El 14 de septiembre publiqué, a título personal, una carta al presidente Luis Abinader y a las autoridades de la negociación comercial con Estados Unidos. Pedí no derogar unilateralmente el Decreto 693-24 sin una solución previa, negociada, vinculante y verificable que protegiera la producción arrocera nacional.
La semana pasada la prensa reveló que la decisión ya estaba firmada. El Decreto 635-26, del 9 de septiembre, derogó el 693-24 cinco días antes de aquella carta. Apareció en la Gaceta Oficial del 24 de septiembre. La petición pública de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se divulgó el 11 de septiembre, dos días después de la firma. Marcelo Reyes, vicepresidente de Fenarroz, declaró que conocieron la decisión el 5 de octubre.
La cronología exige explicaciones: ¿cuándo se informó a los productores? ¿Qué consultas precedieron la firma? ¿Qué garantías obtuvo el país? ¿Dónde están los compromisos verificables?
El 693-24 mantenía una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero y un gravamen de 99 % sobre el excedente. Para determinadas importaciones fijaba, además, un 20 % dentro del contingente notificado ante la OMC. El 27 de febrero de 2025, Abinader defendió ese decreto como garantía de producción nacional y de trabajo para los arroceros. El Gobierno presentó la protección como estratégica. Ahora debe demostrar cómo preservará lo que prometió defender.
El arroz no es una costumbre culinaria ni una comparación de góndolas. Es seguridad alimentaria y capacidad de decidir cómo nos abastecemos.
Podemos comerciar mientras fortalecemos los campos. El peligro surge cuando la importación desplaza producción esencial hasta crear una dependencia difícil y costosa de revertir. En un contexto de conflictos, restricciones comerciales y clima extremo, conservar capacidad productiva es garantía alimentaria. Tener dólares no asegura que el alimento esté disponible ni que el barco llegue.
La tierra no funciona como un interruptor. Si el agricultor abandona, los canales se deterioran y los molinos cierran, recuperar esa capacidad exige inversión y años.
Cada quintal importado que sustituye producción nacional desplaza valor agregado y empleo, y se paga en moneda extranjera. El cálculo debe ser neto: nuestra producción también usa insumos importados. Corresponde comparar el costo de importar el producto terminado con las divisas que dejarían de gastarse en producirlo.
Según cifras de Agricultura recogidas en publicaciones recientes, en 2025 la producción rondó 14.8 millones de quintales y cubrió cerca del 96 % del consumo estimado. Desplazar una décima parte exigiría financiar un volumen considerable de importaciones. Cuantificarlas requiere precisar el equivalente en arroz elaborado, el precio de importación y los insumos externos ahorrados.
Si esas compras no se compensan en otros renglones, pueden deteriorar el saldo comercial y aumentar la demanda de dólares. Sin oferta suficiente, esa demanda puede presionar el peso y encarecer combustibles, medicamentos, alimentos y maquinarias. La magnitud dependerá también de exportaciones, turismo, remesas, inversión y financiamiento. El Gobierno debe evaluarla antes de presentar la apertura como un ahorro inequívoco.
La supuesta ineficiencia dominicana debe examinarse con precios comparables.
En agosto de 2026, el promedio minorista estadounidense del arroz blanco de grano largo fue de US$1.111 equivalentes a unos RD$65.65 por libra. Es precio al consumidor, no costo ni precio de exportación, y no identifica solo arroz cultivado allí.
Una columna de Rafael Eugenio Robles, publicada en Diario Libre el 8 de octubre, recoge estimaciones de 2024: RD$22.62 por libra de arroz largo estadounidense puesto en puerto, CIF, frente a RD$31.70 de selecto a salida de factoría local, y costos nacionales de RD$14.18 a RD$17.19 por libra. Noticias SIN reportó el 7 de octubre precios de RD$35 a RD$40 en los mercados visitados, según marca y calidad.
Son cifras de distintos momentos y etapas. No prueban dumping. Exigen precisar calidad, procesamiento, rendimiento de molino, financiamiento, transporte, márgenes y apoyos públicos.
Estados Unidos respalda a sus agricultores. Farmer Bridge Assistance fijó una ayuda de US$132.89 por acre, unos US$328 por hectárea, pagadera en 2026 sobre superficie elegible sembrada en 2025. La referencia legal para calcular determinados apoyos pasó de US$14 a US$16.90 por cien libras. No es un precio de venta garantizado, pero forma parte del respaldo institucional.
Nuestros productores enfrentan una capacidad fiscal mucho mayor. Antidumping, medidas compensatorias y salvaguardias tienen requisitos distintos. ¿Qué investigaciones abrió el Gobierno y qué instrumentos son aplicables? Sin pruebas no se acusa. Ante indicios fundados, la inacción tampoco se justifica.
El tratado se firmó en 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y entró en vigor para el país en marzo de 2007. Contemplaba la apertura total del arroz estadounidense en 2025. Reconocerlo es indispensable. También lo es preguntar qué hicieron, durante la transición, quienes negociaron y quienes gobernaron después para reducir las brechas.
La continuidad entre parte de aquella dirigencia y el PRM no borra responsabilidades ni exonera a las administraciones posteriores.
Cumplir el compromiso y negociar mejores condiciones son obligaciones compatibles. La derogación necesita protección jurídicamente viable, modernización y garantía de abastecimiento. La reciprocidad debe incluir los aranceles adicionales impuestos unilateralmente por Estados Unidos a exportaciones dominicanas.
El artículo 54 constitucional dispone promover investigación y transferencia tecnológica agropecuaria para elevar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. La Ley 1-12 lo concreta en el objetivo 3.5.3: productividad, sostenibilidad, alimentación, exportaciones, empleo e ingreso rural. Sus líneas ordenan tecnología (3.5.3.4), asociatividad (3.5.3.6), financiamiento y manejo de riesgos (3.5.3.7), y oferta de rubros esenciales (3.5.3.15).
Esos mandatos no autorizan a desconocer tratados ni vuelven inconstitucional la derogación. Obligan a evaluar si la preparación fue suficiente y cómo se cerrarán las brechas. Fenarroz reconoce inversiones productivas. Agricultura anuncia mecanización y asistencia mediante el Pronamec. Debe publicar cobertura, presupuesto, calendario y resultados. José Ignacio Paliza prometió respaldo, pero las declaraciones reseñadas no detallaron medidas.
Hablo como ciudadano, no en nombre del partido.
El Gobierno debe publicar el expediente, las consultas, los estudios y las garantías. A los representantes estadounidenses les corresponde considerar que debilitar empleo e ingreso rural puede aumentar la presión migratoria, incluso hacia Estados Unidos. Preservar y modernizar la industria arrocera sostiene la seguridad alimentaria y las oportunidades en las comunidades de origen. Esa estabilidad compartida debe formar parte de una negociación recíproca.
La oposición debe proponer alternativas y el Congreso, fiscalizar. El sector necesita mecanización asociativa, eficiencia hídrica, semillas, financiamiento y seguros, con metas verificables.
Señor presidente: cuando pedí no derogar sin garantías, la firma ya existía. Si las garantías existen, muéstrelas. Si son insuficientes, negocie su corrección y presente un programa financiado. Defienda con entereza la soberanía alimentaria del país, porque si se consuma el daño proyectado, la historia lo recordará para siempre, pero con el dolor de no ser para bien.
El arroz es alimento, empleo, estabilidad rural y soberanía. Cumplir el tratado no agota la responsabilidad: también obligan la Constitución y la END. Retirar la protección sin demostrar garantías traslada al campo el costo de una preparación insuficiente. La soberanía también se siembra, y se defiende negociando con firmeza.
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