Devolver no es justicia, es complicidad

En los últimos años hemos visto cómo personas que han cometido fraudes millonarios contra el Estado terminan negociando con la justicia. Casos como el de Maxy Montilla, que tras ser descubierto devuelve miles de millones, dejan en el aire una pregunta que nos inquieta: ¿qué mensaje les estamos enviando a la sociedad, y en especial a los jóvenes?

Cuando un funcionario, contratista o allegado al poder roba fondos públicos y luego simplemente devuelve parte de lo sustraído, el efecto que se proyecta es perverso; parecería que la corrupción es un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad. Se roba durante años y, si lo descubren, se negocia.

Ese patrón mina la confianza en las instituciones. La ciudadanía honesta que paga impuestos y cumple con la ley se siente burlada. Mientras tanto, quienes cometen irregularidades gozan de privilegios y hasta obtienen un aire de legitimidad al devolver lo que nunca debió salir del erario.

Los dominicanos honestos queremos un país donde la justicia no sea negociable

El daño causado va más allá del dinero. Cada peso robado al Estado es un plato de comida que no llegó a un niño, un medicamento que no alcanzó para un enfermo, una escuela que no se construyó, una carretera que quedó a medias. La corrupción no es un acto aislado, es una cadena de carencias para toda la sociedad.

Nuestro país produce suficiente riqueza para garantizar que ningún dominicano viva sin educación, sin salud, sin techo o sin alimentos. El problema no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran y se desvían hacia manos indebidas.

La Constitución de la República es clara. En su artículo 61 establece que “Toda persona tiene derecho a la salud integral”. Y en su Artículo 63 consagra que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades”. Estos no son favores del Estado, son derechos fundamentales.

Si los recursos públicos se gestionaran con transparencia y eficiencia, el mandato constitucional se cumpliría. Sin embargo, cada escándalo de corrupción nos aleja de esa meta y posterga el bienestar colectivo.

El problema no se limita a los implicados directos. El mayor daño está en el ejemplo que se transmite a la juventud. Les estamos enseñando que ser corrupto puede ser rentable y que la justicia es negociable. Eso desmoraliza y erosiona los valores de trabajo, esfuerzo y honradez.

Los jóvenes deben recibir otro mensaje: que la integridad tiene más valor que la astucia fraudulenta, que el verdadero éxito se construye con esfuerzo, y que la justicia no puede ser un mercado donde quien roba mucho negocia mucho.

Como ciudadanos, tenemos derecho a indignarnos, pero también la obligación de exigir cambios. No podemos normalizar que el robo al Estado se resuelva con devoluciones parciales y acuerdos que blanquean la impunidad.

La República Dominicana necesita un nuevo pacto ético, donde las leyes se apliquen sin privilegios y donde cada peso público sea sagrado. Sólo así podremos garantizar que los derechos establecidos en la Constitución se cumplan para todos.

Los jóvenes deben recibir otro mensaje: que la integridad tiene más valor que la astucia fraudulenta

Los dominicanos honestos queremos un país donde la justicia no sea negociable, donde el que roba paga con todo el peso de la ley y donde la honestidad no sea la excepción, sino la norma. Esa es la herencia que debemos dejar a las próximas generaciones.