El gobierno de Jean Pierre Boyer, en las memorias de Joseph Balthazar Inginac

Las Memorias de Joseph Balthazar Inginac (1775-1847), redactadas en Kingston en 1843 durante el exilio que compartió con Boyer tras la renuncia de este a la presidencia en marzo de ese año, constituyen un testimonio fundamental para comprender el gobierno de Jean-Pierre Boyer, a quien sirvió como secretario general durante un cuarto de siglo. Su propósito central fue la vindicación personal ante las acusaciones de traición y complicidad que le valieron el destierro, pero en el proceso traza un retrato detallado y, a menudo, apologético, del carácter y la gestión de Boyer. Tras la revolución, Inginac acompañó a Boyer a Kingston, pero mientras el exmandatario terminó sus días en París, el exsecretario permaneció en Kington, donde completó sus memorias, y en 1845 volvio a Puerto Principe, donde moriría en 1847.

Jean-Pierre Boyer, hijo natural de un criollo blanco y de la africana liberta Marie-Françoise, nació en Puerto Príncipe el 15 de febrero de 1776. Comenzó su vida  como sastre, entre la aguja y el paño, pero el destino lo llevó pronto a las armas: desde 1792 combatió por la abolición de la esclavitud y luego contra los ingleses; tras aliarse con el general Rigaud, jefe de la cuadrilla de los mulatos,  y padecer un breve destierro, participó en la expedición de Leclerc en 1802, para luego distanciarse y adherirse a la causa de Pétion, quien lo ascendió de coronel a general de división. A la muerte de Pétion, en 1818, heredó la presidencia vitalicia de Haití.

Su gobierno, que se extendió por un cuarto de siglo, quedó señalado por dos empresas fundamentales: la unificación de la isla con la anexión de la parte española en 1822, y el controvertido tratado de 1825 con Francia, por el que asumió la onerosa carga de 150 millones de francos a cambio del reconocimiento de la independencia. Boyer gobernó con mano de hierro, aunque con una cautela que lo llevó a rechazar donaciones del Senado y a contribuir de su bolsillo con 40.000 gourdes para pagar la deuda francesa. No obstante, su régimen ha sido juzgado con severidad: Edner Brutus en su ya clásica obra: L instruction publique en Haiti,  lo tacha de oscurantista, indiferente a la educación pública, mientras otros le reprocharon haber arruinado la economía, cerrado el país a la inversión extranjera, obsesionado con la creación de una nación negra, importando ex esclavos y manteniendo un equilibrio racial calculado —cinco mulatos por cada dos negros— que impuso incluso en Santo Domingo.

Su poder se cimentó en la élite mulata del Sur, con el general Borgellá a la cabeza, a quien confió el mando de Santo Domingo para garantizar la ocupación sin resistencia, usando este contrapeso frente a los negristas del Norte. En lo personal, mantuvo durante veinticinco años a Joute Lachenais como compañera, aunque solo contrajo matrimonio con ella en los años postreros.

Derrocado por la Revolución de La Reforma en marzo de 1843, se exilió primero en Jamaica y luego en Francia, donde el rey Luis Felipe lo recibió con honores de príncipe. Sin embargo, su fortuna —plantación Vaudreuil, varias casas en Santo Domingo, bienes muebles— fue objeto de expropiacion: por decreto del 9 de marzo de 1844 se confiscaron todas sus propiedades, incluidas su plantación de café en Jacmel. Pese a sus demostraciones de desprendimiento, murió en París el 9 de julio de 1850, a los setenta y cuatro años, en la indigencia, dejando tras de sí un país en ruinas. Su cuerpo yace en el cementerio del Père Lachaise, junto a la tumba del poeta romántico  Alfred de Musset.

Características generales de su régimen

 El régimen de Boyer dejó una huella profunda en la educación dominicana, marcada por el estancamiento sistemático. El cierre de la Universidad de Santo Domingo en 1823, motivado por la imposición del servicio militar obligatorio que vació las aulas para llenar los cuarteles, fue el golpe más grave: la institución, faro intelectual de la colonia, quedó reducida a un recuerdo, y con ella emigraron figuras como el rector Moscoso y el doctor Correa y Cidrón, dejando un vacío cultural que tardaría décadas en llenarse. La prohibición de la enseñanza en el campo, consignada en el Código Rural, y la conversión de la educación en responsabilidad privada redujeron el acceso al conocimiento a unas pocas escuelitas particulares, mientras el 85% de la población permanecía en el analfabetismo. La imposición del francés como idioma oficial agravó el aislamiento, pues el español era la lengua materna de los dominicanos. Ante este panorama, la resistencia intelectual se refugió en la clandestinidad: Duarte recurrió al autodidactismo, y el presbítero Gaspar Hernández convirtió la sacristía de la iglesia Regina Angelorum en una suerte de universidad humilde, donde impartía lecciones de filosofía, latín, historia y derecho político a los jóvenes trinitarios.

En lo económico, el régimen de Boyer se vio asfixiado por la deuda con Francia. El tratado de 1825, por el que Haití asumió la indemnización de 150 millones de francos, se convirtió en el nudo gordiano de su gestión: para pagar el primer plazo, contrajo un préstamo de 30 millones —del que solo recibió 24—, iniciando un ciclo de endeudamiento insostenible. Aun cuando Francia redujo la deuda en 1838,  a 80 millones de francos,  para honrar estos compromisos, implementó una política de exacción despiadada: aumentó los impuestos territoriales y de exportación, exigió el pago de aranceles en moneda fuerte, y decretó contribuciones extraordinarias. El Código Rural de 1826, concebido para revivir la economía de plantación, fracasó: los campesinos se resistieron a volver al sistema de plantación, y el gobierno carecía de medios para imponerlo. La exacción se extendió a la propiedad privada mediante la figura de la muerte civil, que permitía confiscar los bienes de los ausentes. El cierre a la inversión extranjera, consignado en la Constitución, impidió la entrada de capitales, mientras la emisión de papel moneda generó una crisis monetaria. El resultado fue un estancamiento económico que empobreció a la población de ambos lados de la isla.

La batalla legislativa de los dominicanos

La unificación de la isla en 1822 no fue solo un acto militar, sino también un experimento político en el que Jean-Pierre Boyer, con esa mezcla de pragmatismo y astucia que lo caracterizaba, integró a la élite dominicana en la estructura legislativa haitiana mediante un edicto del 27 de febrero que disponía la elección de quince diputados —y otros tantos suplentes— para representar a los catorce comunes de la parte oriental en la Cámara de los Comunes de Puerto Príncipe. La representación dominicana en la Cámara haitiana constaba de dieciséis diputados para los catorce comunes del Este: dos para Santo Domingo y Santiago, y uno para cada una de las demás; en un hemiciclo de setenta y dos miembros, constituían el 22% de la asamblea.

Entre los elegidos, figuras como José María Caminero, Pablo Altagracia Báez, Antonio María Pineda, P. Quiñones y Jean Bahu encarnaban ese delicado equilibrio entre la sumisión al nuevo orden y la defensa, cuando menos simbólica, de los intereses de sus conciudadanos. Caminero, en particular, destacó desde el principio no solo por su influencia, sino porque, al ser el único que dominaba con soltura el francés, se convirtió en el traductor oficial de los debates para sus colegas dominicanos, un rol que, lejos de ser meramente técnico, le otorgaba un poder discrecional: podía matizar, omitir o enfatizar argumentos según conviniera, actuando así como un filtro entre el discurso oficial haitiano y la comprensión de sus compañeros.

Durante más de dos décadas, la Cámara funcionó como una cámara de eco del Ejecutivo. Boyer había alejado de los empleos y consejos a quienes pudieran defender con vehemencia los derechos de los dominicanos, y los diputados, en su mayoría, se limitaron a aprobar las leyes enviadas desde el Palacio sin mayor discusión. El silencio ante la Ley del 8 de julio de 1824, que permitía la expropiación de tierras de la Iglesia y de los terrenos comuneros, fue revelador: no hubo oposición alguna por parte de los representantes del Este, lo que algunos historiadores, como Frank Moya Pons, han interpretado como una pasividad estratégica, casi maquiavélica, en la que figuras como Caminero habrían permitido el avance de una medida que sabían generaría un descontento tan profundo que, a la larga, empujaría a los dominicanos hacia la rebelión. Incluso en el Affaire Darfour de 1822, cuando el diputado haitiano Félix Darfour denunció a Boyer por favorecer a los mulatos en perjuicio de los negros, los dominicanos se alinearon unánimemente con el presidente, firmando un manifiesto de repudio contra Darfour, pues su retórica racial les parecía una amenaza directa a su propia posición social.

El verdadero conflicto surgió con la aplicación del Artículo 38 de la Constitución haitiana de 1816, que prohibía a los blancos ser propietarios en el territorio de la República. Boyer, siempre pragmático, resolvió la contradicción mediante un decreto de febrero de 1823 que permitía a los españoles europeos conservar sus tierras si juraban fidelidad a Haití y renunciaban a su nacionalidad extranjera. Así, al naturalizarse, quedaban exentos de la prohibición constitucional. Para justificar la presencia de propietarios blancos en un Estado que se definía como una República de negros, se argumentó que los españoles de la isla no eran blancos puros, sino que, por su mezcla histórica con moros y africanos, podían ser clasificados como parte de la familia africana. Sin embargo, para aquellos que, como José Basora, se negaron a renunciar a su nacionalidad original, la consecuencia fue la pérdida de sus derechos políticos, aunque conservaran la propiedad de sus fincas. Las tácticas de intimidación, como las amenazas veladas de repetir las masacres de 1804, también se emplearon para forzar la emigración de las familias blancas reacias, permitiendo así al Estado confiscar sus bienes bajo la figura legal de la ausencia.

Pero fue en 1843, tras la caída de Boyer, cuando los diputados dominicanos encontraron por fin el espacio para un activismo político auténtico. En la Asamblea Constituyente, Buenaventura Báez, diputado por Azua, presentó una propuesta que sacudió los cimientos del sistema: la naturalización universal para los blancos, independientemente de su origen, tras un período de residencia y una declaración de voluntad. Esta moción, respaldada por David Saint-Preux y otros, buscaba derogar el Artículo 38 y permitir que los blancos fueran propietarios, argumentando que su presencia era un elemento de civilización necesario para el progreso del país, especialmente en el Este, donde la población negra era minoritaria. Era una forma de amoldarse al carácter multirracial de la sociedad dominicana y permitir su reunificación con los exiliados.

Sin embargo, la oposición haitiana fue feroz. Para los diputados del Oeste, la idea de permitir la naturalización de blancos era una traición a la Revolución de 1804 y a la esencia misma de la República. Tras un debate con más de cuarenta oradores, la Asamblea aprobó una enmienda restringida que solo otorgaba derechos civiles y políticos a los blancos que habían participado activamente en la Revolución de 1843 contra Boyer. La propuesta de Báez, aunque fracasó, sembró una desconfianza profunda entre los haitianos y unió a los dominicanos en torno a la idea de que la unión era insostenible.

La política de Boyer fue de un exclusivismo racial sin disimulos: a los blancos criollos se les conminaba a naturalizarse o emigrar, mientras que a los negros estadounidenses —por el mero color de su piel— se les concedían 100 tareas de tierra y todos los derechos nacionales. No era filantropía, sino suplantación demográfica: expulsar a unos, atraer a otros, para anular la hispanidad del Este.

El método fue el terror sistemático: soldados haitianos, apostados de noche ante las casas de los blancos, gritaban amenazas de muerte evocando el 1804. Al huir las familias, el Estado aplicaba la ley de confiscación, declarando la confiscación de los bienes de los ausentes que no regresaran en breve plazo, y así la élite militar se adueñaba de casas, ingenios y tierras.

Junto a esta iniciativa, otros diputados como Toribio López Villanueva intervinieron para exigir el fin de las comandancias militares que subyugaban al Este, abogando porque el poder recayera en autoridades civiles. También se alzó la voz para defender la identidad cultural: se exigió que los actos públicos se redactaran en español, que se respetara la religión católica y que se conservaran las costumbres locales. Incluso, un bloque secreto liderado por Báez, en el que figuraban Tejera, Valencia y Rojas, comenzó a negociar  a puertas cerradas con el cónsul francés en busca de un protectorado, como paso previo a la independencia definitiva. Caminero, por su parte, siguió siendo una figura clave en las Comisiones de Propiedad, donde su labor consistió en buscar fórmulas legales que permitieran al Estado haitiano reclamar tierras sin expropiar masivamente a los terratenientes dominicanos que decidieron permanecer en el país.

Las dificultades a las que se enfrentaron los diputados dominicanos fueron múltiples y complejas. La barrera lingüística, que obligaba a depender de las traducciones de Caminero, los reducía a un papel de votantes pasivos, incapaces de debatir en igualdad de condiciones. Su minoría numérica en la Cámara —dieciséis diputados frente a una mayoría abrumadora de haitianos— hacía que sus propuestas fueran fácilmente diluidas o ignoradas. La presión constante de Boyer, que controlaba las votaciones y marginaba a cualquier disidente, los obligaba a guardar un silencio cómplice. Además, la desconfianza racial era un muro infranqueable: los haitianos veían a los dominicanos como blancos o mestizos privilegiados, y cualquier intento de reforma era interpretado como una amenaza a su proyecto nacional. Por último, la falta de legitimidad de su elección, manipulada por Boyer, los despojaba de credibilidad ante su propia población, que los veía como meros títeres de un régimen opresor.

Así, la trayectoria de estos diputados en Puerto Príncipe fue un reflejo fiel de la evolución política de la parte Este: desde el servilismo inicial, donde actuaron como instrumentos de un poder ajeno, hasta el activismo tardío de 1843, cuando, aprovechando el vacío de poder, se convirtieron en artífices de una resistencia que ya no se conformaba con reformar el sistema, sino con derrocarlo. La propuesta de Báez sobre la naturalización de los blancos, más que un simple debate legislativo, fue el acto que desgarró el velo: Haití no quería blancos como ciudadanos, y el Este no quería ser una república de exclusivismo negro. La Cámara, entonces, dejó de ser un teatro de farsas para convertirse en el prólogo de una nación.

Las luchas legislativas de los dieciséis diputados dominicanos en Puerto Príncipe pusieron al descubierto el abismo entre el proyecto de Boyer —que, aliado a Granville, aspiraba a convertir el Este en una nación negra mediante la repoblación con ex esclavos para anular su hispanidad— y la tozuda voluntad de los criollos de preservar su identidad. El rechazo haitiano a la naturalización de blancos, la imposición del francés y el dogma de la indivisibilidad constitucional eran pruebas palmarias de que la unión no era viable, sino un yugo. Caminero, con su habitual prudencia, pasó de puntillas por estos peliagudos conflictos, pero en el círculo de los suyos —Báez, Bobadilla— maduró la convicción de que solo un protectorado francés, como el negociado con Levasseur, podría redimirlos, llevándonos primero a la separación definitiva. La doble deuda, el Artículo 38 y el desdén racial completaron el cuadro. Así, entre la sumisión y la rebeldía, se forjó el ideario anexionista que, al final, allanaría el camino a la independencia de 1844.

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