Eddy Alcántara y Proconsumidor

El licenciado Eddy Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), merece ser reconocido por la labor eficiente y proactiva que ha desempeñado al frente de dicha institución, lo cual le ha valido que fuera escogido a unanimidad como presidente de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), entidad internacional que agrupa a la mayor cantidad de órganos de protección al consumidor a nivel mundial.

El director ejecutivo de Pro Consumidor fue propuesto a ese cargo internacional por homólogos de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Chile, Costa Rica y Honduras, en reconocimiento a su labor como presidente del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica y República Dominicana (CONCADECO), y posteriormente, en el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC).

En un nuevo reconocimiento a la gestión y liderazgo del Lic. Eddy Alcántara, recientemente se celebró por primera vez en nuestro país la Asamblea Mundial de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), con la presencia de delegaciones de unos 80 países que durante tres días expusieron y debatieron sobre los retos actuales y futuros que implican para los derechos del consumidor el auge del comercio electrónico, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que cada vez más impregnan las transacciones financieras y comerciales nacionales e internacionales.

La protección al consumidor es un derecho fundamental consagrado en la Constitución dominicana

Y es que los órganos que trabajan por la preservación de los derechos del consumidor desempeñan un rol fundamental en los Estados y las economías modernas, ya que deben velar porque los productos y servicios que se ofrecen en el mercado cuenten con la debida calidad y seguridad, con el objetivo de preservar la integridad física, la salud, la seguridad y el patrimonio económico de las personas, debiendo intervenir sus autoridades en los casos de prácticas engañosas, publicidad falsa o incumplimientos de las obligaciones legales y contractuales, procurando la reparación de los daños a los consumidores afectados por las prácticas abusivas de los proveedores.

No en vano, el Estado social y democrático de derecho que proclamó la Constitución de 2010, vigente al día de hoy en su parte relativa a los derechos fundamentales, consagra los derechos del consumidor en su artículo 53, al disponer: Derechos del consumidor.   Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

De manera que los derechos del consumidor, si bien fueron reconocidos por la Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario (Ley 358-05, del 9 de septiembre de 2005), mediante la cual se creó, a su vez, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), no es menos cierto que estos derechos adquirieron rango constitucional con la Constitución de 2010, que los consagró dentro del catálogo de los derechos fundamentales.

En un artículo que publicamos el 3 de abril de 2001 en el periódico El Nacional, recogido en el libro de nuestra autoría Derecho Constitucional, Estado y Justicia, fuimos de los pocos que abogó públicamente porque el Congreso Nacional aprobara una ley que creara un órgano de protección a los derechos del consumidor, como en ese momento lo tenían Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, ante la desprotección estatal que prevalecía hacia los derechos de los consumidores dominicanos.

En ese orden de ideas, el desarrollo que ha tenido el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) desde que fue creado ha sido altamente positivo, ya que ha resuelto miles de casos en favor de los consumidores, lo que llena de satisfacción a los que defendimos en su momento la necesidad de crear un órgano estatal especializado que defendiera sus derechos.

La gestión de Pro Consumidor ha sido clave para enfrentar prácticas abusivas en sectores como el inmobiliario y el comercio electrónico

Por ejemplo, para citar un caso reciente, es justo reconocer que el director ejecutivo de Pro Consumidor intervino de manera efectiva en el caso de una línea aérea norteamericana que había sido objeto de reiteradas denuncias por atrasos continuos en sus vuelos y por un servicio al cliente deficiente frente a los viajeros dominicanos. En efecto, gracias a la intervención personal del Lic. Eddy Alcántara, las denuncias desaparecieron y el servicio de esa línea aérea mejoró significativamente, lo cual pude comprobar recientemente al realizar un viaje por dicha aerolínea.

Asimismo, el director ejecutivo de Pro Consumidor ha denunciado responsablemente que el 70 por ciento de las reclamaciones ante esa entidad corresponden al sector inmobiliario o de la construcción, y que, en ese sentido, el órgano ha podido resolver una gran cantidad de casos en favor de los consumidores.

No obstante, respecto de ese problema recurrente en el sector inmobiliario, el director de Pro Consumidor anunció una serie de medidas preventivas, y que próximamente estará lista una plataforma en la cual los consumidores podrán consultar el listado de las empresas constructoras que cumplen o no con sus contratos y los plazos de entrega de las obras, como forma de orientar a los adquirientes e inversionistas sobre las empresas de ese sector que ofrecen mayor seguridad y garantía a los adquirientes e inversionistas.

En ese sentido, la labor del Lic. Eddy Alcántara y el equipo de profesionales que lo acompaña, dentro de los que cabe destacar al Lic. Frederick Ferreras, encargado del departamento de litigios, debe ser reconocido por la sociedad y los usuarios de ese órgano estatal.

Esa importante labor que se viene desempeñando en Pro Consumidor amerita que esa entidad también sea más apoyada financieramente por las autoridades correspondientes, en procura de que pueda contar con una nueva sede principal con parqueos suficientes destinados a los usuarios y pueda abrir otras oficinas a nivel nacional, dotadas de los equipos y de un personal suficiente y capacitado que le permita continuar desarrollando sus funciones con efectividad ante las crecientes reclamaciones de consumidores en un mercado cada vez más diverso y complejo.

Igualmente, entendemos que el Congreso Nacional debe avocarse a reformar la Ley 358-05, del 9 de septiembre de 2005, con el propósito de ampliar y fortalecer más la capacidad sancionatoria de Pro Consumidor ante los proveedores impenitentes que reiteran prácticas abusivas y maliciosas en perjuicio de los consumidores, al tiempo que afine el procedimiento administrativo para posibilitar la agilización de los procesos tendentes a garantizar los derechos de los consumidores ciudadanos.