El mundo cambió y seguimos enseñando el Derecho de siempre

+Hay realidades que se transforman sin pedirnos permiso. Se modifica la forma de trabajar y de comunicarnos; evolucionan las relaciones entre las personas y las instituciones, y hasta la delincuencia ha encontrado nuevos modos de operar. Lo único que parece resistirse es nuestra forma de enseñar Derecho. Aquí comienza una de esas conversaciones que no siempre gustan, porque resulta mucho más fácil señalar lo que hace mal la sociedad que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para preparar a quienes tendrán que enfrentarla.

Muchos de nosotros nos formamos para un mundo que ya quedó atrás.

Lo digo sin pesimismo; los hechos están a la vista. Una persona puede trabajar para una empresa situada a miles de kilómetros, firmar un contrato sin conocer nunca a la otra parte, realizar una operación económica desde el teléfono y guardar buena parte de su vida personal en plataformas cuyo funcionamiento a menudo ignora. Al mismo tiempo surgen nuevas formas de delincuencia y nuevos conflictos laborales, y cobran fuerza la privacidad, la protección de datos, la inteligencia artificial y discusiones sobre derechos que hace pocos años apenas figuraban en las conversaciones de los juristas. Mientras todo eso ocurre, corremos el riesgo de entrar al aula y explicar el Derecho como si la sociedad se hubiera detenido a esperarnos.

El problema no es que enseñemos códigos; tenemos que enseñarlos. La dificultad aparece cuando confundimos conocer el código con conocer el Derecho. Un estudiante aplicado puede memorizar artículos, repetir conceptos, aprenderse la jurisprudencia y obtener excelentes calificaciones y, sin embargo, sentirse perdido cuando tiene delante un conflicto que no se parece exactamente al caso discutido en clase. La realidad no llega ordenada por materias. No trae un letrero que diga «esto corresponde al Derecho Civil» o «esto es Constitucional». Llega completa, con todas sus complicaciones juntas, y obliga al abogado a pensar.

Aquí hay que detenerse. Hoy la información ha dejado de ser la gran carencia: está en todas partes. Una computadora, un teléfono o una herramienta de inteligencia artificial encuentran en segundos lo que antes costaba horas localizar. El desafío está en otra parte: saber qué buscar, cómo interpretar lo hallado, qué fuentes merecen confianza, cuál es la cuestión jurídica que tenemos delante y qué consecuencias puede acarrear la respuesta que estamos construyendo. Eso no se resuelve con memoria; requiere criterio.

Por eso preocupa que, cuando hablamos de modernizar la enseñanza del Derecho, reduzcamos la conversación a incorporar tecnología. Hay que enseñar a utilizarla, desde luego. Sería absurdo formar abogados que lleguen al ejercicio profesional sin comprender la inteligencia artificial, la digitalización, las nuevas formas de contratación o los conflictos en torno a los datos personales. Pero sería un error creer que modernizar la enseñanza consiste en poner una computadora delante del estudiante. Modernizarla es enseñarle a pensar ante una realidad que también se ha transformado.

Detrás de cada una de esas transformaciones hay Derecho. Detrás de la inteligencia artificial hay responsabilidad, privacidad, propiedad intelectual y derechos fundamentales; detrás de las nuevas formas de trabajo, garantías laborales; detrás de la migración, personas, fronteras, deberes y derechos; detrás del cambio climático, decisiones públicas, intereses económicos y cargas compartidas; detrás de las redes sociales, libertad de expresión, pero también intimidad, honra y nuevas formas de agresión. Y detrás de todo ello hay algo que olvidamos cuando nos encerramos demasiado en la norma: seres humanos.

De ahí que dude que al estudiante le baste con saber más Derecho. Necesita aprender a observar mejor: escuchar un problema, descubrir lo que hay detrás, identificar los derechos involucrados, investigar, argumentar y entender que una decisión jurídica nunca se toma en el vacío. La pregunta no puede limitarse a «¿qué dice la norma?». Hay que acostumbrarlo a preguntar también: ¿qué está pasando?, ¿por qué?, ¿a quién afecta?, ¿qué está en juego?, ¿qué alternativas existen y qué consecuencias tendrá cada una?

Eso exige transformar la manera de enseñar en nuestras aulas. No para convertirlas en un espectáculo ni para abandonar los métodos que todavía funcionan, sino para acercarlas un poco más a la realidad. Necesitamos casos reales, debate, investigación, simulaciones, clínicas jurídicas y ejercicios que no se resuelvan con una respuesta de tres líneas al final del libro. El estudiante debe enfrentarse a la incertidumbre, porque eso es lo que encontrará al salir de la universidad. En el ejercicio profesional rara vez alguien le dirá: aquí está el caso, esta es la norma y esta es la respuesta correcta. Tendrá que encontrarla él.

Hay, además, un límite que no conviene olvidar: la tecnología puede ayudarnos a trabajar mejor, pero no puede responder por nuestras decisiones. Podremos contar con sistemas más rápidos, tribunales más digitalizados, bases de datos más completas y herramientas capaces de procesar enormes cantidades de información; aun así, siempre habrá un abogado que decide y una persona que deberá responder por esa decisión. La ética, entonces, no puede ser un añadido de la formación jurídica. La dignidad humana, la justicia, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales deben estar presentes en la enseñanza del Derecho, porque formamos profesionales que tendrán en sus manos decisiones que afectan a otros.

En las facultades de Derecho, la pregunta de fondo no se limita a qué materias incorporar al programa. Es más incómoda: ¿qué tipo de jurista necesita la sociedad que estamos construyendo? Podemos seguir formando abogados muy bien preparados para responder preguntas del mundo que nosotros conocimos, mientras ellos tendrán que ejercer en otro muy distinto.

La cuestión no nos es ajena. La República Dominicana vive transformaciones que ya llegan a los tribunales, a los despachos, a las empresas y a la vida diaria de los ciudadanos. La digitalización, las nuevas formas de trabajo, la migración, las redes sociales, la protección de los derechos fundamentales, los desafíos ambientales y las tecnologías emergentes forman ya parte de nuestra realidad. No podemos esperar a que nuestros estudiantes se gradúen para descubrir que el mundo para el que los preparamos ha dejado de existir.

El primer paso quizá sea admitir que la enseñanza del Derecho también forma parte del desafío. No porque todo lo que hacemos esté mal ni porque haya que borrar lo aprendido, sino porque estamos obligados a revisar si nuestras clases responden a las preguntas que hoy plantea la sociedad.

Nuestros alumnos no ejercerán el Derecho en el mundo en que nosotros lo aprendimos. Tendrán que resolver conflictos que apenas empezamos a comprender y otros que tal vez ni siquiera sabemos formular. Si así es, nuestra tarea no puede limitarse a transmitirles las respuestas que heredamos.

Tenemos que enseñarles también a hacer las preguntas.

El Derecho no existe al margen de la sociedad: vive en ella, se transforma con ella y responde a sus conflictos. Si la sociedad cambió, y con ella la profesión y los asuntos que llegan a nuestras manos, toca preguntarnos con franqueza si también nosotros estamos dispuestos a cambiar.

Al final, la pregunta sigue ahí, esperando que cada facultad, cada facilitador y cada operador del Derecho encuentre su propia respuesta: ¿estamos enseñando el Derecho que conocemos o preparando a nuestros estudiantes para el Derecho que todavía no conocemos?