Formalización empresarial: liberar el potencial oculto de la economía dominicana

En las calles de Santo Domingo y Santiago, una realidad económica compleja define el día a día de miles de familias dominicanas. Con el 54.7% de la fuerza laboral operando en la informalidad, República Dominicana enfrenta un desafío que va más allá de las estadísticas: cómo transformar esta economía paralela sin destruir las fuentes de sustento de millones de personas.

Detrás de cada cifra hay historias reales. Juan, un carpintero de Santiago, resume perfectamente el dilema: "Los impuestos y el papeleo son demasiado complicados y caros para mí". Su testimonio refleja la experiencia de miles de emprendedores que no eligieron la informalidad por rebeldía, sino porque el sistema formal les resulta inaccesible.

Este fenómeno no es exclusivo de República Dominicana. A nivel regional, la informalidad laboral representa uno de los principales desafíos estructurales de América Latina. Sin embargo, nuestro país tiene características particulares que ofrecen oportunidades únicas para abordar este problema de manera innovadora y efectiva.

Los cinco sectores con mayor informalidad —comercio, construcción, agricultura, transporte y turismo— no son actividades marginales, sino pilares de nuestra economía. En el comercio, pequeños empresarios manejan cadenas de distribución locales que conectan productores rurales con consumidores urbanos. En la construcción, maestros de obra coordinan proyectos que van desde viviendas familiares hasta obras menores de infraestructura. En el turismo, guías, artesanos y prestadores de servicios complementarios crean valor añadido a la experiencia turística nacional.

La informalidad no es rebeldía empresarial, sino una respuesta racional a un sistema que excluye. Transformar el entorno regulatorio puede liberar el potencial oculto de miles de emprendedores dominicanos.

Esta realidad sugiere que la informalidad no es un problema periférico, sino central en el funcionamiento productivo del país. No estamos hablando de actividades improductivas que deben eliminarse, sino de capacidades empresariales que requieren mejores condiciones para prosperar.

El paradigma tradicional de "formalizar mediante la penalización" ha demostrado ser contraproducente y antiempresarial. Durante décadas, las políticas se enfocaron en multar, clausurar o perseguir a quienes operaban informalmente, sin considerar las barreras estructurales que los empujaban hacia esa situación. El resultado fue un círculo vicioso: mayor informalidad, menor recaudación, mayores controles, y aún más informalidad.

Organismos internacionales como la CEPAL reconocen ahora un enfoque más eficiente: eliminar obstáculos burocráticos y crear incentivos de mercado que hagan de la formalidad una alternativa competitiva. Esta perspectiva entiende que el problema no radica en la falta de voluntad empresarial, sino en la arquitectura institucional que rodea el proceso de formalización.

Este cambio de perspectiva reconoce que la informalidad no es rebeldía empresarial, sino una respuesta racional a un marco regulatorio restrictivo y costoso. En lugar de castigar, se trata de liberar el potencial empresarial mediante reglas más inteligentes y eficientes.

Una revolución silenciosa está transformando las políticas públicas globalmente: la economía del comportamiento aplicada a la eficiencia gubernamental. En República Dominicana hemos comenzado a explorar estas transformaciones con estudios sobre intervenciones conductuales que han demostrado ser simples, costo-efectivas y capaces de aumentar significativamente el cumplimiento tributario.

Este enfoque representa un cambio fundamental en cómo entendemos la relación entre ciudadanos y Estado. En lugar de asumir que las personas actúan de manera puramente racional y que solo necesitan información correcta para tomar buenas decisiones, la economía del comportamiento reconoce que los sesgos cognitivos, las emociones y el contexto social influyen profundamente en nuestras elecciones.

Los nudges o incentivos conductuales inteligentes aprovechan cómo realmente toman decisiones los empresarios, optimizando resultados sin aumentar la burocracia ni los costos. Un ejemplo simple pero poderoso es cambiar el mensaje "Debe pagar sus impuestos" por "9 de cada 10 empresarios en su sector ya cumplieron con sus obligaciones fiscales este mes". El primer mensaje genera resistencia; el segundo aprovecha la tendencia humana a seguir normas sociales percibidas.

Los emprendedores informales actúan racionalmente dentro de las limitaciones que enfrentan. Sus elecciones están influenciadas por el análisis costo-beneficio inmediato —cuánto cuesta formalizarse versus cuánto beneficio recibiré—, las preferencias temporales —valorar más los costos inmediatos que los beneficios futuros— y la información limitada que obtienen de la experiencia de otros empresarios de su sector.

La aplicación práctica de estos principios incluye mensajes basados en datos reales que proporcionan información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Comunicaciones oportunas enviadas en momentos de mayor liquidez empresarial, sistemas de reconocimiento al emprendimiento formal, y testimonios auténticos de empresarios exitosos que han optimizado sus operaciones tras formalizarse.

La clave está en el diseño: interfaces intuitivas, progresión clara de pasos, retroalimentación inmediata sobre beneficios y retorno de inversión, y comunicaciones adaptadas a los marcos mentales específicos de cada sector.

Las autoridades podrían implementar inmediatamente experimentos piloto que incluyan sistemas de medición del retorno de inversión de la formalización, incentivos diferenciados por tamaño empresarial, y expansión del acceso a servicios financieros especializados como microseguros y microcrédito, vinculando políticas de formalización con programas de competitividad empresarial.

Un enfoque particularmente prometedor es la creación de "zonas de transición" donde los empresarios puedan formalizarse gradualmente. En lugar de exigir cumplimiento total desde el primer día, estos esquemas permiten que los negocios se adapten progresivamente a las obligaciones formales, reduciendo el shock del cambio y aumentando las probabilidades de éxito a largo plazo.

La colaboración interinstitucional que apoya los centros de capacitación para PYMES muestra que existen modelos prometedores de alianzas público-privadas eficientes. Estas iniciativas reconocen que la formalización no es solo un tema tributario, sino un proceso integral que requiere acompañamiento técnico, acceso a financiamiento, desarrollo de capacidades gerenciales y conexión con mercados formales.

Lo que necesitamos es escalar estas experiencias exitosas y complementarlas con herramientas de última generación. La inteligencia artificial puede personalizar procesos de formalización según las características específicas de cada empresa. Las plataformas digitales pueden simplificar trámites que antes tomaban semanas en completarse. Los sistemas de gestión en la nube pueden hacer accesibles herramientas empresariales que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

La informalidad productiva en República Dominicana representa un enorme potencial empresarial desaprovechado. Miles de emprendedores operan con limitaciones artificiales impuestas por marcos regulatorios obsoletos. Formalizar sin castigar implica modernizar estas reglas de juego para liberar el dinamismo empresarial que ya existe.

Los beneficios potenciales, mayor productividad, mejor acceso a mercados, mayor capacidad de financiamiento y crecimiento económico sostenido, justifican ampliamente la inversión requerida. Una economía más formal es una economía más competitiva, más resiliente y equitativa. Los empresarios formales pueden acceder a crédito bancario, participar en licitaciones públicas, exportar con mayor facilidad y construir marcas que trasciendan el ámbito local.

República Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional de eficiencia regulatoria y competitividad empresarial. La estabilidad macroeconómica que hemos logrado construir en las últimas décadas nos proporciona la base perfecta para implementar reformas ambiciosas sin generar disrupciones económicas significativas.

El camino requiere decisión, recursos bien invertidos y un enfoque que reconozca a los empresarios informales como lo que realmente son: actores económicos valiosos que necesitan mejores condiciones para prosperar. El futuro económico del país depende de nuestra capacidad para hacer que ser formal sea, efectivamente, la opción más rentable y competitiva para todos.