitaciones o aspectos susceptibles de mejora. Esta aproximación contrasta con modelos tradicionales de reforma educativa que tienden a escalar intervenciones sin una validación previa suficiente.
El modelo operativo del proyecto se estructura en torno a siete ejes que inciden en el proceso de aprendizaje. Cinco de estos ejes corresponden a factores internos del sistema educativo y constituyen el núcleo de la intervención. Entre ellos se encuentra la inteligencia curricular, entendida como la capacidad profesional del docente para interpretar el currículo por competencias de manera contextualizada. Esta perspectiva reconoce que el currículo no debe aplicarse de forma mecánica, sino que requiere decisiones pedagógicas que permitan priorizar, secuenciar y consolidar los aprendizajes en función de las necesidades reales de los estudiantes.
La consolidación de los aprendizajes se asume como un principio orientador. El proyecto privilegia la profundidad y la estabilidad del conocimiento por sobre la acumulación de contenidos. La lectura comprensiva y las matemáticas básicas son concebidas como competencias habilitantes que condicionan el aprendizaje en las demás áreas del conocimiento. Sin su dominio, las posibilidades de desarrollo académico y personal de los estudiantes se ven limitadas.
El talento humano constituye otro eje central del modelo. Los directores de centros educativos son considerados responsables del proyecto pedagógico integral de la escuela y no únicamente de su gestión administrativa. Su rol incluye la orientación pedagógica, el acompañamiento al cuerpo docente y la articulación con la comunidad. Los docentes, por su parte, son reconocidos como profesionales con capacidad para tomar decisiones informadas sobre la enseñanza, en función de la observación sistemática de los procesos de aprendizaje. La tecnología se incorpora como un componente transversal que apoya los procesos pedagógicos y de gestión. Su función principal es facilitar la evaluación, la planificación, el seguimiento de los estudiantes y la comunicación entre los actores educativos. La tecnología no sustituye el rol del docente, sino que contribuye a reorganizar su trabajo y a fortalecer su función de acompañamiento y orientación del aprendizaje.
La gestión institucional y el acompañamiento a través de mentoría constituyen otro componente relevante del proyecto. El sistema de mentoría se basa en visitas periódicas a los centros educativos, en la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje y en un acompañamiento continuo a los equipos escolares. La mentoría se concibe como un mecanismo de apoyo y fortalecimiento profesional, orientado a mejorar las prácticas pedagógicas y la gestión escolar.El uso sistemático de datos atraviesa todos los componentes del proyecto. La información generada a nivel de aula, centro educativo y sistema permite monitorear el avance, identificar brechas y ajustar las estrategias de intervención. Esta lógica de retroalimentación continua resulta esencial para sostener procesos de mejora en contextos diversos y complejos.
La nueva fase del proyecto, que impactará a 300 centros educativos, 100,000 estudiantes y más de 5,000 educadores pretende consolidar el modelo como un agente de cambio educativo sin alterar y modificar los costos asociados al normal funcionamiento del sistema. Por el contrario, pretende optimizar presupuestos públicos y alinear y canalizar recursos adicionales de la sociedad civil y la academia todos orientados hacia el objetivo común de que los estudiantes aprendan.
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