La República Dominicana ha crecido durante décadas. Sin embargo, crecer no siempre significa desarrollarse. Esa diferencia explica buena parte de nuestros desafíos actuales. Mientras la economía ha mostrado capacidad para expandirse, seguimos enfrentando problemas estructurales de productividad, innovación, calidad del empleo y continuidad en las políticas públicas.
Durante mucho tiempo, el debate económico ha estado atrapado en una falsa dicotomía: unos defienden que el Estado debe intervenir cada vez más, mientras otros sostienen que basta con dejar actuar libremente al mercado. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los países que lograron transformaciones profundas no siguieron ninguno de esos extremos. Construyeron algo diferente: un Estado capaz de planificar, emprender, invertir y coordinar el desarrollo, sin sustituir la iniciativa privada.
China representa probablemente el caso más impresionante de transformación económica de las últimas décadas. En apenas cuarenta años pasó de ser una economía predominantemente rural a convertirse en una potencia industrial, tecnológica y científica. Esa evolución no fue producto del azar ni exclusivamente del mercado. Fue el resultado de una visión estratégica sostenida en el tiempo, traducida en políticas públicas consistentes, inversión, innovación y desarrollo de capacidades nacionales.
Naturalmente, ese modelo también conlleva costos que ningún demócrata debe ignorar: restricciones a las libertades políticas y una fuerte concentración del poder estatal. Precisamente por eso, la lección no consiste en copiar su sistema político, sino en comprender el valor de la planificación estratégica y de la continuidad institucional.
Y esta enseñanza no pertenece únicamente a países con regímenes autoritarios. Singapur y Corea del Sur, desde realidades políticas distintas, también apostaron por Estados estratégicos que impulsaron la educación, la infraestructura, la innovación y la industrialización como motores del desarrollo.
En el ámbito académico, economistas contemporáneos han mostrado cómo muchas de las tecnologías que hoy transforman nuestra vida —desde Internet hasta el GPS o importantes avances biomédicos— nacieron gracias a una decidida inversión pública que posteriormente permitió el liderazgo del sector privado.
El desarrollo, en definitiva, no ocurre por accidente. Se construye.
La República Dominicana posee una ventaja institucional que muchos países envidiarían: cuenta con la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada mediante consenso y convertida en ley. Nuestro mayor problema no ha sido la ausencia de visión, sino la dificultad para sostenerla en el tiempo.
Con demasiada frecuencia, la planificación termina subordinándose a las urgencias de cada período político. Cada administración redefine prioridades, modifica programas y reinicia proyectos, dificultando la construcción de verdaderas políticas de Estado.
A ello se suma una tendencia preocupante en la composición del gasto público. Toda democracia necesita mecanismos de protección social para acompañar a quienes enfrentan mayores vulnerabilidades. Esa responsabilidad es legítima y necesaria.
Pero una cosa es proteger a quienes lo necesitan y otra muy distinta convertir la asistencia en el principal instrumento de acción gubernamental.
Cuando el gasto corriente desplaza sistemáticamente la inversión pública, cuando los recursos que deberían fortalecer la infraestructura, la innovación, la educación técnica o la productividad terminan privilegiando políticas de corto plazo, el país comienza a hipotecar su capacidad de desarrollarse. Más aún, cuando la asistencia deja de ser un puente hacia la autonomía y se convierte en un mecanismo permanente de administración política de la pobreza, el Estado termina debilitando los incentivos para construir capacidades productivas y fortalecer la movilidad social.
Una economía no se desarrolla distribuyendo únicamente recursos; se desarrolla creando capacidades. La mejor política social seguirá siendo aquella que permita que cada vez menos personas necesiten asistencia permanente porque encuentran oportunidades reales de empleo, emprendimiento y movilidad social.
Precisamente por esa razón propongo abrir una conversación nacional sobre un nuevo marco para pensar el desarrollo dominicano. No se trata de un nuevo programa de gobierno ni de una doctrina económica cerrada. Se trata de un enfoque que intenta responder una pregunta sencilla: ¿qué tipo de Estado necesita la República Dominicana para desarrollarse plenamente?
He decidido llamar a ese enfoque Desarrollismo Democrático.
Su premisa es simple: el Estado debe planificar sin asfixiar, emprender sin monopolizar, invertir sin desplazar al sector privado y coordinar sin controlar.
No propone sustituir al mercado, sino hacerlo más dinámico; no pretende expandir indefinidamente el tamaño del Estado, sino fortalecer su capacidad para impulsar productividad, innovación y prosperidad compartida.
El Desarrollismo Democrático tampoco parte de cero. Recupera principios que la República Dominicana ya comenzó a construir mediante la Estrategia Nacional de Desarrollo y propone complementarlos con instrumentos modernos de política pública.
Algunas de esas ideas las he desarrollado en artículos anteriores: la creación de un Fondo Raíz Dominicana que transforme los recursos naturales no renovables en patrimonio permanente para las futuras generaciones; el fortalecimiento del BANDEX como verdadera banca nacional de desarrollo; la creación de fondos soberanos de garantía que faciliten el acceso al crédito de las MIPYMES; una política nacional de innovación que vincule la educación, la investigación y el aparato productivo; y una discusión fiscal que no se limite únicamente a cuánto recauda el Estado, sino que también evalúe cómo invierte, cómo planifica y cómo convierte cada peso público en mayor productividad y bienestar.
No son iniciativas aisladas. Forman parte de una misma visión de país. Todo ello debe descansar sobre instituciones más sólidas, una mayor autonomía técnica del sistema nacional de planificación, presupuestos plurianuales para los proyectos estratégicos, evaluación permanente de resultados y una participación activa de la academia, el sector privado y la sociedad civil. La transparencia y la rendición de cuentas no son elementos accesorios: son condiciones indispensables para evitar la captura política, la corrupción y la perpetuación de privilegios.
La verdadera planificación consiste en tomar decisiones inteligentes hoy para que cada año sea mejor que el anterior: más oportunidades, mejores servicios públicos, empresas más competitivas y empleos de mayor calidad.
Durante demasiado tiempo hemos discutido cuánto debe crecer el Estado o cuánto debe reducirse. Quizá llegó el momento de discutir algo más importante: qué Estado necesitamos para desarrollarnos.
Nuestra propuesta es construir un Estado más capaz y un mercado más productivo. Queremos una nación que nosotros mismos veamos crecer, disfrutemos y entreguemos fortalecida a quienes vendrán después.
Ese es, en esencia, el camino del Desarrollismo Democrático.
Y, sobre todo, una invitación a comenzar una conversación nacional sobre el país que todavía estamos a tiempo de construir.
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