La Ley 30-26 redujo del 25% al 10% el impuesto que pagan las personas físicas por la ganancia obtenida al vender un inmueble, una rebaja que muchos celebraron con razón, aunque cinco meses después de su promulgación todavía no está claro sobre qué monto exacto debe aplicarse ese 10%, y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acaba de abrir una discusión al respecto.

Hasta junio de este año, la ganancia de capital que una persona física obtenía al vender un inmueble se sumaba al resto de sus rentas del ejercicio y tributaba conforme a la escala progresiva del impuesto sobre la renta, cuya tasa marginal máxima es del 25%, mientras que las personas jurídicas pagaban el 27%. La Ley 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, cambió ese esquema al introducir en el Código Tributario el artículo 296-1, que somete las ganancias de capital generadas en la enajenación de inmuebles propiedad de personas físicas a una tasa del 10% con carácter de pago único y definitivo, y que obliga a liquidar el impuesto dentro de los seis meses siguientes a que se perfeccione la transferencia. Se trata de una medida que simplifica el cumplimiento y reduce de manera considerable la carga del vendedor, y que según las autoridades busca dinamizar la inversión inmobiliaria, la construcción y la movilidad de capitales.

La ley previó además varias exenciones que merecen atención, comenzando por la de la vivienda habitual, en virtud de la cual no se paga el impuesto si la totalidad del monto recibido por su venta se reinvierte en la adquisición de una nueva vivienda habitual dentro de un plazo de seis meses, de modo que si la reinversión es solo parcial el beneficio se limita a la parte reinvertida. También quedan exentas las ganancias derivadas de la transferencia de la vivienda habitual realizada por personas mayores de 65 años, y ciertas sociedades cuya actividad consiste exclusivamente en la tenencia de inmuebles no destinados a actividades comerciales pueden acogerse al mismo tratamiento del 10%.

El problema es que la ley no definió qué debe entenderse por vivienda habitual, y el borrador de reglamento de aplicación que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó en septiembre la describe como la residencia efectiva, permanente y de ocupación continua de la persona física, donde fija su domicilio principal, una definición que deja abiertas preguntas importantes para muchas familias, como la de quien vende su vivienda para comprar otra que todavía está en planos, supuesto que, según lo reportado sobre ese borrador, no calificaría como reinversión exenta.

Sin embargo, el mayor vacío está en el cálculo mismo del impuesto, ya que el artículo 296-1 fija la tasa y el plazo sin decir cómo se determina la ganancia sobre la que se aplica el 10%, cuestión que tampoco resuelve el borrador de reglamento. En el régimen general, el artículo 289 del Código Tributario dispone que la ganancia resulta de deducir del precio de venta el costo de adquisición o producción ajustado por inflación, y lo razonable sería aplicar esa misma fórmula al nuevo régimen, pero la ley no lo dice expresamente ni se remite a esa disposición. Tampoco está claro cómo se determina el costo de un inmueble heredado, qué mejoras pueden sumarse al costo fiscal, qué documentos servirán para probarlo ni cómo deberá acreditarse ante la Administración Tributaria el cumplimiento de las condiciones de cada exención, y ninguna de estas cuestiones es menor, porque de ellas depende que el vendedor pague el 10% sobre su ganancia verdadera o sobre una cifra inflada por la falta de reglas claras.

Por eso es una buena noticia que la DGII haya abierto el pasado 13 de noviembre un foro público para discutir el borrador de la Norma General sobre ganancia de capital de rentas inmobiliarias, cuyo objeto es precisamente establecer el procedimiento de determinación, declaración y pago del impuesto, y que permanecerá abierto hasta el 19 de enero de 2027 a través del Foro de Contribuyentes de su portal. Se trata de una oportunidad que propietarios, desarrolladores, agentes inmobiliarios, notarios y asesores no deberían desaprovechar, ya que los comentarios que se presenten en ese plazo pueden marcar la diferencia entre una norma que aporte seguridad jurídica y otra que simplemente traslade las dudas de la ley al terreno de la fiscalización.

Mientras tanto, quien tenga previsto vender un inmueble haría bien en reunir desde ahora el título y el contrato de adquisición, las facturas de las mejoras realizadas y cualquier otro documento que permita sustentar el costo fiscal del bien, y en planificar con cuidado la compra de su nueva vivienda si pretende acogerse a la exención por reinversión, porque el plazo de seis meses corre rápido y, mientras no exista una norma definitiva, la prudencia aconseja optar por las alternativas que menos espacio dejen a la interpretación.

La reducción de la tasa fue un paso acertado para un mercado que necesitaba dinamismo, pero una tasa baja aplicada sobre una base incierta no ofrece la seguridad que propietarios e inversionistas esperan, y la norma que hoy está en consulta es la oportunidad de completar lo que la ley dejó a medias. Para quienes deseen profundizar en los efectos de esta reforma, en artículos anteriores reflexioné sobre “Hacia dónde nos lleva la nueva reforma” y sobre “La promesa incumplida de la Ley 30-26 con las mipymes”.

Naomi Rodríguez Manzueta

Abogada

Naomi Rodríguez es abogada especializada en derecho corporativo y de los negocios. Se graduó en el 2015 Summa Cum Laude, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y posee una maestría en Derecho de la Administración Pública con la Universidad de Salamanca (USAL) y una maestría en Negocios Internacionales con la Universidad París II Panthéon-Assas. Actualmente se desempeña como abogada asociada de la firma Headrick Rizik Alvarez & Fernández.

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