Enseñanza de la Constitución y déficit de ciudadanía

El programa desarrollado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en coordinación con el Tribunal Constitucional (TC), se inició tras un acuerdo interinstitucional firmado en 2021. Hasta la fecha, las universidades que imparten esta materia son: Universidad APEC, Universidad del Caribe (UNICARIBE), Instituto Superior Especializado en Negocios Internacionales, Universidad O&M, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no ha podido hacerlo; invertirá cuando sea posible, ya que el programa requiere una inversión de seis millones de pesos para formar y contratar a los nuevos docentes.

El programa busca fortalecer las competencias de los futuros profesionales en cuanto al conocimiento de sus derechos y deberes, los fundamentos del ordenamiento constitucional dominicano, la formación social y cívica, los valores patrios y la promoción de la convivencia pacífica en la sociedad.

La enseñanza de la Constitución dominicana en las universidades tiene un alcance integral y es de carácter obligatorio en todas las instituciones de educación superior del país. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), implica la inclusión de una asignatura formal de Estudios Constitucionales en todas las carreras, tanto a nivel técnico como de grado.

El alcance también contempla la capacitación y formación continua de los docentes encargados de impartir esta materia, con asistencia directa del Tribunal Constitucional para garantizar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos.

Esta enseñanza pretende formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la democracia y el desarrollo social, al entender la Constitución como el estatuto esencial del país que organiza los poderes públicos y define el marco de la convivencia nacional.

Principales desafíos

Los principales desafíos para implementar la enseñanza de la Constitución dominicana en todas las instituciones de educación superior incluyen:

Capacitación y preparación de docentes: Muchos profesores no cuentan aún con las habilidades o la formación pedagógica adecuada para enseñar contenidos constitucionales con enfoques innovadores y adaptados a las nuevas tecnologías (IA), por lo que se requieren programas de formación continua y especialización.

Adaptación curricular: Es necesario adaptar el currículo para integrar la asignatura dentro de los planes de estudio ya establecidos, lo que implica ajustar contenidos sin afectar el equilibrio académico, además de actualizar materiales y métodos para hacerlo relevante, interactivo y alineado con las demandas actuales de la educación.

Recursos tecnológicos: Las universidades deben contar con recursos digitales y plataformas tecnológicas para una enseñanza híbrida o digitalizada, lo que representa un reto especial para instituciones con limitaciones presupuestarias o acceso desigual a tecnología por parte de los estudiantes.

Interés estudiantil: Mantener el interés de los estudiantes en materias de formación cívica requiere metodologías dinámicas que vinculen la Constitución con problemas reales y actuales, ya que el desinterés puede afectar la asimilación del contenido.

Resistencia al cambio: Hay resistencia al cambio y agendas institucionales, mostrando reticencia a incorporar contenidos nuevos o modificar sus estructuras tradicionales debido a factores políticos, burocráticos o culturales, lo cual afecta la uniformidad de la implementación.

En conjunto, estos desafíos requieren un enfoque sistémico que abarque capacitación docente, inversión tecnológica, apoyo institucional y metodologías innovadoras, para asegurar que la enseñanza de la Constitución sea efectiva, inclusiva y de calidad en todas las universidades del país.

Déficit de ciudadanía

La falta de enseñanza de la Constitución se traduce en un déficit de ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de la UASD, es importante que incorpore a sus 180,000 estudiantes a la enseñanza de la Constitución.

El déficit de ciudadanía se refiere a una situación en la que la participación activa y efectiva de los ciudadanos en la vida política, social y comunitaria es limitada o insuficiente. Ese déficit se manifiesta en la baja participación electoral del año 2024; como dice el pueblo, “no hay que ir muy lejos”, ni contratar organismos internacionales con buenas intenciones, pero que no abordan la raíz del problema.

El déficit de ciudadanía es grave en contextos donde un voto se equipará a un “pica pollo”. Esto implica que las políticas públicas no son de interés de la población, su participación es muy baja en la toma de decisiones, y existe poca o ninguna conexión con las instituciones, así como un desapego respecto a los derechos y deberes propios de la condición ciudadana.

La escasa participación en procesos electorales se evidencia por altas tasas de abstencionismo y desafección hacia los partidos políticos. El porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales y congresuales celebradas en 2024, fue la mayor abstención registrada en 62 años, aproximadamente el 47% del padrón electoral.

La reducción de la esfera de participación a espacios principalmente electorales, sin que los ciudadanos se involucren en la vida pública más amplia, conduce a ciudadanos pasivos y a una “democracia de baja intensidad”.

En resumen, el déficit de ciudadanía implica una merma en su dimensión política, social y moral, donde los individuos no ejercen plenamente sus derechos ni asumen las responsabilidades necesarias para el funcionamiento pleno de la democracia y la cohesión social. Esto solo puede revertirse si se trabaja arduamente en la formación constitucional, que formar ciudadanía.