Despojo territorial y ambiental

Los conflictos campesinos en las zonas forestales de la Cordillera Central deben historizarse para comprender los procesos que transformaron los espacios rurales y generaron disputas por el control del territorio, los bosques y los recursos hídricos.

Estos procesos se iniciaron con el desmantelamiento del sistema de terrenos comuneros, los desalojos campesinos, la construcción de caminos y carreteras, y la introducción de los aserraderos. La explotación forestal transformó paulatinamente el mundo rural de la sierra y provocó consecuencias devastadoras para las comunidades campesinas y la biodiversidad de las montañas dominicanas.

La historia de la formación de los parques nacionales también debe comprenderse dentro de estos procesos de transformación territorial. Su establecimiento implicó, en distintos momentos, la expropiación de tierras y la expulsión de campesinos que habían ocupado los espacios rurales desde el siglo XIX bajo los regímenes de propiedad comunera. Mientras tanto, las élites madereras, respaldadas por el régimen de Trujillo y posteriormente por otros gobiernos, participaron en la explotación y degradación de los recursos naturales.

Históricamente, muchas de las familias campesinas que habitaban las montañas practicaban la cacería de cerdos salvajes y cultivaban pequeños conucos destinados a la subsistencia. En las zonas bajas predominan la agricultura de tumba y quema y la crianza de animales sueltos, principalmente porcinos y caprinos. La ganadería vacuna era escasa debido a las dificultades para sostener su producción.

Los sistemas de producción campesina estaban orientados fundamentalmente al autoconsumo y a la producción de habichuelas y víveres. En cambio, la explotación forestal a gran escala estuvo en manos de grandes madereros y testaferros del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El propio gobernante monopolizó el negocio de la madera mediante concesiones otorgadas por el Estado para explotar los bosques públicos.

Bajo ese régimen se intensificó la industrialización maderera en las montañas dominicanas. Trujillo introdujo nuevas tecnologías y obligó a los campesinos a construir carreteras gratuitamente y mediante trabajo forzado. De esta manera, controló su fuerza de trabajo y amplió los mecanismos de dominación social y territorial. La explotación maderera transformó profundamente el paisaje y alteró los sistemas ecológicos de la montaña.

El impacto sobre los ecosistemas fue brutal. Los nacimientos de los ríos comenzaron a disminuir, desaparecieron numerosos afluentes y se afectaron especies endémicas de la flora y la fauna. Las concesiones madereras facilitaron la explotación de extensos territorios. Algunos testaferros lograron apropiarse de las tierras y desplazaron a los campesinos; otros los emplearon como trabajadores y destinan grandes extensiones a la ganadería.

Cuando el deterioro ambiental se hizo evidente, el dictador estableció áreas de prohibición de caza y promovió restricciones sobre el aprovechamiento de determinados recursos, con el propósito de favorecer la regeneración natural de los bosques que su propio régimen había contribuido a devastar.

Uno de esos espacios fue el Vedado del Yaque, que posteriormente se convertiría en el Parque Nacional Armando Bermúdez. Este proceso marcó una nueva etapa en el control estatal del territorio montañoso. La explotación maderera durante el siglo XX había sido manejada por grupos vinculados a la dictadura y pertenecientes a sectores de la burguesía dominicana.

Sin embargo, la historia de la destrucción forestal fue construida de manera que los principales responsables de la explotación quedaron fuera del cuestionamiento público. En su lugar, se responsabilizó a los campesinos y campesinas, atribuyendo el deterioro de los bosques a sus prácticas tradicionales de tumba y quema. De esta manera, se invisibiliza el papel de los aserraderos, las concesiones forestales y los grandes propietarios, mientras se culpabilizaba a quienes habían servido como mano de obra en la explotación maderera.

A lo largo del siglo XX y todavía en el XXI, los campesinos han sido señalados como los principales responsables del deterioro de los ecosistemas montañosos. En mi trabajo de investigación por las montañas dominicanas he podido escuchar y documentar numerosas historias sobre la explotación de estos bosques por parte del Estado y de unas cuantas familias del Cibao, que acumularon grandes capitales mediante el control de los recursos naturales. Posteriormente, la formación de los parques nacionales implicó la expulsión de pequeños productores, quienes terminaron siendo responsabilizados por la destrucción forestal de la Cordillera Central.

La creación de las áreas protegidas respondió a la necesidad de enfrentar las alteraciones ecológicas y establecer nuevas disposiciones ambientales. Sin embargo, estos procesos también invisibilizan la historia de la explotación forestal y las responsabilidades de familias que hoy defienden las áreas protegidas y promueven políticas de conservación. Mientras tanto, los pequeños campesinos quedaron sin posibilidades de defender sus derechos frente a los mecanismos de expropiación y expulsión de sus tierras.

Esta situación ha generado conflictos entre quienes no han podido abandonar las montañas o permanecen en territorios intramontanos marginados. En algunos casos, el uso del fuego se ha convertido en una expresión de la indignación y la resistencia campesina frente al poder de los grandes propietarios y del Estado.

No hay duda de que los modelos de gestión de las áreas protegidas provocaron el desplazamiento de pequeños propietarios sin garantizarles nuevas tierras ni ofrecerles medios alternativos de subsistencia. La situación actual de los bosques es también resultado de una larga historia de disputas entre campesinos desplazados, grandes propietarios y un Estado que ha ejercido el control sobre estos territorios.

Visibilizar esta historia es fundamental para encontrar respuestas que permitan mediar en los conflictos, reparar los daños y garantizar la recuperación de los bosques, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. También implica promover un modelo de cogestión que incorpore a las comunidades campesinas y a las demás partes interesadas en la recuperación y protección de las áreas vulnerables de la Cordillera Central.

Abrir los archivos implica mirar la historia de otra manera.