De la responsabilidad colectiva a la prevención salvavidas

"Una onza de prevención vale una libra de cura." – Benjamín Franklin.

 Sin duda, es necesario profundizar en la tragedia del derrumbe ocurrido recientemente en la discoteca Jet Set. Este doloroso y conmovedor evento nos presenta claramente una cadena de responsabilidades que no debemos pasar por alto.

Primero, están los propietarios y ejecutivos del establecimiento, quienes aparentemente ignoraron múltiples señales que advertían problemas estructurales en el techo. Hoy, no existen evidencias que muestren la gestión formal de solicitudes dirigidas a empresas privadas especializadas o a las autoridades competentes para realizar una evaluación técnica exhaustiva, medida provisoria que seguramente hubiera evitado la tragedia.

En segundo término, en primera línea de importancia, está el Estado, cuyos distintos organismos relacionados con el tema están compelidos legalmente a supervisar y garantizar la seguridad integral de las infraestructuras civiles, sociales, tecnológicas, ecológicas y recreativas del país. Estas instituciones tienen también la responsabilidad fundamental de monitorear la interdependencia, frecuentemente invisible pero crítica, que existe entre todas estas estructuras, a fin de prevenir desastres de consecuencias catastróficas.

Finalmente, recordemos que como ciudadanos poseemos derechos, pero también la obligación ineludible de exigir a las autoridades el cumplimiento riguroso de leyes, reglamentos y decretos destinados a garantizar la protección de la vida y la propiedad. En este sentido, evocamos una reflexión profunda de Máximo Gorky, quien afirmó esencialmente que gracias a la indiferencia existen en el mundo la traición y el homicidio. Esta reflexión también aplica a la indiferencia frente a las causas que finalmente explican los accidentes, eventos catastróficos y crímenes y maltratos contra las mujeres y la infancia.

En cuanto al Estado, para cumplir sus labores preventivas y de análisis de riesgos estructurales, necesita urgentemente fortalecer un cuerpo regulador altamente especializado en ciencias ingenieriles y disciplinas relacionadas, debidamente financiado y equipado con recursos tecnológicos avanzados. Se requiere establecer oficinas técnicas distribuidas estratégicamente en el territorio nacional, capaces de realizar evaluaciones profundas sobre confiabilidad estructural, incluyendo rigurosos análisis de resistencia sísmica, valiéndose de herramientas modernas y modelos matemáticos avanzados.

Aunque pueda parecer una digresión, es necesario destacar que más allá de los colapsos ocurridos debido a la negligencia en la supervisión y la ausencia de controles apropiados —como en el caso Jet Set—, existe un riesgo latente de eventos catastróficos aún más severos que pueden ser causados por fenómenos naturales impredecibles, como terremotos de alta magnitud, medidos por la histórica Escala de Richter. No olvidemos que nuestra isla se encuentra atravesada por un sistema de 14 fallas geológicas activas, distribuidas tanto en el territorio firme como en áreas marítimas circundantes.

En este contexto, se torna indispensable aplicar estrictamente el Reglamento vigente para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (MOPC, 2011), no solo a nuevas construcciones sino también a edificaciones existentes y en fase de planificación. Este es un llamado antiguo que reiteramos con firmeza (véase: El Dinero, Sismos, escuelas, incumplimientos y retos, febrero de 2019).

A raíz del colapso del Jet Set y otras tragedias similares ocurridas en el pasado, resulta imperativo implementar evaluaciones integrales permanentes sobre seguridad estructural y riesgos asociados. Estas evaluaciones deben simular respuestas ante posibles peligros, ya sean naturales o inducidos por el ser humano, durante todo el ciclo de vida útil de las infraestructuras. No puede tratarse solo de ejercicios académicos o técnicos; sus resultados deben traducirse en acciones concretas, oportunas y efectivas. Es ahora cuando debemos actuar. Los lamentos y lágrimas posteriores a los hechos consumados, por sinceros y sentidos que sean, nunca devuelven las vidas perdidas ni alivian el sufrimiento de los sobrevivientes.

Abundan videos y opiniones diversas procedentes de expertos legítimos y, como era de esperar en este siglo de las redes de idiotas, de los llamados influencers, una masa creciente de literales ignorantes y expertos improvisados que aprovechan la conmoción nacional para ganar notoriedad mediante argumentos falsos, como la supuesta inexistencia de regulaciones o de organismos competentes en seguridad estructural. Esto es completamente inexacto.

En relación con lo anterior, somos de la opinión que este país parece saturado de normativas, y son pocos los ámbitos del quehacer social, económico y tecnológico que no estén regulados de alguna manera. Sin embargo, respetamos la propuesta del señor presidente de considerar un proyecto de ley de emergencia para certificar rigurosamente el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos correspondientes, así como la evaluación competente de los riesgos asociados, involucrando efectivamente a los principales actores intervinientes. Antes, resulta indispensable llevar a cabo una evaluación profunda y detallada del marco normativo e institucional actual, tarea que pretendemos iniciar en las próximas entregas.