¿Eliminar exenciones? Es necesaria una verdadera transformación tributaria

El principal tema económico de la semana que finaliza es la introducción al Congreso Nacional de un proyecto de ley para la modificación del sistema tributario. El proyecto, denominado Ley que Modifica los Regímenes de Exenciones y Privilegios Fiscales, tiene como objetivo primordial ampliar bases tributarias con un fin fiscalista: tratar de aumentar las recaudaciones. ¿Cómo lo haría? Principalmente extendiendo gravámenes existentes y eliminando regímenes tributarios creados por leyes anteriores.

En un mundo donde República Dominicana carece de competitividad en términos de impuestos, y en el que el gobierno de la principal economía del mundo, Estados Unidos, tiene en su agenda reducciones impositivas a las empresas y a las personas físicas, la propuesta que deberán discutir los congresistas del país estaría alejada de la realidad internacional. El siguiente gráfico muestra la tasa de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, comparable con el gravamen de 27% para las empresas de República Dominicana.

Modificar o eliminar regímenes tributarios solo tiene justificación si se realiza una reforma integral. Es decir, solo si el cambio está acompañado de tasas más bajas, menos figuras impositivas y un sistema más simple para su cumplimiento. Es posible ampliar bases tributarias, y reducir o eliminar exenciones en República Dominicana, sin embargo, esa política pública amerita una modificación impositiva integral.

La propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional no contempla una modificación que justifique los cambios que pretendería realizar al sistema tributario. Tampoco lo hacía la denominada Ley de Modernización Fiscal de octubre de 2024. Reducir o eliminar exenciones para equilibrar el sistema tributario es una meta sensata siempre que sea parte de una reforma integral.

Cuando un país se aboca a eliminar regímenes tributarios, sin una modificación integral de los impuestos, envía una señal errónea a los inversionistas. El mensaje es evidente: la estabilidad tributaria, el aumento de las inversiones y del empleo, y el incremento de la productividad, no son prioridades. Las preferencias, en términos de políticas públicas, consisten en tratar de aumentar las recaudaciones, con el fin de incrementar el gasto público.

Como analizamos en un artículo de octubre pasado, con la modificación impositiva de la Ley de Modernización Fiscal se perseguía un incremento de RD$122,487 millones de ingresos tributarios para financiar nuevos gastos. Se imponían sacrificios a los hogares y empresas con el fin de mantener el déficit en niveles similares, no para lograr una consolidación fiscal. Es decir, mayores impuestos en el presente y un nivel similar de endeudamiento.

El actual proyecto no lograría recaudaciones similares. ¿Por qué introducirlo si el costo para la economía es alto y los ingresos que lograrían las autoridades sería muy inferior? Desde el punto de vista de economía política es un cuestionamiento muy relevante para la ciudadanía.

En un panorama de ausencia de propuestas para controlar el gasto público, un cambio de régimen fiscal sería cuestionado por los agentes económicos. En adición, es necesario recordar que la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales contiene una excepción a la aplicación de la regla de crecimiento del gasto, que fue incluida en el párrafo segundo de su artículo quinto. Ante un cambio impositivo importante, las autoridades podrían crecer el gasto público por encima del monto de la regla establecida en la ley que, de por sí, no es una tasa de crecimiento baja.

Es necesario un cambio general en el régimen tributario de República Dominicana, pero por razones adecuadas a los propósitos de desarrollo del país. La justificación sería poder tener un sistema tributario que cree un mejor ambiente de negocios y promueva las inversiones. La finalidad debe ser alcanzar el objetivo que ya han logrado las economías de mayores ingresos: crear riqueza por medio de mayores emprendimientos productivos.

En República Dominicana, de acuerdo con un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas, el peso de la carga tributaria continúa estando entre los tres principales obstáculos que enfrentan quienes hacen negocios.

Las estadísticas oficiales envían una señal clara: el sistema tributario dominicano es un obstáculo para crear más inversiones productivas y, en consecuencia, mejores puestos de trabajo. Sin embargo, el mensaje, iniciado con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal de 2024 indica que la intención no es aliviar ese problema.

Es conveniente tener presente que cuando las reglas del juego cambian, y los derechos de propiedad son afectados, las personas son muy cautas para invertir. Es importante recordar que cada persona tiene un derecho sobre sus ingresos, su ahorro y su inversión. Las reglas de juego tributarias alteran esos derechos de propiedad. Los cambios de regímenes traen consecuencias.

Una legislación no resuelve un mal de fondo. En la medida en que el sistema tributario dominicano se ha vuelto más complejo, los agentes económicos han demandado mayor cantidad de leyes que crean beneficios tributarios en la forma de exoneraciones y exenciones. En adición, la solicitud de leyes especiales está motivada por mercados que no operan de forma eficiente (por ejemplo, el laboral, el eléctrico y el de transporte de carga), y por instituciones que mantiene costos de transacción altos (gestión de permisos o trámites, o mora y costos de resolución de conflictos en el sistema judicial).

Las exoneraciones y exenciones deben revisarse, pero esa política pública amerita una transformación integral de la legislación tributaria que lo justifique, y otras reformas estructurales que hagan más fácil hacer negocios en el país.

Sobre la ley de Modernización Fiscal (I) Enlace: https://crees.org.do/?p=26854