La Ley 88-26 aplazó hasta 2028 la responsabilidad penal de las empresas. Lo que los tribunales españoles enseñan sobre cómo aprovechar ese tiempo.

Leyendo de una manera aleatoria variedad de opiniones de autoridades españolas, me resulta interesante ver cómo definen que un programa de cumplimiento puede ser impecable en el papel, y no servir de nada ante la majestad de un juez en su sala de audiencias.

Manuales perfectamente encuadernados, códigos de ética firmados y formalizados y un oficial de cumplimiento auténticamente nombrado no prueban, por sí solos, que la empresa estaba debidamente organizada para evitar que se pudiera cometer la ejecución de algún delito.

En esta lectura pude concluir que esa es la enseñanza que la jurisprudencia española viene dejando clara, y que en los últimos meses lo ha estado haciendo más clara que nunca.

Para la República Dominicana, que incorporó un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley 74-25, la experiencia española no es una simple observación: predice (por decirlo de alguna manera) los combates que se deberán llevar a cabo en los Tribunales de la República.

Y digo “deberán”, en futuro, porque al revisar nuestra normativa me encontré con que ese combate se ha ido aplazando.

La Ley 74-25 se promulgó el 3 de agosto de 2025 y el nuevo Código Penal en agosto de este año, pero la Ley 44-26 modificó los artículos 8 y 11 y le dio tres meses más al régimen de las empresas. Y cuando ya estábamos en la puerta, la Ley 88-26, promulgada el recién pasado 5 de noviembre del presente año, lo volvió a posponer: ahora será el 5 de mayo de 2028.

Los motivos son muy entendibles: dar tiempo a las organizaciones y al propio sistema de justicia, sobre todo a las mipymes, las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro.

Eso sí, el resto del Código sigue vigente, y las personas físicas mantienen su deber de responder penalmente, esto no se detiene ni se posterga.

Aunque todavía no se ha decidido cómo se demuestra que un programa de cumplimiento funciona, cuando llegue ese momento no bastará con afirmar que la empresa tenía compliance: tendrá que demostrar su funcionamiento respondiendo por lo suyo, y no por lo ajeno.

El Tribunal Supremo español logró dejar muy claro mediante la sentencia 154/2016 que la persona jurídica no responde por resultar contaminada por la comisión del delito de su directivo, sino por un hecho propio.

Y según lo leído, ese “hecho propio” tiene su nombre en el ámbito español: el defecto organizativo, es decir, la poca eficiencia de los controles que debían impedir el delito producido.

Y esto, según pude comprobar, en tres oportunidades el Tribunal Supremo español lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, mediante las decisiones contenidas en las sentencias STS 768/2025, del 25 de septiembre de 2025; STS 836/2025, del 14 de octubre de 2025, y STS 544/2026, del 21 de septiembre de 2026.

A primera vista, esta doctrina aparenta una buena noticia para las empresas, es decir: no hay condena automática.

Pero esto es más exigente: si el proceso gira en torno a cómo estaba organizada la empresa, el juicio se convierte en un examen de su sistema de cumplimiento. Y en ese examen, quien llega con evidencia documentada tiene ventaja sobre quien simplemente llegue con un “manual debajo del brazo".

En adición a todo esto, la Audiencia Nacional en España también ha establecido que ningún programa garantiza el riesgo cero, y el Derecho Penal no puede exigir lo imposible.

Entonces a partir de aquí, ¿qué era lo exigible a esa empresa, de ese sector, con esos riesgos? Responder esa pregunta exige pruebas firmes, no declaraciones de buena voluntad.

Por eso ha cobrado protagonismo la Pericial de Compliance: que son expertos que examinan si el mapa de riesgos era real, si los controles se ejecutaban y si las alertas se atendían.

La Ley 74-25 reconoce el programa de cumplimiento como mecanismo de defensa (artículo 8, párrafos III y IV, tal como quedaron tras la Ley 44-26). Pero esa defensa solo vale lo que valga su prueba, según la consideración española.

La experiencia española sugiere que la empresa que quiera hacerla valer debe empezar a construir su expediente desde ahora, no cuando llegue la imputación. Y la prórroga? De manera simple: tiempo para armarlo.

Las empresas que ya son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 llevan ventaja: la cultura de la debida diligencia, el registro y el reporte de las mismas.

Pero, “ojo al detalle”: no se debe confundir el cumplimiento PLAFT con un programa de prevención penal completo, por lo que se recomienda asumir una cultura con un grado de trazabilidad tan alto y eficiente, que se pueda probar de manera fácil, ágil, clara y precisa.

Dicen los textos consultados por mí que España tardó años en entender que el compliance no es un trámite para cubrir el expediente, sino una forma de organizar la empresa.

Sus tribunales lo están traduciendo ahora al lenguaje procesal: la responsabilidad penal de la persona jurídica se decide en los hechos probados… y los hechos se prueban con evidencia.

La República Dominicana está a tiempo pues tiene la oportunidad de aprender esa lección antes del primer caso y no después.

La cultura de cumplimiento que no deja rastro para efectos penales no existe. Y el día que un juez pregunte qué hizo la empresa para evitar la comisión del delito, la respuesta tendrá que estar ya escrita y debidamente firmada.

Conclusiones informativas consultadas para la base de este trabajo:

  • LegalToday: análisis de las STS 768/2025 y 836/2025
  • Economist & Jurist: el Supremo rechaza la responsabilidad objetiva
  • Law & Trends: la STS 544/2026 en el caso Defex
  • Uría Menéndez: SAN 34/2025 y lo razonablemente exigible
  • El Nuevo Diario y FC Abogados: Leyes 44-26 y 88-26

Fausto Fernández

Fausto Fernandez, abogado. Labora en BIAGGI, S.R.L. como Abogado Asociado y Oficial de Cumplimiento. Exviceministro de Turismo de la República Dominicana. Miembro activo de la World Compliance Association (WCA) y del Colegio de Abogados de la República Dominicana

Ver más