El ONAREC: cuando los datos del Estado se convierten en patrimonio ciudadano

Esta reflexión pretende poner de relieve el salto cualitativo que representa para el sistema democrático la apertura, hace nueve meses, del Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (ONAREC) de la JCE, aporte de alto impacto en el acceso a datos registrales ciudadanos, ya que son pocos los países de la región que pueden exhibir algo comparable. México, Colombia, Chile y Costa Rica llevan años trabajando en la apertura de datos del registro civil, pero ninguno lo hace con la periodicidad semanal ni con la facilidad de acceso que ofrece esta plataforma.

El alcance de este tipo de iniciativa va más lejos todavía: abre la posibilidad de la articulación del observatorio con otros observatorios en el ámbito nacional, dejando ver que estos datos no se conciben como un fin en sí mismos, sino como materia prima para análisis sobre demografía, migración, integración y derechos humanos.

La República Dominicana, a través de la JCE, pone sobre la mesa una nueva forma de relacionarse con su propia información pública. El lanzamiento del ONAREC marca un antes y un después en la transparencia del Estado, y lo hace desde un principio tan sencillo como poderoso: en democracia, la información no es un privilegio de unos pocos, es el oxígeno que permite a los ciudadanos participar, fiscalizar y exigir cuentas a sus instituciones.

La Junta Central Electoral (JCE), con la puesta en operación del ONAREC, disponible en onarec.jce.gob.do, ofrece una plataforma digital que pone al alcance de cualquier persona —desde cualquier rincón del mundo— las estadísticas actualizadas de los actos del Estado Civil dominicano, y esto por sí solo constituye un avance notable en términos de acceso a datos vitales.

Siguiendo esa lógica, el ONAREC no es un simple repositorio de cifras. Es una declaración política e institucional: los datos sobre nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos del registro civil pertenecen al pueblo dominicano. Su publicación sistemática, con cortes de información cada semana, convierte a la JCE en pionera regional en materia de transparencia activa, rompiendo con la tradición de información pública que solo existe en papel o en archivos internos de difícil acceso.

La iniciativa, aprobada por el Pleno de la JCE en noviembre de 2024 a propuesta de la miembro titular Dolores Altagracia Fernández Sánchez, responde a una lectura correcta del momento histórico: vivimos en la era del dato, y las instituciones que no abren su información quedan rezagadas ante una ciudadanía cada vez más informada, más exigente y más capaz de procesar evidencia para tomar decisiones colectivas. Como bien lo concibe Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE y presidente de la Junta de Regentes del IESPEC, cuando señala que: "La información pública accesible es una herramienta fundamental para la democracia y el desarrollo."

La plataforma está dirigida a comunicadores, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales, partidos políticos y, por supuesto, a cualquier ciudadano. Ya no hace falta presentarse en una oficina ni tramitar solicitud formal alguna: los datos están disponibles, gratuitos y estructurados para su consulta y análisis. Con eso, la JCE cumple un mandato que va mucho más allá de lo administrativo: que los datos que produce el Estado en el ámbito registral sean realmente de la sociedad.

Esta robusta herramienta tecnológica reúne estadísticas de nacimientos desagregadas por provincia, sexo y período; registros de matrimonios y su evolución en el tiempo; cifras sobre divorcios que permiten leer tendencias sociales; y otros actos del Estado Civil que dan una imagen demográfica del país en tiempo casi real. Todo eso con actualización semanal —los cortes se realizan los domingos—, lo que la convierte en una fuente viva, no en un archivo que envejece.

Cuando una institución del Estado como la JCE publica sus datos de forma sistemática, proactiva y accesible, ocurren varias cosas simultáneamente que fortalecen la democracia. Primero, se reduce el margen para la opacidad y la arbitrariedad: si las cifras son públicas, es más difícil manipularlas o ignorarlas en la toma de decisiones. Segundo, se habilita la contraloría ciudadana: periodistas, académicos y organizaciones de base pueden cruzar datos, detectar anomalías y señalar inconsistencias. Tercero, se democratiza el conocimiento: las estadísticas vitales dejan de ser monopolio de técnicos gubernamentales y se vuelven herramienta de todos.

En otras palabras, el ONAREC es útil de maneras muy distintas según quién lo consulte. Para la academia, es una fuente primaria de datos demográficos con una frecuencia y un nivel de desagregación que antes no existían en el país. Para los periodistas, abre la puerta a un periodismo de datos que antes era casi imposible: ¿en qué provincias nacen más niñas? ¿Está subiendo o bajando la tasa de matrimonios? ¿Cuántos divorcios se registran al mes y cómo varía eso por región? Preguntas que antes requerían semanas de trámites hoy tienen respuesta en segundos.

Como bien planteara Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE y de la Junta de Regentes del IESPEC, al delinear el alcance de esta formidable herramienta de insumos estadísticos, visualizada como: "Más que una plataforma digital, el ONAREC fue concebido para sistematizar diagnósticos clave del Registro Civil con criterios de calidad, confiabilidad y acceso abierto."

El magistrado Jáquez Liranzo señala también el valor que tiene esto para los partidos políticos y movimientos ciudadanos, subrayando que con "los datos del ONAREC pueden construir propuestas de política pública ancladas en la realidad —programas de salud materna, educación infantil, vivienda, atención al envejecimiento poblacional— en lugar de basarlas en suposiciones o intuiciones". Y para la cooperación internacional y los organismos multilaterales, disponer de estadísticas vitales confiables y actualizadas posiciona al país como un socio serio en materia de gobernanza y desarrollo sostenible.

El lanzamiento del ONAREC no debe leerse como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia global hacia una cultura de datos abiertos que la República Dominicana tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de abrazar con decisión. Los gobiernos más eficaces del siglo XXI no son necesariamente los que más gastan ni los que más prometen: son los que mejor gestionan y comparten información para orientar sus decisiones y facilitar la participación de la ciudadanía.

No es menor el hecho de que construir una cultura de datos abiertos es mucho más que montar un portal con cifras. Requiere que las instituciones internalicen que la información producida con recursos públicos pertenece a todos; que los funcionarios asuman la transparencia no como un gesto voluntario sino como una obligación constitucional; y que los ciudadanos ganen las herramientas para leer, interpretar y usar esos datos, tanto en su vida cotidiana como en su participación política. El ONAREC avanza en esa dirección, pero nadie debería creer que el trabajo está hecho.

El propio presidente de la JCE, Jáquez Liranzo, lo planteó con claridad meridiana al presentar la plataforma en noviembre de 2024: "La disponibilidad de información pública en formatos accesibles no solo fortalece la rendición de cuentas, sino también impulsa el desarrollo de soluciones basadas en evidencia". Ojalá esa manera de entender el Estado se extienda más allá de la JCE.

A pesar de todo lo logrado, hay que ser honestos sobre lo que falta. El primer reto —y quizás el más urgente— es la alfabetización en datos. De poco sirve que la información esté disponible si la mayoría de los ciudadanos no tiene las herramientas para interpretarla. Abrir los datos sin acompañar ese proceso con educación cívica y estadística —desde la escuela hasta los medios de comunicación— es como instalar una biblioteca en un barrio donde nadie sabe leer.

El segundo reto tiene que ver con la cobertura y la calidad de los registros. La plataforma solo puede mostrar lo que está registrado, y eso depende directamente de cuán efectivo es el sistema de registro civil en todo el territorio. Las zonas rurales, las comunidades fronterizas y los grupos más vulnerables siguen siendo los más afectados por el subregistro —especialmente de nacimientos—, un problema estructural que no desaparece por sí solo. Lo que sí hace el ONAREC es hacerlo más visible, y esa visibilidad debería traducirse en políticas concretas de inclusión registral, reconociendo que la JCE ya trabaja en cerrar esa brecha.

El tercer y último reto es el de la sostenibilidad, ya que mantener una plataforma de este tipo exige voluntad política constante, recursos tecnológicos y personal capacitado. La experiencia latinoamericana está llena de portales de datos abiertos que arrancaron con mucho entusiasmo y luego se desactualizaron o simplemente desaparecieron al cambiar la gestión. La JCE debe garantizar que el ONAREC sea una política institucional permanente, blindada frente a los vaivenes políticos y a los cambios de autoridades.

En refuerzo de esta perspectiva, la miembro titular de la JCE, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, quien impulsó la iniciativa, ha sido clara sobre el sentido de todo esto: "El diseño del ONAREC responde a una visión institucional orientada a la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el Registro del Estado Civil."

Una fortaleza indiscutible de esta herramienta de consulta es el potencial para la interoperabilidad futura del ONAREC con otras plataformas estatales —el sistema de salud, las estadísticas educativas del MINERD, los datos del Ministerio de Economía— que podría convertirlo en un nodo clave de la infraestructura de datos del Estado dominicano. Esa visión de largo plazo merece ser explicitada y planificada desde ahora, con estándares abiertos y protocolos que faciliten la integración sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.

La democracia dominicana ha madurado mucho en las últimas décadas: elecciones competitivas, alternancia en el poder, una sociedad civil activa, medios plurales. Esos logros son reales, pero no se deben dar por garantizados. Hoy el reto es dar el siguiente paso: que el Estado no solo sea legítimo, sino transparente; que los ciudadanos no solo voten, sino que puedan evaluar con datos en la mano.

Una reflexión final: el ONAREC no resuelve por sí solo los problemas del registro civil ni asegura mejores políticas públicas, pero crea las condiciones para que las decisiones que afectan la vida de millones de dominicanos se tomen con evidencia, no con intuición ni clientelismo. Eso, en sí mismo, es un avance que vale la pena celebrar.