Cuando el Ministerio quiere hacerlo todo

La concentración de funciones también tiene otra consecuencia menos visible: la fragilidad de la continuidad de las políticas educativas. En un sistema donde las decisiones estratégicas dependen excesivamente del nivel central, cada nueva gestión puede modificar, prioridades construidas durante años, aun cuando hayan sido producto de amplios procesos de consultas.

La experiencia dominicana ofrece ejemplos que invitan a la reflexión. El último Plan Decenal de Educación Horizonte 2024-2034 fue el resultado de un amplio diagnostico nacional, desarrollado mediante diez mesas temáticas de trabajo, múltiples consultas con miles de actores de sistema educativo, sin embargo, gran parte de esa construcción colectiva termino siendo desplazada por una Hoja de Ruta concebida para un horizonte de apenas tres años. Mas allá del valor que pueda tener este nuevo instrumento, la pregunta es si un proceso de participación nacional puede ser sustituido sin una evaluación publica que justifique ese cambio.

Algo similar ocurrió con la Formación en Moral y Cívica, durante años se promovió como un eje transversal que debía desarrollarse desde todas las áreas del currículo, bajo el principio de que los valores se construyen de manera permanente en la vida escolar, posteriormente paso a organizarse como una carga horaria de una hora a la semana y en otros casos de una hora cada dos semanas. Independientemente de cuál modelo resulte más conveniente, una decisión de esa magnitud debió sustentarse en evidencias, evaluaciones y consenso institucional, mas que en la voluntad de una gestión determinada.

El mismo debate puede plantearse sobre el enfoque STEM, durante el periodo 2024-2025 fue presentado como una prioridad para fortalecer el pensamiento científico, tecnológico y la innovación, pero al año siguiente perdió protagonismo frente a otras prioridades, como las guías didácticas, sin que se conociera una evaluación publica sobre los resultados alcanzados o las razones técnicas que justificaran el cambio de rumbo. Cuando las prioridades cambian sin procesos sistemáticos de evaluación, el sistema corre el riesgo de sustituir políticas antes de conocer realmente su impacto.

La educación necesita capacidad de innovar, pero también necesita memoria institucional. Ningún sistema educativo logra transformaciones sostenibles si cada nueva gestión redefine las prioridades sin evaluar rigurosamente lo construido por la anterior. La continuidad no significa inmovilismo, significa que los cambios respondan a la evidencia al interés nacional y no únicamente a las dinámicas propias de la gestión del ministro de turno.