El Gobierno presentó el 7 de septiembre de 2026 el denominado Tablero de Metas Presidenciales. Según las reseñas periodísticas, la herramienta reúne diez prioridades, distribuidas en 109 variables, e incorpora indicadores, ministros responsables, proyectos o iniciativas, información presupuestaria, avances, alertas y recomendaciones. Será utilizado periódicamente en el Consejo de Ministros para determinar dónde se registran avances y cuáles acciones requieren mayor atención.
Considerado aisladamente, el tablero parece una innovación plausible: concentra información, identifica responsables, presenta alertas y permite examinar el desempeño antes de concluir el actual período gubernamental.
El problema aparece al situarlo dentro de la arquitectura existente. El país dispone de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), instituida mediante la Ley 1-12; del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 (PNPSP), que organiza la programación gubernamental; del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); y de otros instrumentos operativos y de seguimiento. Sobre ellos se agrega un mecanismo presidencial que reúne metas previamente seleccionadas, identifica ministros responsables, presenta proyectos e información presupuestaria, incorpora alertas y facilita el examen de los avances.
No se crea, por tanto, un circuito de seguimiento presidencial de prioridades donde existía un vacío. Se reintroduce otra capa en un espacio ya densamente ocupado, como muestra la siguiente matriz.
La reintroducción de las «metas presidenciales» agrega otro dispositivo a la arquitectura reglada de planificación. Esa denominación, utilizada desde finales de 2012 hasta 2020 en la documentación examinada, reaparece ahora superpuesta a los instrumentos normativos y a Meta RD 2036. Este último dispositivo también es conducido, en su instancia superior de gobernanza, por el presidente de la República y prioriza iniciativas originadas en comités de trabajo, posteriormente revisadas y aprobadas en el Consejo de Ministros.
La pregunta es inevitable: ¿por qué reinstalar las metas presidenciales cuando el PNPSP y sus mecanismos de programación y seguimiento ya permiten priorizar y seguir inversiones e iniciativas gubernamentales, mientras Meta RD 2036 dispone también de mecanismos para priorizar y seguir las suyas?
El tablero cambia la posición de varios indicadores ya incorporados en instrumentos existentes. Al ser seleccionados como metas presidenciales, vinculados con ministros responsables y examinados periódicamente en el Consejo de Ministros, adquieren mayor jerarquía funcional y capacidad de movilización. Se reinstala así una diferencia entre lo programado por el Estado, lo priorizado por el Gobierno y lo supervisado directamente por el presidente. Las categorías pueden coincidir, pero no son equivalentes.
El resultado es un subconjunto privilegiado dentro de lo planificado. Su ventaja potencial es una mayor eficacia ejecutiva: seguimiento directo, rápida movilización de responsables, superación de trabas y mejores condiciones para acceder a la presupuestación o proteger recursos asignados. Sin embargo, esa eficacia selectiva no equivale al fortalecimiento del sistema. Puede reducir la racionalidad en la asignación de recursos si la proximidad al circuito presidencial desplaza la aplicación de criterios comunes de priorización.
La superposición no se limita a funciones administrativas semejantes. Durante 2026–2028, Meta RD 2036, el PNPSP 2025–2028 y el Tablero de Metas Presidenciales incorporan concurrentemente al menos seis resultados directamente comparables: esperanza de vida, homicidios, peso de la clase media, PIB per cápita, años efectivos de aprendizaje y efectividad gubernamental. La formalidad laboral y la pobreza rural también aparecen en los tres dispositivos, aunque la información pública no permite comprobar que empleen los mismos indicadores y métodos de medición.
El tablero no inaugura el seguimiento de esos resultados, sino que instala un nuevo circuito presidencial sobre materias ya priorizadas y sometidas a seguimiento por los otros dispositivos. La coincidencia de objetos, períodos y funciones constituye evidencia documental de redundancia material. El procesamiento concurrente de esos resultados mediante circuitos diferenciados implica costos adicionales de coordinación, reporte y seguimiento, aunque la información disponible no permita cuantificarlos.
El problema no es que el presidente establezca prioridades ni supervise su cumplimiento. Antes del tablero, la Presidencia ya disponía de Meta RD 2036 y de los mecanismos gubernamentales asociados al PNPSP para conducir prioridades y seguir sus avances. El problema surge cuando esa conducción descansa en circuitos superpuestos cuya fuerza puede proceder más de la proximidad al poder presidencial que de una secuencia común, trazable y reglada. Algunos proyectos pueden ejecutarse con mayor rapidez y, al mismo tiempo, debilitarse el sistema encargado de ordenar el conjunto. Esa es la paradoja de las metas sobre las metas: una eficacia selectiva que puede avanzar a costa de la institucionalidad de la planificación.
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