Desarrollo o apariencia: el dilema del dinero ilícito

Existe la percepción de que el lavado de activos puede generar beneficios económicos visibles. Grandes edificios, torres de lujo y proyectos inmobiliarios imponentes suelen asociarse con progreso y modernidad. Esta imagen resulta atractiva, pero es profundamente engañosa. El desarrollo real no se mide por la cantidad de infraestructura construida. Se mide por la calidad de vida, la institucionalidad y la productividad. El lavado crea una apariencia de prosperidad. Pero esa prosperidad es frágil y artificial.

El dinero ilícito no sigue las reglas normales de la economía. No busca rentabilidad ni eficiencia, sino legitimidad. Por ello, se dirige a sectores capaces de absorber grandes sumas rápidamente. El sector inmobiliario se convierte en el principal destino. Se construye no porque exista demanda real, sino porque se necesita lavar capital. Esto genera una economía desconectada de la realidad social. El crecimiento responde al delito, no al desarrollo.

Una de las consecuencias más visibles es la distorsión del mercado inmobiliario. El capital ilícito puede pagar precios inflados sin preocuparse por pérdidas. Esto eleva artificialmente el costo de viviendas y terrenos. Las familias y la clase media quedan excluidas del acceso a la propiedad. Las ciudades se llenan de torres vacías o subutilizadas. El lujo crece, pero la desigualdad también. El mercado deja de ser justo.

Este tipo de crecimiento no genera desarrollo sostenible. No fortalece la educación, la innovación ni la productividad. Tampoco impulsa sectores estratégicos que generen empleo de calidad. Es infraestructura sin contenido económico real. Cuando el flujo ilícito se detiene, el modelo colapsa. Quedan proyectos inconclusos y economías vulnerables. El progreso basado en ilegalidad no perdura. Solo deja desequilibrios.

Además, el lavado de activos fortalece directamente al crimen organizado. Cada proyecto financiado con dinero ilícito representa poder económico para estas estructuras. Ese mismo dinero financia violencia, corrupción y actividades criminales. El costo social del lujo es alto, aunque no siempre visible. La inseguridad y la degradación social aumentan. No existe neutralidad en el origen del capital. El daño es estructural.

Para operar, el lavado de activos necesita debilidad institucional. Controles laxos, supervisión ineficiente y tolerancia a la corrupción son condiciones indispensables. Esto erosiona el Estado de derecho y la confianza en las autoridades. Cuando la ilegalidad se normaliza, la ley pierde valor. La justicia se vuelve selectiva. Un país con instituciones debilitadas no puede sostener desarrollo real. El costo es institucional.

El sector empresarial formal también resulta perjudicado. Las empresas vinculadas al lavado pueden operar sin preocuparse por rentabilidad. Pueden vender por debajo de costos y desplazar a competidores honestos. El empresario que cumple la ley queda en desventaja. Esto desincentiva la inversión productiva y la formalidad. Se castiga al que hace las cosas bien. La economía pierde calidad.

Lejos de fortalecer la economía, el lavado la vuelve dependiente y vulnerable. Estos flujos son inestables y pueden desaparecer abruptamente. Una investigación internacional o una sanción basta para cortar el dinero. Cuando eso ocurre, el impacto es inmediato. Desempleo, quiebras y crisis aparecen rápidamente. La prosperidad era solo aparente. La fragilidad queda expuesta.

En el ámbito internacional, los países asociados al lavado de activos ven deteriorada su reputación. Esto limita la inversión extranjera seria y encarece el financiamiento. Los mercados desconfían de economías opacas. Solo llegan capitales especulativos y de alto riesgo. El desarrollo productivo se ve afectado. La imagen país se debilita. El costo reputacional es elevado.

En conclusión, el lavado de activos no desarrolla países, los disfraza. Construye torres, pero debilita instituciones; genera lujo, pero empobrece sociedades. El verdadero desarrollo es menos visible, pero más sólido. Se basa en legalidad, productividad y confianza. Combatir el lavado es una decisión estratégica, no moral. Es proteger el futuro económico y social. El progreso real no nace del delito.