Ética invisible, transparencia necesaria

En el ejercicio del poder público hay una paradoja inevitable: la ética es invisible, pero sus consecuencias afectan a toda la sociedad. Los valores, la conciencia y la integridad pertenecen al ámbito interior del ser humano, pero cuando una persona ocupa una función pública, esas convicciones privadas adquieren una dimensión colectiva. De allí surge una pregunta fundamental para cualquier democracia: si la ética habita en la conciencia, ¿cómo puede la sociedad verificar que quienes administran la cosa pública realmente actúan con integridad?

La ética ha sido, desde la antigüedad, una reflexión sobre el carácter humano y sobre la manera en que nuestras decisiones afectan a los demás. A diferencia de la ley, que se impone desde las instituciones, la ética nace en el interior del individuo. No se decreta ni se fiscaliza directamente: se cultiva.

El filósofo griego Aristóteles afirmaba en su Ética a Nicómaco que la virtud no es una idea abstracta, sino un hábito. Es decir, una práctica constante que se expresa en nuestras acciones. Para Aristóteles, el carácter de una persona se revela en lo que hace de manera reiterada. Somos, en gran medida, aquello que hacemos.

Cuando trasladamos esta reflexión al ámbito del servicio público, la cuestión adquiere una dimensión mayor. Los funcionarios administran recursos que no les pertenecen y toman decisiones que afectan a millones de personas. En ese contexto, la ética deja de ser solamente una virtud individual para convertirse en una condición esencial del ejercicio del poder.

Sin embargo, vuelve a aparecer la pregunta central: si la ética pertenece al ámbito de la conciencia y es, en gran medida, invisible, ¿cómo puede una sociedad saber si quienes administran la cosa pública actúan con integridad?

Las democracias contemporáneas han respondido a esta interrogante mediante un principio fundamental de la gobernanza moderna: la transparencia.

La transparencia no sustituye la ética, pero crea mecanismos que permiten observar los procesos mediante los cuales se toman las decisiones públicas. En otras palabras, transforma aquello que antes dependía exclusivamente de la confianza en algo que puede ser examinado por la sociedad.

El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han ha señalado que las sociedades actuales viven bajo una creciente exigencia de visibilidad institucional. En su obra La sociedad de la transparencia, explica que esta demanda surge en contextos donde las estructuras de poder se han vuelto cada vez más complejas y distantes del ciudadano. Ante esa distancia, la transparencia se convierte en una condición para la confianza pública.

Desde la teoría política contemporánea, pensadores como John Rawls han señalado también que la legitimidad de las instituciones depende de reglas claras y de procedimientos que puedan ser comprendidos y aceptados por todos. No se trata solamente de que las decisiones sean correctas, sino de que los procesos mediante los cuales se toman puedan ser considerados justos.

En democracia, la ética comienza en la conciencia, pero la integridad se demuestra en los procesos.

Ambas dimensiones se encuentran en un concepto fundamental para la administración pública contemporánea: la integridad.

La integridad pública no consiste únicamente en la ausencia de corrupción. Implica coherencia entre valores, decisiones y procedimientos. Un funcionario íntegro no solo debe actuar correctamente, sino también garantizar que los procesos bajo su responsabilidad sean claros, documentados y abiertos al escrutinio ciudadano.

En el contexto dominicano, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Durante décadas, uno de los mayores desafíos de nuestra institucionalidad ha sido precisamente fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Esa confianza no se construye únicamente con discursos ni con declaraciones de buenas intenciones; se construye con instituciones capaces de demostrar cómo y por qué se toman las decisiones.

Es precisamente en ese marco donde cobra sentido la existencia de organismos dedicados a promover la ética pública, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Sin embargo, en muchas ocasiones se produce una confusión sobre la naturaleza de su rol. Se tiende a pensar que estas instituciones están llamadas a judicializar o sancionar directamente los casos que puedan surgir a partir de los sistemas de integridad y transparencia. En realidad, su función principal es distinta y profundamente estratégica: velar porque los principios de ética, integridad y transparencia se incorporen de manera efectiva en los procesos administrativos del Estado.

Su misión no es sustituir a los órganos de control o a las instancias judiciales, sino fortalecer la cultura institucional que previene las irregularidades antes de que estas ocurran.

La verdadera fortaleza de un sistema de integridad pública no reside únicamente en la capacidad de sancionar, sino en la capacidad de prevenir. Y la prevención solo es posible cuando las instituciones logran establecer reglas claras, procesos transparentes y mecanismos de seguimiento que garanticen que el ejercicio del poder se realice dentro de parámetros éticos.

Podría decirse, entonces, que la ética es el fundamento invisible del servicio público, mientras que la transparencia es el sistema que permite observar si ese fundamento realmente existe.

Porque la ética puede habitar en la conciencia de los funcionarios, pero en una democracia la integridad solo se confirma cuando las decisiones públicas pueden ser vistas, comprendidas y evaluadas por la sociedad a la que sirven.