La prensa internacional se ha ocupado en detalles de los recientes casos en que militares marchan de sus cuarteles a palacios de gobiernos y se engalanan con el poder y bandas presidenciales.
Mientras, en contraste, otros que llegan a palacios de gobierno empujados por el voto, pero hay casos que se encargan de beneficiarse para ellos o terceros con órdenes y proclamas ejecutivas.
El más reciente de estos casos se informa en Madagascar. Tras semanas de protestas populares por la escasez de energía y agua, derivaron en un golpe de Estado que obligó a salir del cargo al presidente Andry Rajoelina y a exiliarse.
Con ello asumió la presidencia el coronel Michael Randrianirina en la nación del océano Índico con 30 millones de habitantes.
Randriarina no es el primero en la historia reciente de marchar de los cuarteles al palacio presidencial.
El poder, cuando se convierte en privilegio personal o instrumento de abuso, debe ser cuestionado y repudiado sin ambigüedad
En Myanmar, Min Aung Hlaing también marchó de los cuarteles militares y, en golpe de Estado, llegó a la presidencia declarando un estado de emergencia, transfiriendo todo el poder del Estado a sí mismo y estableciendo un gobierno militar.
Mientras en Uganda, Idi Amin, quien comenzó su carrera militar como cocinero en el ejército colonial británico luego de la independencia de Uganda en 1962, ascendió rápidamente en sus filas militares bajo la guía del presidente Milton Obote para convertirse en comandante del Ejército. En 1971, Obote estaba en Singapur para una cumbre de la Mancomunidad cuando Amin se hizo del control en un golpe. Amin fue derrocado en abril de 1979 por una fuerza invasora compuesta por el ejército tanzano y rebeldes ugandeses.
En Turquía, Kenan Evren encabezó un golpe militar en Turquía en septiembre de 1980, luego de meses de violencia entre milicianos de izquierda y de derecha que casi llevaron al país a una guerra civil.
En 2012 fue juzgado por liderar el golpe y posteriormente sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra el Estado.
En Ghana, Jerry Rawlings ascendió al poder a través de dos rebeliones militares, primero en junio de 1979 y luego en diciembre de 1981, antes de hacer la transición a un presidente elegido democráticamente.
En una segunda rebelión militar en 1981, derrocó al gobierno civil y estuvo al frente de la dictadura militar. Luego de la aprobación de una nueva Constitución en 1992, fue elegido presidente por voto y ocupó el cargo durante dos mandatos de cuatro años, de enero de 1993 a enero de 2001.
Su legado es complejo, con elogios por sus reformas económicas y críticas por violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Igual tendríamos que agregar, al menos numéricamente, los golpes de Estado en nuestro entorno latinoamericano, varios de ellos manipulados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Entre ellos, 1 en Bolivia, 2 en Brasil, 2 en Chile, 3 en Cuba, 4 en Guatemala, 5 en Haití, 6 en México, 7 en Nicaragua, 8.
No podemos dejar a República Dominicana, Panamá y Chile.
En este último, Augusto Pinochet era un oficial militar de carrera que había ascendido en las filas y al que el presidente chileno Salvador Allende nombró comandante en jefe del Ejército en agosto de 1973. Al mes siguiente, Allende —un mandatario socialista elegido democráticamente— fue derrocado en un sangriento golpe militar encabezado por Pinochet. El ejército rodeó y bombardeó el palacio presidencial de La Moneda, donde Allende permaneció hasta su muerte por suicidio.
Pinochet se estableció como su único líder antes de establecer una cruel dictadura de 17 años. Hasta 1990, los chilenos vivieron en un período marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la implementación de políticas económicas radicales de libre mercado.
Pero también tenemos casos contemporáneos en que jefes de gobiernos democráticos por medio de órdenes especiales o proclamas han manipulado su gestión para beneficio propio o de terceros.
Algo sobre eso se reflejó este fin de semana con las masivas protestas tituladas “No queremos Rey”.
Localmente, algo igualmente controvertido y que permanecerá en fichas bibliográficas se ha manifestado en Parguera.
De golpes de Estado y manejos del poder al cual se asciende con votos, ambos deben ser repudiados. En este último debe haber una brecha grande entre el apoyo electoral al llegar al privilegio personal o a terceros. Esto, si no un delito, una ofensa moral.
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