Del dato a la acción: institucionalizar la evidencia para fortalecer la gestión pública y el desarrollo

En las últimas décadas, la República Dominicana ha dado pasos firmes en el fortalecimiento de su capacidad para generar estadísticas y conocimiento sobre su realidad económica, social y ambiental. Hoy contamos con encuestas nacionales periódicas, indicadores de coyuntura, estudios sectoriales y reportes internacionales que nos permiten tener una lectura cada vez más precisa del país que somos y de los desafíos que enfrentamos.

Sin embargo, el reto no radica únicamente en producir información, sino en garantizar que los datos se conviertan en decisiones y que esas decisiones se traduzcan en bienestar tangible para la sociedad. La información, cuando se queda en informes o presentaciones, pierde su potencial transformador; lo que verdaderamente genera impacto es su capacidad de alimentar el ciclo completo de las políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

En este sentido, institucionalizar la evidencia no significa burocratizar la gestión, sino dotarla de una base técnica y transparente que sirva a todos los actores: al Estado en su rol planificador y regulador; al sector privado en sus decisiones de inversión; a la academia en su función analítica; y a la sociedad civil en su papel de veeduría y construcción de propuestas.

La institucionalización de la evidencia implica crear una cultura de decisión basada en hechos con la integración del uso de estadísticas en los procesos cotidianos de diseño de programas, asignación de recursos y evaluación de resultados, no solo de su generación y acumulación. Esto requiere desarrollar marcos basados en mecanismos estables, estructuras permanentes y voluntad de colaboración entre instituciones.

Nuestra región ofrece ejemplos valiosos de cómo la evidencia puede convertirse en un activo público: en Chile, las evaluaciones de desempeño realizadas por la Dirección de Presupuestos permiten priorizar programas con mayor impacto. En Costa Rica, los ministerios incorporan unidades de análisis que acompañan directamente a los equipos de alto nivel, ayudando a traducir la información en acciones concretas. Y en Colombia, el sistema de datos abiertos ha democratizado el acceso a información pública, fortaleciendo la confianza entre gobierno y ciudadanía.

República Dominicana puede avanzar en esa dirección, basta ver los esfuerzos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Banco Central y los ministerios sectoriales que constituyen una base sólida para construir un ecosistema de evidencia donde la información circule de manera fluida y útil. Consolidar este ecosistema requerirá la creación de un marco institucional de gobernanza de datos, estructuras metodológicas, interoperabilidad entre bases de datos, capacitación técnica continua, incentivos al uso de la evidencia en la gestión pública y la promoción de alianzas entre el sector público, la academia y organismos internacionales.

El enfoque debe ser de co-construcción institucional. Los observatorios sectoriales, los comités de seguimiento y los sistemas de evaluación pueden convertirse en espacios donde los distintos actores compartan datos, validen hallazgos y formulen propuestas conjuntas. La evidencia, en este sentido, deja de ser un recurso técnico exclusivo y se convierte en un lenguaje común para dialogar sobre el desarrollo.

Desde una perspectiva económica, este proceso tiene efectos multiplicadores. Las políticas basadas en evidencia tienden a optimizar los recursos, reducir los márgenes de error y aumentar la eficiencia del gasto público. Por ejemplo, estudios del Banco Mundial estiman que los países que integran mecanismos de evaluación en el diseño de políticas logran incrementos de hasta 25 % en la efectividad de sus programas sociales. En el ámbito de infraestructura, los modelos de planificación apoyados en datos de movilidad reducen los costos de inversión mal dirigida. Y en salud, la inversión en prevención guiada por evidencia puede disminuir el gasto hospitalario hasta en un 40 %.

En términos más amplios, institucionalizar la evidencia contribuye también al fortalecimiento de la gobernanza democrática. Un Estado que decide con base en información transparente genera confianza; y una ciudadanía que tiene acceso a esa información se empodera para participar de manera más informada. Se trata, en última instancia, de una relación de doble vía, donde la información pública se convierte en un bien colectivo que mejora la calidad del diálogo social.

La sostenibilidad de las políticas públicas no depende solo de los recursos o de los liderazgos, sino de su capacidad para aprender y adaptarse. Cuando las decisiones se sustentan en datos verificables y mecanismos de seguimiento, las políticas trascienden los ciclos de gobierno y se convierten en apuestas de Estado. En ese sentido, la evidencia no reemplaza la visión política, sino que la enriquece: le aporta racionalidad, continuidad y capacidad de ajuste.

En el caso dominicano, ya existe un conjunto de avances significativos como el Sistema Estadístico Nacional que ha mejorado la calidad y frecuencia de la información; el Banco Central publica informes detallados sobre desempeño macroeconómico; y diversas instituciones están incorporando indicadores de gestión y monitoreo. El siguiente paso es articular estos esfuerzos bajo un marco institucional común, que permita que la evidencia fluya de manera más ágil y útil para la toma de decisiones.

Una visión integral de este tipo implica también reconocer la evidencia como una inversión estratégica creando un sistema que multiplique el valor de cada dato recolectado. Desde esta óptica, el conocimiento se convierte en un insumo productivo: ayuda a focalizar políticas, priorizar recursos y medir resultados con mayor precisión.

Finalmente, avanzar hacia una cultura de la evidencia requiere también de un componente humano: la disposición al aprendizaje continuo y al trabajo colaborativo. Institucionalizar la evidencia no es solo un proceso técnico, sino también cultural que supone cambiar la manera en que concebimos la gestión, pasar de la lógica del informe a la del impacto, de la descripción a la acción.

Los datos son el punto de partida, pero su valor real surge cuando se convierten en decisiones, y esas decisiones en transformaciones que mejoran la vida de las personas. Institucionalizar la evidencia no es un fin en sí mismo, sino una forma de asegurar que cada acción se sustente en conocimiento, transparencia y propósito compartido.