El costo social del alcohol y el imperativo de una ley de control

El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica profundamente arraigada en la cultura y la vida social de nuestro país. Sin embargo, más allá de la dinámica de esparcimiento, el abuso en la ingesta de  alcohol representa un complejo desafío de salud pública, de seguridad ciudadana y ordenamiento social que el Estado ya no puede postergar.

Más allá de la salud pública y la seguridad vial, la restricción de horarios exige un marco legal definitivo aprobado por el Congreso Nacional.

Las estadísticas oficiales, los estudios de organizaciones respetables y los informes de organismos internacionales exponen una realidad categórica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente un 13% de la población dominicana presenta algún grado de dependencia alcohólica. Esta problemática se agrava en poblaciones de alta vulnerabilidad: El Clúster de Alcohol de la Dirección General de Salud Mental ha advertido de manera reiterada sobre el incremento en el consumo temprano entre adolescentes y en mujeres gestantes,  comprometiendo el neurodesarrollo infantil y exponiendo al feto a daños irreversibles.

A esto se suman patrones de consumo: Se observa una tendencia hacia patrones de consumo episódico excesivo concentrados en fines de semana y festividades. El domingo registra el mayor porcentaje de accidentes de tránsito fatales, concentrándose la franja de mayor riesgo entre las 6:00 p.m. y las 6:00 am, con un pico crítico entre la medianoche y las 4:00 a.m.

El impacto sanitario es letal a corto y largo plazo. El consumo nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos crónicos. Clasificado por la OPS como un carcinógeno humano comprobado, se asocia al desarrollo de tumores en la cavidad oral, esófago, hígado, colon y mama. A nivel hepático y cardiovascular, predispone a la cirrosis y eleva drásticamente el riesgo de infarto. En las salas de urgencias, las intoxicaciones agudas no solo saturan el sistema hospitalario, sino que frecuentemente degeneran en episodios de violencia intrafamiliar y riñas comunitarias.

Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) –a través de la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) y junto a la Policía Nacional- ha procurado mitigar los índices de criminalidad, siniestros viales y la contaminación sónica mediante la regulación de horarios para establecimientos nocturnos y la sanción a la venta de alcohol a menores.

No obstante, esta estrategia regulatoria enfrenta hoy un dilema constitucional. Durante años, el control de horarios y la restricción del expendio se han manejado principalmente mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales. Sentencias recientes del Tribunal Constitucional han recordado un principio elemental del Estado de derecho: la limitación de libertades comerciales, de tránsito y el ordenamiento de horarios deben sustentarse estrictamente en el principio de reserva de ley.

Esto coloca al Congreso Nacional ante una responsabilidad histórica e impostergable. No se trata únicamente de fiscalizar el consumo, sino de dotar al país de una sustentación jurídica robusta mediante un marco legal moderno. Una ley emanada del Poder Legislativo blindará las medidas de salud y seguridad frente a vacíos legales o impugnaciones judiciales de sectores comerciales, otorgando legitimidad democrática a las autoridades reguladoras.

El fenómeno del alcohol en la sociedad dominicana exige una visión integral de Estado. Mientras la evidencia médica expone el deterioro físico y mental que provoca su abuso, los datos de siniestralidad vial recuerdan el trágico costo en vidas humanas de cada fin de semana. El esfuerzo operativo del Ministerio de Interior y Policía debe ser respaldado por una ciudadanía consciente y, sobre todo, por un Congreso dispuesto a legislar con firmeza para proteger el bienestar colectivo.

 Nota: Para realizar este artículo nos hemos apoyado en informaciones de la Organización Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Centro Nacional de Investigación Dr. Hugo Mendoza, Fundación Alianza para la Salud y Seguridad Vial, Colegio Americano de Cirujanos.