El sector eléctrico ha demostrado ser fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas. A pesar de la alta dependencia que ha tenido la humanidad en este sector desde hace ya más de un siglo, el constante crecimiento de la demanda eléctrica lo ha consolidado como un desafío permanente. Esto crea la necesidad de políticas públicas que mantengan el mayor nivel de eficiencia dentro del mismo y que puedan elevar continuamente la competitividad y productividad en todos los sectores de cada país.
De manejarse un sector tan complejo de manera errada o fraudulenta, automáticamente se le resta calidad de vida a los ciudadanos, se les resta competitividad a las empresas, y de manera resumida se le resta potencial de desarrollo a la economía. Esta problemática puede producirse de manera directa, a través de apagones y altas facturas, o de manera indirecta, agotando ampliamente los recursos públicos de cada nación.
En el caso de la República Dominicana, a la medida que el país aún sufre de ocasionales apagones, también sufre de ver altas cantidades de sus recursos comprometidos a palear las deficiencias eléctricas del país. Según el Ministerio de Energía y Minas, durante los últimos 10 años, el país ha perdido cada año en promedio el 35% de la energía comprada para distribución por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES). Más recientemente, durante el periodo enero-octubre 2024, obtuvieron pérdidas acumuladas del 42% del total de energía comprada, provocando un déficit equivalente a 923 millones de dólares. De este elevado monto, el 91% se ve explicado por perdidas relacionadas con fraudes a través de conexiones ilegales y por perdidas técnicas
Debido a la absoluta insostenibilidad financiera bajo la cual operan las EDES, el gobierno central se ve obligado cada año a cubrirles a través de transferencias tanto el déficit en sus operaciones como los demás costos que como institución puedan tener. Según la DIGEPRES, solo durante el periodo enero-octubre de 2024, este monto fue equivalente a 1,272 millones de dólares, equivalentes al 1.4% del PIB acumulado hasta ese mes. Este elevado monto compromete enormemente al estado, y limita inversión en aspectos importantes de la vida nacional, como las muchas infraestructuras que necesita el país.
Si comparamos esta cifra con el costo de algunas de las obras de infraestructura que ejecuta actualmente el estado, se hace evidente que el país pierde grandes oportunidades debido a los desafíos estructurales del sector eléctrico. Por ejemplo, la solución vial que se ejecuta en la avenida República de Colombia tiene un costo estimado de 108 millones de dólares, lo que equivale tan solo al 8% del total de las transferencias realizadas a las EDES durante los primeros 10 meses de 2024. Por su parte, la vía expresa que conecta la Plaza de la Bandera con la avenida Isabel Aguiar representa tan solo un 12% de dichas transferencias. Otros proyectos de alto impacto que han sido postergados por falta de financiamiento como por ejemplo la Autopista del Ámbar podrían financiarse con el 31% de lo que le otorgó el estado a las EDES en un periodo de 10 meses.
Es evidente que el elevado nivel de déficit eléctrico eleva desproporcionadamente el gasto improductivo de un gobierno dominicano que se encuentra ya afectado por una baja presión fiscal. Una infraestructura adecuada es parte importante de la habilidad que pueda tener un país para garantizar servicios eficientes, atraer inversiones, fomentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, para lograr un crecimiento económico sólido a largo plazo, el Estado debe encontrar soluciones efectivas para enfrentar este desafío y redirigir estos recursos hacia el desarrollo de proyectos de inversión que fortalezcan las capacidades del país.
Compartir esta nota