Democracia económica y justicia social (2) 

La democracia económica como característica de un sistema económico social se expresa en múltiples aspectos. Varios de ellos son:

• Acceso equitativo a las oportunidades económicas, en la que se incluye educación y salud de calidad sin privilegio, igualdad de acceso a las oportunidades de empleo digno, acceso a crédito, financiamiento, tecnología y mercado, y existencia de los espacios de oportunidades inclusivas para emprender, producir, comercializar y consumir.
• Reducidas brechas en la concentración del poder económico, por lo que debe predominar la inexistencia de monopolios dominantes, la competencia, el crecimiento de las pymes, las cooperativas y en donde sectores sin poder de negociación logran tenerlo.
• Diseño sin privilegios de la política pública, dominando el diálogo, las relaciones Estado, empresas, trabajadores y grupos sociales, presupuesto participativo, participación de los ciudadanos en las políticas de desarrollo y transparencia fiscal.
• Movilidad social real, protección social y reducción de las desigualdades extremas, expresada en mejoras de condiciones de vida, seguridad social, accesibilidad en la salud, sistema tributario justo, justicia fiscal, combate a la pobreza y la exclusión, entre otros.
• Desarrollo local enfocado a reducir brechas locales y regionales, consideradas y ejecutadas como prioridad, en donde la población está en capacidad y se le brinda la oportunidad de influir en el modelo de desarrollo que se desea.
• Desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social. Se trata de un desarrollo amigable con el medio ambiente y todos los recursos naturales, estabilidad social con brechas reducidas, dignidad humana, ninguna brecha de género, gobernanza ética, de oportunidades para acceder a empleo digno, educación, salud, seguridad social, democracia real y otros.

Indagando la posibilidad de disponer de un índice de democracia económica mediante apoyo de la inteligencia artificial se lograron importantes relaciones funcionales.

El primer apoyo consistió en una función general expresada de la forma siguiente:

IDE=f(Ig,In,Ms,Pe,Bc,Ci), donde Ig es igualdad y distribución económica, In es inclusión económica, Ms expresa la movilidad social, Pe es la participación económica y laboral, Bc expresa bienestar y capacidades y Ci es calidad institucional económica.

Dentro de las distintas fórmulas, la inteligencia artificial entregó una función titulada como jerárquica completa, consistente en lo siguiente:

IDE=f[f(Ig),f(In),f(Ms),f(Pe),f(Bc),f(Ci)]

En esta se propone que el índice aumenta si mejora la igualdad, aumenta la movilidad, crece la inclusión, mejora el bienestar, se fortalece la institucionalidad y se democratiza la participación económica. Por el contrario, el índice disminuye cuando aumenta la concentración, la exclusión, la pobreza, la captura institucional, la desigualdad extrema o baja movilidad social.

Según la misma herramienta y con base en informes publicados, el ránking de los países con mayor democracia económica son Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Países Bajos.

En la existencia de justicia social está la garantía de la dignidad humana, la equidad y todo lo relativo a participación social sin privilegio alguno. Por esto toca a las sociedades organizar su sistema institucional sustentado en una gobernanza ética donde la transparencia sea el camino para que los seres humanos se empoderen del aprovechamiento de las oportunidades, el ejercicio del derecho, el cumplimiento de los deberes y los recursos.

Como mínimo una sociedad de justicia social garantiza la igualdad de oportunidades, mínima desigualdad y exclusión, si es que se acepta su existencia, menores brechas en la distribución del ingreso según los distintos grupos poblacionales y clases sociales, derechos sociales universales para todos con las mismas oportunidades, respeto a la dignidad humana a toda costa, movilidad social, instituciones efectivas y relevantes, y eficiencia socioeconómica. Esta eficiencia se debe materializar en desarrollo humano, bienestar, institucionalidad, sostenibilidad y dominio del Estado de derecho.

Según las informaciones, los países con mayor justicia social son Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Islandia. En términos de economía holística, estos países integran adecuadamente los subsistemas económico/productivo, social/institucional y ecológico/biofísico.

La experiencia internacional demuestra que las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a experimentar mayores tensiones políticas, desconfianza institucional y polarización social. Cuando amplios sectores de la población perciben que el crecimiento económico no mejora sus condiciones de vida, la legitimidad democrática comienza a deteriorarse. Surgen entonces fenómenos de frustración colectiva, abstención electoral, radicalización política y debilitamiento del tejido social.

América Latina representa uno de los ejemplos más evidentes de esta contradicción histórica. La región ha logrado importantes períodos de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, pero continúa siendo una de las zonas más desiguales del mundo. En muchos países latinoamericanos conviven sectores altamente modernos y globalizados con amplias franjas de exclusión social, informalidad laboral y precariedad institucional.

Esta realidad genera una paradoja peligrosa: economías que crecen sin transformar estructuralmente las condiciones de vida de grandes segmentos de la población. El crecimiento económico, por sí solo, no garantiza justicia social ni fortalece automáticamente la democracia. De hecho, cuando el crecimiento se concentra excesivamente y no viene acompañado de movilidad social, puede incluso aumentar el malestar colectivo.

La democracia necesita algo más que estabilidad macroeconómica. Necesita legitimidad social. Y esa legitimidad depende, en gran medida, de la percepción ciudadana de que existen oportunidades relativamente equitativas y de que las instituciones funcionan para todos y no únicamente para grupos privilegiados.

Hoy observamos en muchas partes del mundo el avance de fenómenos preocupantes: desconfianza hacia los partidos políticos, cuestionamientos a las élites tradicionales, polarización extrema, populismos de distinta naturaleza y crecientes tensiones sociales. En numerosos casos, detrás de estos procesos subyace una percepción persistente de injusticia económica y exclusión social.