Educación continua como oportunidad para el desarrollo del pueblo dominicano

Han sido reveladores e impactantes los resultados del reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se evidenció que la República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina con mayor proporción de estudiantes escolarizados que culminan ciclos educativos sin alcanzar conocimientos mínimos. Esta realidad encierra una paradoja dolorosa: niños y jóvenes pasan años en las aulas, reciben certificados, avanzan de curso, pero no desarrollan competencias esenciales para comprender el mundo con profundidad ni para integrarse productivamente en él.

Este diagnóstico no puede interpretarse únicamente como una falla individual. Se trata de una responsabilidad estructural del sistema educativo y, por tanto, del Estado y de la sociedad en su conjunto. El derecho a una educación de calidad no puede entenderse como una obligación individual de compensar las carencias del sistema educativo formal. Sin embargo, reconocer esta responsabilidad estructural no nos exime de buscar soluciones viables mientras se producen las transformaciones profundas que el sistema formal requiere.

En ese contexto, la educación continua ,particularmente en áreas profesionales que no están estrictamente reguladas por marcos legales rígidos como ocurre con la medicina, el derecho (e.g. penal litigioso, procesal, notarial, litigación constitucional) o la psicología, emerge como una herramienta estratégica de desarrollo. Nos referimos a campos como la gestión empresarial, la administración pública, la sostenibilidad, la tecnología, la comunicación, la gestión del talento humano, la innovación organizacional, entre otros, donde la actualización constante es indispensable y donde la flexibilidad formativa es posible.

Cuando pienso en nuestra cultura dominicana, veo esfuerzo, resiliencia y creatividad. Muchas familias realizan sacrificios extraordinarios para que sus hijos estudien. Aun cuando el sistema no siempre garantiza aprendizajes sólidos, el dominicano en el mercado laboral suele “buscarse la vida”, la mayoría de las veces legítimamente, desarrollando habilidades prácticas para compensar vacíos formativos. Esa capacidad de agencia individual es valiosa, pero no puede convertirse en sustituto de una política pública eficaz.

La excesiva complejidad administrativa, la lentitud de las reformas curriculares, las debilidades en la formación docente y la rigidez de ciertos marcos regulatorios han hecho difícil que el sistema formal responda con agilidad a los cambios del entorno productivo y tecnológico. Además, cuando el debate educativo se concentra exclusivamente en disputas administrativas o salariales, aunque legítimas, se corre el riesgo de desplazar el foco de la excelencia pedagógica, la actualización metodológica y la responsabilidad profesional.

Educar no es solo transmitir información; es cultivar pensamiento crítico, capacidad de análisis y discernimiento ético. Cuando el sistema falla en esa misión, la economía pierde productividad, la democracia pierde ciudadanos informados y las instituciones pierden liderazgo estratégico.

Aquí es donde la educación continua adquiere un sentido más amplio y democrático. No debe entenderse únicamente como formación ejecutiva para élites corporativas. También incluye formación técnica, capacitación en habilidades digitales, actualización en competencias blandas, reconversión laboral y programas de especialización aplicada. En un país donde muchos profesionales arrastran debilidades en redacción, análisis de datos, pensamiento estratégico o toma de decisiones, estos espacios representan oportunidades reales de fortalecimiento.

La educación continua no sustituye al sistema formal ni puede servir de excusa para su ineficiencia. Tampoco debe convertirse en un privilegio accesible solo para quienes tienen recursos económicos y tiempo disponible. Si queremos que cumpla un papel transformador, debe integrarse a una política pública articulada que promueva acceso, calidad y pertinencia.

En áreas profesionales no estrictamente reguladas, la formación continua ofrece una ventaja crucial: su capacidad de adaptación. Mientras una reforma curricular universitaria puede tardar años en implementarse, un programa especializado puede diseñarse e impartirse en meses para responder a necesidades emergentes del mercado laboral o del sector público. Esa agilidad es particularmente relevante en contextos de transformación digital, transición energética, sostenibilidad y modernización institucional.

El aprendizaje permanente no es solo una estrategia económica; es una actitud ética. Aprender a lo largo de la vida significa reconocer que el conocimiento no se agota en un título universitario. Es un ejercicio de libertad intelectual y de responsabilidad personal. Pero esa responsabilidad individual debe estar acompañada por condiciones estructurales que la hagan posible.

La República Dominicana necesita mejorar radicalmente la calidad de su educación desde la base. Esa es una tarea ineludible del Estado y de la sociedad. Sin embargo, mientras esa transformación estructural se consolida, la educación continua ofrece una vía concreta para reducir el rezago acumulado, fortalecer competencias estratégicas y aumentar la productividad nacional.

La cuestión de fondo sigue siendo profundamente filosófica: ¿queremos una sociedad que se conforme con certificados o una que aspire a competencias reales? La educación no es un trámite burocrático ni un evento aislado; es un proceso permanente de construcción del ser y de la comunidad. En un país con desafíos estructurales significativos, apostar por la formación continua no es desplazar la responsabilidad del sistema, sino activar simultáneamente todos los mecanismos posibles para el desarrollo.

La esperanza no radica en resignarnos a las deficiencias, sino en comprender que siempre es posible mejorar, corregir y crecer como individuos y como nación cuando el aprendizaje se asume no como obligación pasajera, sino como compromiso permanente con la excelencia y el bien común.