En los últimos días se ha recrudecido en la sociedad dominicana el debate sobre el ejercicio de la medicina. El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional defienden la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal en agosto próximo. Entidades como el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Abogados, el Colegio de Periodistas, otras instituciones, consideran que se debería revisar antes de aplicarse; a pesar de que requirió dos décadas en estudio y discusión y un año en vacaciones legales.
Uno de los argumentos para su pronta aplicación es que sustituirá al actual Código Penal, de 1884, es decir, con 142 años en vigencia. Este razonamiento resulta débil, pues lo antiguo no es necesariamente malo, ni lo nuevo garantiza que siempre sea mejor. Basta recordar que El Quijote fue publicado en 1605; la Constitución de los Estados Unidos data de 1787; Veinte poemas de amor y una canción desesperada, famoso poema de Pablo Neruda apareció en 1924; y Hay un país en el Mundo, de nuestro poeta nacional Pedro Mir, se remonta a 1949.
Entre las innovaciones del nuevo Código Penal se encuentran aumentar la responsabilidad penal del médico, o sea, cuando en su ejercicio, por acciones u omisiones, o eventualidades o errores humanos involuntarios, produjera un daño al paciente, y afectara el orden público y la sociedad. En estos casos, deberá reparar al Estado y a la víctima con penas de pérdida de libertad y de bienes. Prisión y multas, de acuerdo con la gravedad del perjuicio.
De igual modo, tipifica diversas malas prácticas médicas, como homicidio involuntario, por negligencia profesional, las lesiones ocasionadas por descuido durante un procedimiento quirúrgico, la falta de seguimiento postoperatorio cuando esta provoque consecuencias graves, el incumplimiento de protocolos asistenciales y la ausencia del debido consentimiento informado – es decir, la autorización detallada y precisa del paciente de asumir las consecuencias de la intervención del médico.
También establece responsabilidades por omisión cuando el médico, teniendo la posibilidad real de actuar, no atenciona oportunamente un paciente bajo su cuidado; omite referirlo, ingresarlo o indicar los estudios necesarios ante signos de alarma; no da seguimiento a una evolución clínica de riesgo; incumple los protocolos mínimos de seguridad; o deja de intervenir frente a una urgencia evitable, y otras más.
Este nuevo marco jurídico genera estas interrogantes: ¿Cambiará la práctica médica de un modelo poco regulado a otro de fuerte responsabilidad penal? ¿Tienen los médicos dominicanos la capacidad económica para enfrentar multas e indemnizaciones como la de aquellos que ejercen en países más desarrollados? ¿Ya es tiempo de penalizar a los médicos o más bien son ellos víctimas de una sociedad que les exige recibir altos ingresos y de pacientes que pagan por procedimientos peligrosos e innecesarios? ¿Estamos copiando mal códigos y leyes de otros países, sin adaptarlos a nuestra realidad social y económica? ¿Cómo impactará en la relación de confianza entre el médico y el paciente? ¿Mejorará o empeorará este nuevo Código el nivel de salud del pueblo dominicano?
El tiempo, la aplicación prudente de la ley y la interpretación de los tribunales serán los que responderán estas preguntas. Mientras, se percibe la incertidumbre y el temor entre muchos médicos en ejercicio. Al respecto, Diario libre informó: “El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó un paro nacional de 24 horas a partir de las 8:00 de la mañana del martes 7 de julio, en rechazo al arresto de dos médicos en la provincia de La Vega por un presunto caso de mala práctica médica, al considerar que la actuación de la Fiscalía constituye un abuso del poder judicial y un precedente que criminaliza el ejercicio de la medicina”.
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