Farisaica indignación

Desgraciadamente, no es un hecho nuevo que el dinero sucio del narcotráfico haya permeado nuestra sociedad y se haya infiltrado en distintos sectores, desde el deporte, la construcción, la venta de vehículos y hasta la política, como tampoco es algo nuevo que esos casos se destapen únicamente cuando las autoridades de control de drogas de otros países, como la DEA de los Estados Unidos de América, o de lavado de activos persiguen a determinadas personas y solicitan su extradición.

De igual forma es ampliamente conocido el peligro que representa la penetración del crimen organizado en la política, sobre todo por el patético y vecino caso de México, país en el que desde hace décadas el narcotráfico y otros crímenes como el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando de distintos productos ha producido lo que algunos académicos mexicanos como Edgardo Buscaglia han denominado la « violencia organizada»,  que ha asesinado a un número inusitado de precandidatos y candidatos en ese país, la cual, según ha denunciado existe porque « Hay un pacto de impunidad política que impide la aplicación de medidas», « porque la clase política sabe que de hacerlo no podría financiar las campañas con "dinero sucio" ».

Ante la gravedad de la situación que durante años hemos conocido que sucede en países de la región y el incremento del narcotráfico en nuestro país por ser parte de la ruta internacional del narcotráfico en el Caribe hacia Estados Unidos y Europa por nuestra cercanía a naciones productoras como Venezuela y Colombia, hace tiempo que nuestra clase política debió reaccionar y tomar las medidas necesarias, pero al igual que ha sucedido en otros países ese caudal de dinero sucio que busca « lavarse», es una gran tentación, para aquellos que buscan precisamente dinero para sus campañas en las que pueden utilizarlo impunemente en efectivo, cerrando irresponsablemente los ojos ante el origen de este.

La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos se aprobó hace menos de diez años, y aunque se conocían los peligros que enfrentábamos, deliberadamente las autoridades de ese momento decidieron excluir a los partidos políticos como sujetos obligados, y también decidieron que en la Ley 33-18 de Partidos Políticos, aprobada después de una larguísima espera, se eximieran a estos de las debidas sanciones por incumplimientos y se establecieron topes altísimos de gastos para precampaña, un concepto que prácticamente solo existe en este país, así como en la Ley 15-19 de régimen electoral, como tope de gastos de campañas, los cuales se mantuvieron en la Ley 20-23 que la sustituyó.  Y esa funesta combinación entre dinero sucio buscando dónde lavarse, crimen organizado cómo conseguir inmunidad y partidos y candidatos cómo financiar el astronómico gasto electoral, es una peligrosa dinamita, y no solo porque sea dinero del narco, sino también porque es dinero sucio de otras fuentes, como recursos públicos desviados de múltiples maneras, como denuncian algunos de los expedientes de corrupción que se están conociendo en la justicia.

Aunque la Ley 155-17 prevé en el párrafo del artículo 33 que enumera los sujetos obligados no financieros la posibilidad de que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, presidido por el ministro de Hacienda, pueda incluir a los que realicen otras actividades como sujetos obligados, no se ha incluido ninguna por esa vía, y probablemente tampoco se va a incluir, y mucho menos a los partidos políticos, por lo que la afirmación del actual ministro de la Presidencia, y presidente del partido de gobierno, de que propondrán al Congreso la modificación de esta ley para incluir a los partidos constituye un paso de avance que responde a un viejo reclamo de algunos, pero no bastará.  Si hay voluntad para frenar la peligrosa inserción del narco y el crimen organizado en la política, lo primero que hay que bajar es el escandaloso costo y tiempo de las campañas, y si la oposición quiere frenar eso, y no simplemente intentar sacar ventaja con farisaica indignación dirigiendo su dedo acusador a su rival, deberá demostrar voluntad para atacar este mal impulsando, respaldando y aprobando las medidas necesarias antes de que sea no solo tarde para las elecciones del 2028, sino peor aún, para poder extirpar el mal.