La reciente exhortación del presidente de la República, Luis Abinader, a denunciar los actos de corrupción en la administración pública constituye una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la defensa de la institucionalidad democrática. Este llamado adquiere especial relevancia ante la celebración de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC 2026), que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 1 al 4 de diciembre de 2026.
Más allá de su dimensión política, la exhortación presidencial encuentra fundamento en nuestra Constitución. Denunciar la corrupción no constituye una concesión del gobernante, sino el ejercicio de un derecho ciudadano y una manifestación del deber constitucional de proteger el patrimonio público y fortalecer la democracia.
El artículo 22, numeral 5, de la Constitución dominicana reconoce expresamente, entre los derechos de ciudadanía, el de “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”. Esta disposición reconoce a los ciudadanos como sujetos activos en la vigilancia del ejercicio del poder público.
El constituyente comprendió que la democracia no puede reducirse a la participación electoral ni agotarse en la elección periódica de representantes. La ciudadanía también tiene derecho a observar, cuestionar, fiscalizar y denunciar las actuaciones de quienes administran los recursos del Estado.
Este reconocimiento encuentra su complemento en el artículo 75, numeral 12, que establece como deber fundamental velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. De esta manera, nuestra Constitución articula derechos y responsabilidades: mientras el artículo 22.5 reconoce la facultad de denunciar, el artículo 75.12 establece el compromiso ciudadano con la integridad institucional.
Ello no significa que toda sospecha genere automáticamente una obligación jurídica de presentar una denuncia penal, pues las obligaciones específicas dependen del caso en cuestión. Significa que la protección de lo público constituye una responsabilidad cívica que trasciende los intereses individuales.
Esta concepción se fortalece con el artículo 199 de la Constitución, que somete la administración local, además de la fiscalización estatal, al control social de la ciudadanía. Aunque referido específicamente a los gobiernos locales, expresa una concepción participativa del ejercicio democrático.
En el ámbito nacional, el artículo 246 establece que el control y la fiscalización del patrimonio, los ingresos, los gastos y el uso de los fondos públicos corresponden al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la sociedad, mediante los mecanismos establecidos legalmente y dentro de sus respectivas competencias.
De la interpretación de estas disposiciones emerge una conclusión fundamental: el control ciudadano constituye una garantía democrática y una expresión de la soberanía popular. Su ejercicio no depende de la voluntad de las autoridades ni de la afinidad política de quienes denuncian.
Sin embargo, el reconocimiento constitucional de este derecho no garantiza su ejercicio efectivo. Persisten obstáculos como el temor a represalias, la desconfianza institucional y el desconocimiento de los procedimientos. Por ello, la exhortación presidencial debe acompañarse de mecanismos accesibles, investigaciones independientes y protección efectiva para quienes denuncian de buena fe.
Al mismo tiempo, resulta indispensable preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. La denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme al ordenamiento jurídico.
Precisamente, el desafío consiste en transformar el reconocimiento constitucional del derecho a denunciar en una garantía efectiva de participación y control ciudadano. Esta reflexión adquiere especial significado ante la celebración de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC 2026), bajo el lema “Encendiendo el poder de la integridad”, que reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones sociales, universidades y medios de comunicación.
La coincidencia entre el llamado presidencial y este encuentro mundial permite vincular nuestro mandato constitucional con los compromisos internacionales de integridad pública. El derecho a denunciar y el deber de proteger el patrimonio colectivo encuentran en este escenario una oportunidad para reafirmar que la lucha contra la corrupción no corresponde exclusivamente al Estado, sino que exige una ciudadanía activa, informada y comprometida.
La conferencia abordará desafíos como los flujos financieros ilícitos, las amenazas a la democracia, las desigualdades y el impacto de las nuevas tecnologías en la prevención de prácticas corruptas. Sin embargo, estos problemas globales también deben examinarse desde la perspectiva ciudadana, reconociendo que ningún sistema de integridad puede alcanzar plenamente sus objetivos sin mecanismos confiables de denuncia y rendición de cuentas.
Su celebración en territorio dominicano debe trascender la dimensión protocolar y convertirse en una oportunidad para fortalecer la protección de los denunciantes, el acceso a la información pública, la independencia de los órganos de fiscalización y la aplicación efectiva de las consecuencias jurídicas correspondientes.
La corrupción no se limita a la apropiación indebida de recursos económicos. Sus consecuencias afectan los servicios públicos, debilitan la confianza institucional y profundizan las desigualdades sociales. Cada recurso desviado puede representar oportunidades perdidas para la educación, la salud y la protección social.
Desde esta perspectiva, denunciar la corrupción constituye también una forma de defender la justicia social y la igualdad, porque la integridad pública adquiere sentido cuando los recursos estatales se administran conforme al interés general y contribuyen al bienestar colectivo.
Las universidades, los medios de comunicación y las organizaciones sociales tienen una responsabilidad esencial en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes constitucionales. La alfabetización constitucional debe promover una cultura de legalidad, participación, transparencia y rechazo a la impunidad.
La verdadera trascendencia de la Conferencia Internacional Anticorrupción deberá medirse por su capacidad para convertir los compromisos internacionales en garantías nacionales efectivas, fortalecer los mecanismos de denuncia y consolidar una cultura de rendición de cuentas.
En definitiva, denunciar la corrupción es ejercer ciudadanía, defender el patrimonio colectivo y contribuir al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. La exhortación presidencial y la conferencia mundial convergen en una misma exigencia: que la integridad pública descanse en instituciones sólidas y en una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades.
Porque el patrimonio público pertenece a todos, su defensa también nos compromete a todos. Y una democracia se fortalece no solamente cuando sus autoridades rinden cuentas, sino cuando sus ciudadanos ejercen el derecho de exigirlas.
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