El turismo dominicano necesita una nueva ley para una nueva realidad

Todos nos hemos entristecido e impactado, de una manera u otra, al conocer en los últimos meses sobre varios casos de turistas que han perdido la vida mientras disfrutaban de sus vacaciones en nuestro país. Lo que debía convertirse en un recuerdo inolvidable termina transformándose en una tragedia que acompañará para siempre a una familia.

Cada vez que muere un turista en nuestro país, lo siento de manera especial. Me ocurre desde hace más de treinta años, quizás porque quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al turismo conocemos de cerca la ilusión que encierra la planificación de un viaje. Viajar significa descubrir, descansar, celebrar, compartir en familia. Nadie inicia unas vacaciones pensando que no regresará a casa.

Por eso, la primera promesa que debe hacer un destino turístico no es tener la playa más hermosa, el hotel más moderno o la población más hospitalaria. La primera promesa de un destino debe ser la seguridad.

Seguridad desde que el visitante aterriza en el aeropuerto; durante su traslado al hotel; al desplazarse por nuestras carreteras; cuando consume alimentos; cuando camina por nuestras ciudades; cuando visita nuestras playas, parques y recursos naturales; y, muy especialmente, cuando contrata una excursión o participa en una actividad recreativa.

Los acontecimientos recientes deberían obligarnos a reflexionar. 

El 17 de enero de 2025, cuatro turistas extranjeros perdieron la vida por ahogamiento en Arena Gorda, Punta Cana, en medio de fuertes oleajes. Las víctimas fueron tres ciudadanos polacos y un portugués. Según las informaciones publicadas, existía bandera roja de advertencia por las condiciones del mar. 

En abril de 2026 falleció en Bávaro el empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, quien fue arrastrado por el oleaje mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos. 

El 29 de mayo, otro turista colombiano, Rigoberto Guzmán Riaño, de 63 años, murió por asfixia por inmersión mientras participaba en una excursión hacia la isla Saona y se bañaba en la denominada piscina natural de Bayahíbe. Las autoridades anunciaron entonces una investigación sobre las circunstancias del hecho. 

El 20 de junio, conocimos el doloroso caso de Gabriela Cartagena, joven turista estadounidense que murió después de ser impactada por una embarcación tipo yola mientras practicaba buceo en Bahía de las Águilas. Según las informaciones preliminares divulgadas entonces, la embarcación habría iniciado su desplazamiento sin advertir que la joven se encontraba bajo el agua. 

Y mientras escribo estas líneas, se reporta un nuevo caso. El 25 de agosto se informó del fallecimiento por ahogamiento de Moira Clayton Finney en la isla Saona. Las informaciones disponibles todavía son preliminares y las autoridades no habían ofrecido públicamente todos los detalles de las circunstancias en que ocurrió su muerte. 

Sería irresponsable establecer que todos estos fallecimientos obedecen a una misma causa o atribuirlos automáticamente a deficiencias regulatorias. No es lo mismo un fenómeno natural, una imprudencia individual, una emergencia médica, un incendio o un accidente provocado por una embarcación. Cada caso requiere su correspondiente investigación.

Pero sería igualmente irresponsable no preguntarnos si nuestro sistema de prevención, supervisión, fiscalización, señalización, emergencia y regulación turística está evolucionando a la misma velocidad que nuestro turismo.

Porque el país turístico del 2026 no se parece ni remotamente a aquel que existía cuando se promulgó la Ley Orgánica de Turismo 541, que fue promulgada en 1969. Han transcurrido más de cinco décadas.

Para dimensionar el cambio, basta observar nuestras cifras actuales. República Dominicana recibió 11,676,901 visitantes durante 2025, de los cuales 8,861,169 llegaron por vía aérea. Y solamente entre enero y julio de 2026 ya habíamos recibido 7,700,118 visitantes, incluyendo 5,885,259 turistas por vía aérea. 

No estamos hablando de la misma industria. La Ley 541 fue posteriormente modificada, particularmente por la Ley 84 de 1979, que convirtió la entonces Dirección Nacional de Turismo en Secretaría de Estado de Turismo y amplió las atribuciones del organismo rector. Desde entonces se han aprobado numerosos reglamentos, decretos y resoluciones para hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros prestadores. 

Sin embargo, basta revisar el propio marco normativo publicado actualmente por el Ministerio de Turismo para comprobar que continuamos apoyándonos en una estructura jurídica construida progresivamente durante décadas: la Ley 541 de 1969; reglamentos hoteleros y de restaurantes de 1984; disposiciones sobre agencias de viajes también provenientes de esa época; modificaciones mediante decretos de 2003 y otras regulaciones posteriores. 

No estoy planteando, por tanto, que el turismo dominicano carezca de regulación. Estoy planteando algo diferente: ha llegado el momento de integrar, modernizar y fortalecer esa regulación mediante una nueva Ley General de Turismo acorde con la dimensión, complejidad y riesgos de la industria turística dominicana del siglo XXI.

Por esta razón, insisto, ha llegado el momento en que atraer más turistas deje de ser nuestro único desafío. El desafío pasa a ser gestionar correctamente a los millones que ya llegan.

Y es aquí donde debemos reflexionar sobre lo que he planteado ya en otras oportunidades: Hay turismo bien gestionado y hay mal gestionado. No basta con crecer. Hay que organizar el crecimiento. 

Hay que garantizar carreteras seguras, playas organizadas, excursiones reguladas, embarcaciones inspeccionadas, operadores certificados, protocolos de emergencia, servicios sanitarios adecuados, información al visitante, salvavidas suficientemente capacitados y autoridades con capacidad real de fiscalización. Para recibir invitados hay que arreglar primero la casa.

Una nueva legislación turística debería partir de una visión completamente diferente de la existente en 1969 y colocar la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y los derechos del visitante en el centro de la política turística nacional. Debe establecer requisitos mucho más rigurosos para la concesión de licencias de operación para todas las empresas que presten servicios directamente a los visitantes.

Especial atención requieren los operadores de excursiones y actividades acuáticas. No puede existir ninguna duda respecto de quién puede transportar turistas, quién puede conducir una embarcación, en cuáles condiciones, con cuáles seguros, con qué equipamiento de seguridad y bajo cuáles protocolos.

Las playas de alta visitación necesitan protocolos nacionales claramente establecidos: sistemas uniformes de banderas, salvavidas certificados, delimitación de áreas de baño y navegación, señalización multilingüe, equipos de primeros auxilios, desfibriladores cuando corresponda, comunicación inmediata con el 9-1-1 y procedimientos específicos frente a condiciones marítimas adversas.

Las embarcaciones utilizadas con fines turísticos deberían estar sujetas a inspecciones periódicas y trazables; sus capitanes y tripulaciones, debidamente certificados; los pasajeros, cubiertos por seguros adecuados; y cada accidente o incidente relevante, registrado en una base de datos nacional que permita detectar patrones y tomar medidas preventivas.

Tenemos que pasar de reaccionar frente al accidente a gestionar el riesgo antes de que el accidente ocurra.

Una legislación moderna debe igualmente contemplar nuevas realidades que sencillamente no existían cuando nació la Ley 541: plataformas digitales de alojamiento, comercialización electrónica de excursiones, economía colaborativa, turismo de aventura, actividades deportivas acuáticas, nuevas modalidades de movilidad, turismo accesible, protección ambiental, gestión de capacidad de carga, cambio climático, derechos digitales del consumidor y sistemas modernos de gestión de crisis.

Y, sobre todo, necesita un régimen de inspecciones y sanciones efectivo. Una regulación que nadie fiscaliza deja de ser regulación.

Invitar a alguien a nuestra casa significa asumir la obligación de recibirlo bien, protegerlo y hacer todo lo razonablemente posible para que regrese sano y salvo a la suya.

El próximo gran reto del turismo dominicano quizás no consista solamente en alcanzar doce, trece o quince millones de visitantes. El verdadero reto cualitativo será convertirnos en un destino cada vez mejor gestionado, más seguro, más organizado y más responsable.

Ya hemos demostrado que sabemos traer turistas. Ahora tenemos que demostrar, cada día, que sabemos cuidarlos.