Este artículo constituye la tercera entrega de un conjunto de 5, que intenta fundamentar el rol del capital humano como clave central para alcanzar la Meta de duplicar el PIB para 2036. Crecer exige producir más y mejor, pero también entender la formación del capital humano como infraestructura productiva, comprender que más escolaridad no significa necesariamente más productividad, y que la forma y función del órgano rector importa, tanto como el tiempo de las reformas.

Hay cifras que, contempladas por separado, parecen anunciar buenas noticias. Sin embargo, cuando se colocan unas junto a otras, revelan contradicciones que llaman a la prudencia. América Latina ha conseguido que sus ciudadanos permanezcan cada vez más años en las aulas. Ha construido escuelas, multiplicado universidades, ampliado presupuestos y extendido oportunidades educativas que generaciones anteriores apenas podían imaginar. Pero ese extraordinario esfuerzo, que alguna vez Germán Rama calificó de fuga hacia adelante cuando servía a la educación de la región desde el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, no ha producido un aumento equivalente de la productividad de sus economías.

La paradoja merece atención. Durante décadas, la educación fue presentada como una de las grandes promesas del desarrollo latinoamericano. La expectativa parecía razonable. Una población más educada debía producir más, innovar mejor y acceder a empleos mejor remunerados. La historia, sin embargo, enseña que las relaciones entre las aspiraciones de una sociedad y sus resultados rara vez son tan sencillas.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en septiembre de 2026, vuelve sobre esta cuestión. Entre 1960 y 2019, América Latina y el Caribe registró un crecimiento económico promedio de apenas 1,8 % anual. De ese crecimiento, aproximadamente un punto porcentual estuvo asociado al aumento de la escolaridad, mientras que la productividad total de los factores, indicador de la eficiencia con la que una economía combina sus recursos, aportó solamente una décima de punto porcentual.

El resultado constituye una advertencia. La región consiguió acumular capital educativo, pero encontró dificultades persistentes para transformar ese esfuerzo en innovación, eficiencia y mayor valor agregado.

La República Dominicana ofrece un ejemplo especialmente interesante de esta contradicción. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD, la población dominicana de 25 años o más acumulaba, en 2023, un promedio de 9,4 años de escolaridad. La cifra supera la de varios países latinoamericanos y se encuentra relativamente próxima a los 10,8 años registrados en España, utilizando la misma fuente estadística.

Conviene reconocer la importancia de ese progreso. La escolarización permitió incorporar a millones de personas a oportunidades de aprendizaje, movilidad social y participación ciudadana. Pero los años de escolaridad constituyen una medida del tiempo transcurrido dentro del sistema, no necesariamente de los conocimientos adquiridos. Dos personas pueden haber completado idénticos ciclos educativos y poseer capacidades radicalmente diferentes para comprender un texto, interpretar datos, resolver problemas o utilizar tecnologías.

La cuestión adquiere particular relevancia cuando se examinan los recursos invertidos. Desde la incorporación del denominado 4 % del PIB a la educación preuniversitaria en 2013, la República Dominicana ha realizado un esfuerzo presupuestario sostenido. La ejecución anual del Ministerio de Educación pasó de aproximadamente RD$95.000 millones en 2013 a RD$305.000 millones en 2025, cifras expresadas en pesos corrientes.

Esa expansión contribuyó a financiar la operación y ampliación del sistema educativo. Sin embargo, la capacidad de ejecutar presupuestos no equivale a la capacidad de producir aprendizajes. El primero es un indicador administrativo. El segundo constituye una medida sustantiva de la eficacia de la política educativa.

Las evaluaciones nacionales permiten observar esa diferencia. En la Evaluación Diagnóstica de tercer grado de primaria de 2023, apenas el 17,7 % de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio en Lengua Española y el 23,7 % en Matemática. Es decir, una proporción considerable de niños concluía esa etapa sin demostrar plenamente las competencias esperadas.

Los resultados más recientes tampoco permiten ignorar la profundidad del problema. La Evaluación Diagnóstica Nacional de tercer grado de secundaria de 2025, aplicada a más de 129.000 estudiantes de unos 2.400 centros educativos, encontró que solamente el 6 % alcanzó el nivel satisfactorio en Matemática. En Lengua Española lo consiguió el 17 %, en Ciencias Sociales el 7,1 % y en Ciencias de la Naturaleza el 15,1 %.

Aunque las evaluaciones corresponden a grados y competencias diferentes, ambas revelan una dificultad persistente para conseguir que una proporción suficiente de estudiantes domine los aprendizajes fundamentales en las etapas previstas.

La comparación internacional resulta todavía más elocuente. PISA 2025 encontró que únicamente el 9 % de los estudiantes dominicanos de 15 años alcanzaba al menos el nivel básico de competencia en Matemática, frente al 65 % de la OCDE. En lectura la proporción fue del 23 %, frente al 69 %, y en ciencias del 26 %, frente al 74 %. Los resultados se mantuvieron aproximadamente estables respecto de 2022, aunque Matemática y Ciencias muestran avances frente a las evaluaciones de 2015 y 2018.

La distancia no es solamente estadística. Un joven que encuentra dificultades para comprender instrucciones escritas, interpretar proporciones o identificar relaciones entre variables enfrenta obstáculos concretos para incorporarse a procesos de producción cada vez más sofisticados. También encuentra mayores dificultades para continuar aprendiendo cuando cambian las tecnologías y las ocupaciones.

Existe otra dimensión menos visible. PISA 2025 registra que alrededor de la mitad de los estudiantes dominicanos declaró haber faltado al menos un día a la escuela durante las dos semanas anteriores a la evaluación, frente al 22 % de la OCDE. La cantidad de años formalmente cursados puede ocultar diferencias importantes en el tiempo efectivo de aprendizaje. Una jornada escolar extendida, por sí sola, no garantiza una jornada de aprendizaje extendido.

¿Hasta qué punto estas debilidades ayudan a explicar las restricciones productivas del país?

La economía dominicana ha experimentado un crecimiento considerable y ha conseguido mejoras en su productividad laboral. La OCDE estima que, medida como proporción de la producción estadounidense por persona ocupada, pasó del 29,6 % en 2016 al 33,5 % en 2023. El resultado supera el promedio latinoamericano, situado en el 27,1 %, pero también revela la distancia que todavía separa a República Dominicana de las economías más avanzadas.

Por consiguiente, no sería correcto afirmar que el país ha permanecido inmóvil. El verdadero problema consiste en determinar cuánto más podría avanzar si lograra transformar una mayor proporción de su inversión educativa en competencias efectivas, innovación y mejores organizaciones productivas.

La respuesta no depende exclusivamente de la escuela. Una parte considerable de la fuerza laboral dominicana continúa trabajando en actividades de baja productividad. En 2025, la informalidad representaba el 54,1 % de los ocupados. Durante el segundo trimestre de 2026 todavía alcanzaba el 53,8 %. Estas condiciones restringen frecuentemente las oportunidades de capacitación, incorporación tecnológica y movilidad hacia empleos mejor remunerados.

Existe, además, una relación que funciona en ambas direcciones. Las empresas necesitan trabajadores capaces de innovar y aprovechar tecnologías. Los trabajadores necesitan empresas que utilicen esas capacidades y ofrezcan remuneraciones acordes con su contribución. Cuando el aparato productivo demanda pocas competencias, disminuyen los incentivos para adquirirlas. Cuando la educación proporciona competencias insuficientes, se reducen las posibilidades de sofisticación empresarial.

El BID ha encontrado evidencias reveladoras de esta desconexión. Un análisis de aproximadamente 2,08 millones de vacantes laborales publicadas entre 2022 y 2026 en seis países latinoamericanos, incluida República Dominicana, muestra la creciente importancia de la experiencia, las habilidades digitales, el inglés y otras capacidades específicas. Las credenciales académicas continúan siendo relevantes, pero su valor depende también de aquello que las personas pueden demostrar que saben hacer.

Una empresa turística que necesita profesionales capaces de utilizar sistemas inteligentes de gestión, una industria que incorpora automatización o un centro logístico que requiere interpretar información en tiempo real no demanda únicamente certificados. Necesita capacidades que permitan utilizar la tecnología, resolver problemas y mejorar continuamente los procesos.

Esta realidad conduce a una conclusión importante para META RD 2036. La política de capital humano no puede limitarse a aumentar matrícula, graduaciones o presupuestos. Debe ocuparse de la calidad de los aprendizajes, de la pertinencia de las cualificaciones y de las oportunidades que ofrece el aparato productivo para aprovecharlas.

Ello supone garantizar que los niños aprendan a leer, comprender y razonar matemáticamente desde los primeros años, fortalecer la enseñanza y su evaluación, proteger el tiempo efectivo de clases y construir trayectorias educativas que permitan avanzar desde la escuela hacia la formación técnica, la universidad y el trabajo sin interrupciones innecesarias.

También exige una participación empresarial más comprometida. La capacitación dentro de las empresas, la formación dual, el reconocimiento de competencias adquiridas mediante la experiencia y los mecanismos de actualización profesional deberían formar parte de una arquitectura nacional de aprendizaje permanente. La inteligencia artificial vuelve particularmente urgente esta transformación, porque modifica las competencias requeridas con una velocidad que los sistemas educativos tradicionales difícilmente pueden acompañar.

META RD 2036 propone una ambición de crecimiento que no podrá descansar indefinidamente sobre la acumulación de trabajo y capital. Para sostenerla será indispensable elevar la productividad, incorporar tecnología y desarrollar capacidades humanas que permitan utilizarla con inteligencia.

La política educativa deberá, por tanto, acostumbrarse a preguntas diferentes. No solamente cuántos estudiantes asisten a las aulas, sino cuánto aprenden. No únicamente cuántos egresan, sino qué pueden hacer al concluir sus estudios. No exclusivamente cuánto dinero se ejecuta, sino qué capacidades nuevas produce ese esfuerzo y cómo contribuyen al desarrollo económico y social.

La educación posee un valor que trasciende la economía. Forma ciudadanos, transmite cultura y amplía las posibilidades de libertad individual. Precisamente por esa importancia, reducir su evaluación al tiempo de permanencia en las instituciones constituye una manera insuficiente de reconocer su verdadera contribución.

La República Dominicana ha conseguido añadir años a la escolaridad de su población. El desafío de la próxima década será conseguir que esos años añadan conocimientos, capacidades, oportunidades y productividad a la vida de las personas.

Porque el desarrollo de una nación no se mide solamente por el tiempo que sus ciudadanos han dedicado a estudiar, sino también por aquello que ese aprendizaje les permite llegar a ser y construir.

Darwin Caraballo

Ciencias políticas

Licenciado en Ciencias Políticas, maestrías en Negocios y Administración, Innovación y Emprendimiento, diplomado en investigación social, machine learning, relaciones públicas y planificación de políticas públicas. Miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE. Director Ejecutivo de EDUCA República Dominicana 2012-2025; Desde 2015 secretario del GPCN, una Usina de Pensamiento que reúne a los principales lideres empresariales de la República Dominicana. Desde 2020, miembro del Gabinete Presidencial de Educación. Desde 2024 Advisor Officer en Tavares Group. Entre 2004 y 2012 fungió como consultor senior y funcionario de organismos multilaterales y, organizaciones de los sectores público y privado de 17 países Latinoamericanos. Ha contribuido al Desarrollo a través del diseño, la coordinación y la gestión de múltiple políticas públicas y programas. Experiencia en la definición de marcos normativos, en gerencia pública y privada, en la evaluación de políticas, financiamiento y gestión y administración de carteras de crédito multilateral.

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