Orpea era en 2021 una historia de éxito empresarial. Compañía europea fundada en Francia en 1989 por un neuropsiquiatra, se había convertido en el líder mundial en residencias de cuidados para ancianos y personas de la tercera edad. Operaba más de mil residencias geriátricas, clínicas de rehabilitación y centros de salud mental para ancianos en veintidós países, con cerca de ciento cinco mil camas y unos ingresos de aproximadamente 4.200 millones de euros en 2021. Cotizaba en la bolsa de Euronext París y formaba parte del universo de empresas bien vistas por las calificadoras extrafinancieras, que evalúan la responsabilidad social según los criterios ESG (Environment, Social and Governance: medioambiente, social y gobernanza).

En su reporte trimestral publicado en septiembre de 2021, Orpea presumía de ser una empresa socialmente responsable en su sector y de haber sido objeto de excelentes calificaciones en responsabilidad social por parte de agencias calificadoras como Vigeo Eiris, de Moody’s, e ISS ESG. [1]

En la foto oficial, Orpea encarnaba la imagen perfecta: una empresa dedicada al cuidado de ancianos que prestaba sus servicios, según las calificadoras extrafinancieras ESG, con un nivel ejemplar de responsabilidad y compromiso social.

Lo que el libro “Los Sepultureros” encontró

Luego de una investigación periodística secreta, en enero de 2022 se publicó el libro Los sepultureros, revelaciones sobre un sistema que maltrata a nuestros ancianos, del periodista Victor Castanet, que develaba a la opinión pública el funcionamiento vergonzoso de la empresa Orpea. El libro, que ganó el premio francés de periodismo, era el resultado de tres años de investigación, doscientos cincuenta testimonios recogidos y archivos internos cruzados.

La investigación del libro de Castanet documentaba que los pañales para los ancianos incontinentes se entregaban contados, a razón de tres por jornada en algunas residencias, y que el personal, ante la falta, se veía obligado a dejar a los residentes esperando hasta el siguiente turno. Describía comidas proporcionadas por debajo de las necesidades nutricionales, con un costo por residente y por día que rondaba unos pocos euros para cubrir desayuno, almuerzo y cena. Recogía testimonios de familiares que llegaban a la residencia a llevar comida a su madre o a su padre porque la propia institución no se la proporcionaba suficientemente.

Hablaba de personal de enfermería sistemáticamente subdimensionado para el número de camas, con turnos donde una sola persona debía atender a quince o veinte residentes ancianos en estado de dependencia avanzada. Y narraba escenas de residentes encontrados en sus propios desechos durante horas y casos donde la falta de hidratación era una constante.

Incluso se constató que enfermeras que trabajaban en las residencias eran amonestadas y sancionadas si daban “demasiada” comida o dedicaban “demasiado” tiempo a los ancianos.

Lo central de la investigación no era ese horror anecdótico, sino que esa penosa situación era parte de un sistema. Las decisiones sobre pañales, comidas y personal no eran fallos locales atribuibles a una gerencia descuidada. Eran resultado de objetivos de rentabilidad, transmitidos desde la sede central, monitoreados con indicadores y traducidos a cada residencia como metas de limitación de gastos.

Ante el escándalo, el Gobierno francés ordenó la inspección de las más de siete mil residencias de la tercera edad del país. La Fiscalía abrió investigaciones por maltrato y malversación de fondos públicos, ya que parte del modelo de negocio dependía de subsidios del Estado. La Autoridad de Mercados Financieros (AMF) terminó suspendiendo la cotización de la acción en bolsa en octubre de ese año.

El colapso reputacional y financiero

El impacto del escándalo en el valor de la acción de Orpea, que cotizaba en bolsa, fue inmediato. Entre el 20 de enero y el 4 de marzo de 2022, la acción perdió un 57 % de su valor. Hacia finales del año había caído cerca de un 90 %. [2]

Para enero de 2023, incapaz de sostener una deuda de miles de millones de euros con un negocio que se desplomaba y una reputación devastada, Orpea entró en un proceso de reorganización concursal que terminó con la intervención del Estado francés, que tomó el control mediante una conversión de millones de euros de deuda en capital.

Como si todo esto fuera poco, un proceso penal por uso de información privilegiada se abrió contra el presidente ejecutivo de la compañía, a raíz de operaciones de venta de acciones realizadas sospechosamente antes de la publicación del libro, al parecer a sabiendas de que las revelaciones de este eran ciertas e iban a afectar negativamente las acciones que poseía.

Lo que el desplome dejó al descubierto fue el caso y el sistema que lo avalaba. Las calificaciones de responsabilidad social que Orpea exhibía no detectaron lo que un periodista con una investigación independiente sí pudo documentar: que Orpea era una empresa que había desarrollado un modelo de rentabilidad y un sistema basado en explotar ancianos vulnerables, muy lejos de la imagen de responsabilidad social y ética de negocios que presentaba.

Incluso se constató que, contrario a la imagen de empresa social y responsable que quería dar, Orpea presionaba a sus empleados para ejecutar objetivos financieros cuya obtención descansaba precisamente en esa lógica de maltrato, un criterio que las calificadoras nunca incorporaron en sus evaluaciones, que otorgaban calificaciones ESG elevadas.

Lecciones para las calificaciones sobre responsabilidad social (ESG)

La metodología ESG, tal como la operan las grandes calificadoras, evalúa la exposición de la empresa a riesgos financieros materiales derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Esas metodologías tienden, sobre todo, a mirar lo que la empresa declara, lo que sus políticas formales prometen y la presencia de los procedimientos esperados. Lo que ocurre en el terreno, donde se decide cuántos pañales se entregan, cuántos minutos se dedican a cada residente y cómo se trata a los empleados, queda fuera de su campo de visión, salvo que ya haya estallado un escándalo.

La paradoja del caso Orpea es que agencias calificadoras evaluaron la compañía y le dieron notas de responsabilidad social positivas mientras dentro de sus paredes ocurrían maltratos y vejaciones. Este caso reveló que la calificación es, en muchos casos, un sello que se otorga a las empresas tras un proceso estandarizado, alimentado en buena parte por la información que la propia compañía examinada provee. Mientras los procedimientos estén en su sitio y los reportes lleguen a tiempo, la nota se sostiene. El derrumbe de Orpea no se anticipó en ninguna actualización de rating; se anticipó en un libro escrito producto de una investigación de un periodista.

Casos como este no son nuevos. Antes de Orpea, British Petroleum (BP) gozaba de calificaciones aceptables en variables ambientales antes del estallido de Deepwater Horizon en 2010 y la contaminación masiva de las aguas del golfo de México producto de la negligencia. Igualmente, Volkswagen aparecía entre las empresas modelo de gobernanza meses antes del Dieselgate de 2015, que reveló cómo se falseaban datos de contaminación de vehículos.

Esto revela que, en muchos casos, el rating se concede con criterios estandarizados sobre información declarada por la propia empresa evaluada y que el trabajo de campo, la observación directa y las preguntas difíciles, que es lo que produjo el libro Los sepultureros, en muchas ocasiones no forman parte del proceso.

La conclusión que se impone no es desechar la calificación extrafinanciera basada en criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ESG). Es exigirle lo que toda calificación debería ofrecer: profundidad real en el dato, contraste con fuentes externas a la propia empresa y métodos que no se limiten a verificar la existencia de políticas, sino que evalúen su aplicación concreta.

Notas:

[1]Información declarada por la propia Orpea en su reporte trimestral del 30 de septiembre de 2021, citada por Weefin en el estudio de caso Orpea case study: How to create more engaged ESG metrics?, disponible en https://www.weefin.co/en/blog/orpea-case-study-how-to-create-more-engaged-esg-metrics

[2] Datos consolidados a partir de Mirabaud Group, The Orpea Affair: Investors' responses to a social scandal, marzo de 2022, y de despachos de Reuters reproducidos por Euronews entre octubre de 2022 y febrero de 2023.

Referencias:

– Les fossoyeurs, Révélations sur le système qui maltraite nos aînés/ Los sepultureross, revelaciens sobre un sistema que maltrata a nuestros ancianos. Editore Yayard, Paris, 2022. Premio Frances de Periodismo.

– Periódico Cinco Dias: La multinacional de residencias Orpea pierde la mitad de su valor en Bolsa por un escándalo de malos tratos: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/31/mercados/1643636015_978503.html

– Periódico Financial Times: French care home group Orpea plunged into crisis by mistreatment allegations https://www.ft.com/content/f0b1a72d-94f2-4ed4-a5fe-b60302e8596b

– Artículo del autor en acento https://acento.com.do/opinion/calificadoras-de-riesgos-extra-financieros-1-2-9075022.html

Angel Santana Gómez

Abogado y consultor

Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM (2001). Maestría en Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid (2006) y Máster en Derecho Internacional de Negocios y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales, París, (2010) (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales - ESSEC). Previamente abogado asociado en la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández en Rep. Dominicana y actual Director Legal en la división de banca de inversiones y servicios globales de valores del banco Societe Generale en Francia, encargado del área de servicios financieros a emisores de acciones y obligaciones cotizadas en las bolsas de valores europeas y financiamientos estructurados a fondos de inversiones públicos y privados. Miembro del comité de estudio de emisores de valores del observatorio jurídico de la Asociación Francesa de Profesionales del Mercado de Valores (AFTI por sus siglas en Francés) y miembro de la Asociación Nacional de Juristas de Bancos franceses (ANJB). Instructor y conferencista sobre reglamentación financiera, custodia de valores y servicios post trade, operaciones financieras en los mercados de capitales, financiamientos estructurados internacionales y fondos de inversión.

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