Con Pelón en Pedernales [Reserva Minera Fiscal Ávila].

El influjo de la tecnología ha provocado que las tierras raras -una familia de 17 elementos químicos fundamentales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y tecnologías militares- adquieran valor geoestratégico. República Dominicana parece no figurar en el mapa de los países relevantes en este sector, pero todo apunta que eso podría cambiar. Las tierras raras, de importancia económica y geopolítica, tienen la capacidad de transformar cualquier economía, incluyendo la dominicana.

Las tierras raras no son, en realidad, tan raras en la corteza terrestre, pero su extracción y procesamiento son complejos y costosos. Entre estos elementos se encuentran el neodimio, el praseodimio, el lantano y el disprosio, esenciales -según se ha informado- para la fabricación de imanes de alta potencia, componentes electrónicos, baterías y sistemas de defensa. Actualmente, más del 80% de la producción mundial proviene de China. Según Nikolas Kristoff (NYT), China provee el 72% de las 17 tierras raras y es el único productor en el mundo de 6 de las tierras raras pesadas. Por tanto, hay preocupación en Occidente sobre la dependencia estratégica de un solo proveedor.

Investigaciones preliminares sobre tierras raras en República Dominicana, impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader en seguimiento a iniciativas anteriores (entre las cuales destaca la declaratoria de la Reserva Minera Fiscal Ávila, en Pedernales) han arrojado resultados halagüeños, aunque preliminares. Actualmente se está trabajando la fase de exploración, habiéndose hecho 1,200 metros de sondeos y 1,100 metros de calicatas.  Los especialistas reportan que, al margen de que en República Dominicana tendríamos las 17 tierras raras, a la fecha los análisis químicos de las muestras de tierras raras presentes en nuestro país arrojan que el itrio*, el lantano, el cerio y el neodimio (en volumen) y el neodimio (de nuevo) y el escandio (en valor) son los metales de mayor significancia. Para ponerlo en perspectiva, los especialistas han expresado que un solo aerogenerador de alta potencia puede necesitar hasta 600 kilogramos de neodimio y disprosio para sus imanes.

La eventual explotación de tierras raras abriría nuevas oportunidades económicas para República Dominicana. Más allá de los ingresos por exportaciones, permitiría atraer inversiones extranjeras en minería y tecnología, desarrollar empleos de alta especialización y fortalecer la posición del país en el tablero geopolítico regional. En un contexto en el que Estados Unidos, Europa y Japón buscan diversificar sus fuentes de suministro para reducir su dependencia de China, República Dominicana podría convertirse en un socio estratégico si gestiona adecuadamente estos recursos. El país enfrenta el reto de diseñar un modelo de desarrollo que combine el aprovechamiento de sus recursos con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Al igual que respecto de otros minerales, la Ley Minera dominicana (Ley 146-71) no contempla disposiciones específicas sobre tierras raras. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas trabaja en una actualización normativa que incorporaría mejores prácticas internacionales en minería sostenible.

Considerando la naturaleza estratégica de las tierras raras y que se trata de recursos mineros cuya explotación amerita intervención del medio ambiente mediante técnicas invasivas, he propuesto reforzar EMIDOM -la empresa pública a cargo de lo relativo a tierras raras en nuestro país- mediante la adopción de una ley que rija, entre otros aspectos, lo referente (i) a la gobernanza corporativa de alto estándar (más allá de la mera composición de sus órganos de administración y gestión); (ii) a la tecnificación de los miembros de sus órganos de gestión; (iii) al conjunto de principios rectores de la actividad de EMIDOM (enfoque en interés nacional, minería sustentable, transparencia, relaciones éticas comerciales); (iv) financiamiento de EMIDOM y uso/destino -por parte del Estado- de los dividendos generados, entre otros aspectos.

Una ley dotaría de mayor seguridad jurídica a una potencial inversión millonaria del Estado dominicano, lo cual no solo protege la inversión pública, sino que dota de mayores garantías a las relaciones comerciales privadas de la empresa pública. De igual forma, una ley limita la posibilidad de poner en riesgo la inversión y explotación de recursos naturales, tanto desde la perspectiva de los políticos como desde la de los empresarios. En suma, cualquier nuevo marco regulatorio deberá garantizar una participación justa y prioritaria del Estado en los beneficios, promover la transferencia de tecnología y exigir estándares ambientales rigurosos.

Un aspecto importante versa sobre los riesgos medioambientales asociados a la extracción y procesamiento de tierras raras. Según se ha informado, esto se relaciona esencialmente con el potencial contenido de metales radioactivos como el torio y el uranio, por lo cual resulta importante poner en perspectiva la presencia de esos metales en las muestras dominicanas respecto de las de otros países. Por ejemplo, en las muestras chinas [mina Bayan Obo] el torio asciende a 279 partes por millón (“ppm”), a 44 ppm en las muestras norteamericanas [Mountain Pass] y apenas a un promedio de 26 ppm en las muestras dominicanas (entre 24 y 31 ppm). Los valores de uranio promedian 7.75 ppm en las muestras dominicanas y 12 en las norteamericanas [Mountain Pass]. Considerando el impulso turístico que ha cobrado Pedernales a partir del desarrollo del proyecto de Cabo Rojo y la necesidad de proteger la tierra, dichos resultados preliminares lucen promisorios también desde la arista medioambiental.

La exploración de tierras raras que se lleva a cabo en República Dominicana, es un proceso científico, que -aún de forma acelerada- tiene sus propios tiempos. Para mediados de 2025 se proyecta que podremos contar con la estimación de recursos, es decir, con la evaluación de la cantidad y la calidad de los elementos de tierras raras de interés económico que tendríamos en República Dominicana. Para finales de 2026 las autoridades estiman que podrán hacer la determinación de reserva, es decir, la correspondiente identificación y cuantificación de los elementos de tierras raras dominicanas que pueden ser económicamente y legalmente explotados. Para finales de 2027 se proyecta que se contará con estudio de prefactibilidad. La fase de explotación, en caso de que se cuenten con los correspondientes estudios de prefactibilidad y factibilidad -respecto de los cuales el estudio de impacto ambiental es esencial- no comenzaría en el corto ni en el mediano plazo. Se trata de un proceso complejo, con potencial de involucrar, inclusive, la construcción de plantas para extracción y procesamiento de las tierras raras. En vista de lo anterior, es propicio manejar con prudencia las expectativas, tanto en términos de potencial económico como en términos de tiempo de eventual explotación. Lo anterior también nos da tiempo de pensar en la República Dominicana que queremos construir -y legar a futuras generaciones- a partir de una eventual explotación de tierras raras partiendo de una premisa simple: cada onza que se extraiga debe ser destinada al desarrollo de nuestro país y volcada a gasto de capital de calidad (no a gasto corriente). Para ello podría resultar interesante la idea de un fondo soberano de inversión (de titularidad estatal), que parcialmente se alimente con dividendos de EMIDOM.

Con una demanda global de tierras raras que se espera duplique para 2030, República Dominicana tiene la oportunidad de insertarse en una de las cadenas de suministro más importantes del siglo XXI. El desafío será lograrlo con visión de sostenibilidad, equidad y soberanía.

P.S. Agradezco a Miguel A. Díaz, PhD y viceministro de Minas.

Roger G. Pujols Rodríguez

Abogado y politólogo

Roger G. Pujols se desempeña como viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica en contratación, sectores regulados y asuntos públicos. Cuenta con: Master en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Master en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Master en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Master en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Master en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha sido manager legal de las filiales de InterEnergy Group y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Ha sido profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea: sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes’. En la actualidad trabaja en publicaciones sobre (i) la compilación de sus artículos de opinión y (ii) fiscalidad verde (tributos ambientales).

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