Economía política de la indiferencia estatal en América Latina

En las últimas décadas, América Latina ha transitado silenciosamente hacia una transformación profunda de la naturaleza de su gestión pública. Lo que en otro tiempo fue concebido como una arquitectura institucional orientada a proteger, cuidar y garantizar derechos, hoy opera crecientemente como un sistema de administración de carencias, de contención social y de abandono cuidadosamente gestionado. Esta realidad no surge de errores administrativos ni de desvíos técnicos. Es el resultado estructural de un modelo de economía política que ha desplazado la solidaridad como principio rector y ha instalado en su lugar una racionalidad de mercado que redefine lo público no como garante de derechos, sino como gestor de escasez.

El proceso ha sido documentado de manera rigurosa por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que advierte que, a pesar de los periodos de crecimiento económico registrados entre 2003 y 2013, los Estados de la región han mantenido niveles de inversión pública social insuficientes y extremadamente sensibles a los ciclos macroeconómicos (CEPAL, 2022; CEPAL, 2023). Esta fragilidad no es técnica, es política, se expresa en decisiones deliberadas que priorizan la sostenibilidad fiscal sobre la sostenibilidad social, el blindaje macroeconómico sobre la protección de la vida.

Las consecuencias están a la vista, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023) señala que el gasto público en salud en América Latina se mantiene estancado en un promedio del 3,8% del PIB, lejos del 6% mínimo recomendado para garantizar cobertura universal. Esta brecha explica buena parte de la precariedad estructural de los sistemas de salud de la región, la baja capacidad de respuesta ante las crisis, el colapso de las redes de atención primaria y la dependencia creciente del gasto de bolsillo, que en algunos países supera el 35%. Lo que ocurre en salud se replica en educación, en protección social, en vivienda, en cooperación internacional y en casi todos los bienes públicos esenciales. Los Estados no solo se han retraído de sus funciones fundamentales; han sido rediseñados para dejar de cumplirlas.

Pero sería un error suponer que la solución pasa simplemente por multiplicar programas sociales en el molde que hoy predomina en la región. Gran parte de esas llamadas políticas sociales no son verdaderos instrumentos de redistribución, sino dispositivos de gestión de la pobreza, de contención social y de legitimación precaria de un orden profundamente desigual. Abundan los programas focalizados, condicionados y tercerizados que, lejos de transformar las estructuras de concentración de la riqueza y la desigualdad, operan como mecanismos para administrar la escasez y reciclar la gobernabilidad. Lejos de ser una expresión de justicia social, muchos de estos dispositivos se han convertido en mercados paralelos de rentas públicas, donde intermediarios, operadores territoriales, contratistas y agentes privados capturan recursos que debieran estar destinados a garantizar derechos. La verdadera disyuntiva no es más o menos política social, sino, si nos atrevemos a desmontar la arquitectura del asistencialismo funcional al despojo, para reemplazarla por un modelo universal de derechos, justicia fiscal y redistribución estructural.

Este fenómeno, lejos de ser un accidente del modelo, constituye una condición funcional del capitalismo contemporáneo. David Harvey (2007) lo describe como la fase neoliberal del capital, donde la acumulación por desposesión se convierte en estrategia central, y donde los Estados operan como agentes facilitadores de este despojo sistemático de lo común. La privatización, la mercantilización de los servicios públicos y la tercerización de las funciones estatales no son deformaciones del modelo, son su expresión más pura y coherente.

Nancy Fraser (2022) es aún más categórica y lo denomina capitalismo caníbal. Un sistema que no solo se apropia del trabajo y de los recursos naturales, sino que devora las condiciones sociales, políticas y ecológicas que hacen posible la vida misma. Bajo esta lógica, la indiferencia no es un error de gestión; es la forma técnica que adopta la violencia estructural. El Estado no es incapaz de proteger; ha sido deliberadamente vaciado de esa capacidad y reprogramado para administrar la precariedad como si fuera un dato natural y no una construcción política.

La economía política de esta indiferencia estructural tiene expresiones numéricas demoledoras. Según cálculos recientes del Banco Mundial (2023), cada dólar invertido en atención primaria de salud genera un retorno de entre tres y nueve dólares, no solo por mejoras en salud, sino por aumento en productividad, reducción del gasto catastrófico y fortalecimiento del capital humano. Sin embargo, los Estados optan por recortar, subfinanciar y externalizar. La CEPAL (2023) estima que la implementación de un piso básico de protección social universal en la región requeriría una inversión adicional equivalente al 1,9% del PIB, menos de la tercera parte de lo que se pierde anualmente por evasión fiscal, estimada en un 6,1% del PIB regional.

La restricción no es financiera; es moral, política y estructural.

Este modelo de abandono administrado no solo desmantela materialmente el Estado social, sino que también produce un fenómeno aún más inquietante: el olvido institucionalizado. Las desapariciones de programas de salud pública, de redes de atención comunitaria, de fondos para la cooperación o de sistemas de protección social no generan escándalos, ni duelos, ni movilización social. A lo sumo, quedan registradas como líneas técnicas en documentos presupuestarios, como cifras anónimas en reportes de ejecución, como ausencias normalizadas en las políticas públicas. El olvido no es un efecto secundario del modelo; es parte de su diseño, porque se administra el despojo con la misma frialdad con que se administra la escasez.

Lo que resulta moralmente inaceptable es que estas decisiones que condenan a millones a la exclusión y a la vulnerabilidad no son ni inevitables ni técnicas, sino profundamente ideológicas. Son decisiones que traducen en lenguaje de política pública la prioridad de proteger intereses económicos específicos por encima de las condiciones de vida de la población. Wolfgang Streeck (2016) ha demostrado que el Estado contemporáneo ha dejado de ser el garante del contrato social y se ha convertido crecientemente en garante del contrato financiero, subordinando sus funciones a los ciclos del capital y convirtiendo la gestión pública en un ejercicio permanente de ajuste, contención y disciplinamiento social.

Esta trayectoria no es sostenible; no lo es desde ningún ángulo, ni económico, ni social, ni ético, ni ecológico. Las brechas de desigualdad se amplifican, la cohesión social se erosiona, los riesgos sistémicos se multiplican y la legitimidad institucional se degrada. Lo que hoy se presenta como disciplina fiscal es, en realidad, deuda social acumulada que se transfiere hacia las generaciones futuras en forma de pobreza, enfermedad, exclusión y crisis ambiental.

América Latina se enfrenta a una encrucijada civilizatoria de la que no puede salir con simples reformas administrativas ni con ejercicios cosméticos de gobernanza. Lo que está en juego no es solo la estructura del Estado, sino la arquitectura moral que sustenta el contrato social. Es imprescindible desmontar la economía política del abandono y reemplazarla por una economía política del cuidado, de la redistribución justa y de la garantía efectiva de derechos. Lo contrario a la barbarie no es la eficiencia fiscal, es la empatía institucionalizada, es el Estado como expresión organizada de la solidaridad social, es la economía política de la vida, no del despojo ni del abandono.

Referencias

Banco Mundial. (2023). Gasto en salud y protección social en América Latina y el Caribe: Retos y oportunidades. Washington, DC.

CEPAL. (2022). Panorama Social de América Latina 2022. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/PUB.2022/20-P).

CEPAL. (2023). Panorama Social de América Latina 2023. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/PUB.2023/12-P).

Fraser, N. (2022). Canibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. Verso Books.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal.

OPS. (2023). Situación de la Salud en las Américas 2023: Invertir en sistemas de salud resilientes y sostenibles. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.

Streeck, W. (2016). How Will Capitalism End?: Essays on a Failing System. Verso.